El chavismo cambió fidelidad por Esequibo y ha llegado la factura

Chávez cambió su postura con respecto a la reclamación en 2004 bajo preceptos ideológicos. Después de esto, Maduro continuó una política entreguista, que luego modificó por la premura electoral de 2015. Un lustro más tarde, su ministerio de Exteriores opta por no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de la pugna territorial con Guyana por el Esequibo. Pero una decisión de esa instancia es inminente

Guyana le viene mostrando los dientes a Venezuela desde hace dos décadas. Con la llegada de Hugo Chávez a Miraflores, el vecino país cambió radicalmente su postura sobre el Esequibo, hasta entonces de respeto a la zona en reclamación y al mecanismo del Buen Oficiante de la ONU por la disputa territorial, vigente desde 1987.

Antes, el gobierno venezolano en 1966 firmó el Acuerdo de Ginebra -que ahora Guyana no considera válido- y hasta propuso un desarrollo conjunto del Esequibo que no logró acuerdo. Pero apenas en 1999, con nuevo Presidente en Caracas, Guyana ofrece los dos primeros bloques petroleros en la fachada atlántica venezolana: el Pomeroon, concedido a la trasnacional CGX y Stabroek a Exxon. El acuerdo es reclamado el 13 de julio de ese año por el gobierno de Chávez, y las concesiones quedan congeladas hasta nuevo aviso.

Cuando en 2000 Guyana anunció que instalaría allí una base de lanzamiento de cohetes, el gobierno venezolano reclamó y el asunto no se concretó porque la empresa concesionaria quebró. Pero fue en 2004 cuando todo cambió: el proyecto continental de Chávez priorizaba fidelidad a soberanía.

La Comisión de Geología y Minas de Guyana admite que desde 2005 la producción de oro es la principal generadora de ingresos externos de ese país, que explota al menos seis yacimientos en la zona en reclamación, donde también extraen bauxita y diamantes.

El documento oficial (en nre.gov.gy) indica que en 2012 las petroleras Shell, Esso, Repsol y CGX realizaron exploraciones fallidas en aguas profundas, y se reanudaron las labores de exploración de la Exxon Mobil en la fachada Atlántica de Delta Amacuro. En mayo de 2015 la compañía descubrió un yacimiento de petróleo económicamente viable, punto de partida de la crisis vigente.

Un gran viraje

Luego del golpe de Estado de 2002 y a las puertas de enfrentar un Revocatorio, en febrero 2004 Hugo Chávez viaja a Guyana en visita oficial y allá declara que «el Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área».

A esa frase se agregó una más grave: «El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países». No hay que olvidar que en 2005 nace Petrocaribe, con Guyana como miembro.

La razón del cambio de postura tendría una raíz ideológica y habría estado tutelada por Cuba, que desde 1981 reconoce como guyanés todo el territorio Esequibo. En aquel año, La Habana dijo que el reclamo venezolano era «expansionista».

Según la psicóloga social Colette Capriles, en su trabajo La Enciclopedia del Chavismo o hacia una teología del populismo (2006), es en el año 2003 cuando el Gobierno de Chávez «atraviesa un umbral ideológico fundamental… recurriendo regresivamente, cada vez más, al diccionario revolucionario de la izquierda tradicional».

En 2007, Guyana asumió la nueva postura de Venezuela. Mientras Chávez decía en Caracas que el país «inició la reclamación del Esequibo por presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan”, el embajador guyanés en la capital venezolana, Odeen Ishmael, declaró que «la confraternidad entre dos países socialistas implica abandonar el contencioso fronterizo, dado que los hermanos están llamados a vivir en paz». Ese año, el entonces canciller Elías Jaua también se trasladó a Guyana para «disculparse» por la incursión de soldados venezolanos en el territorio en reclamación.

Entonces, Pdvsa rompía relaciones con Exxon Mobil y ésta se aprestaba a reiniciar sus acuerdos con Guyana, como efectivamente ocurrió en 2009, cuando, además, esa nación solicitó ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental una extensión de la suya más allá de las 250 millas (porque «no hay disputa en la región») -que todavía está pendiente de resolverse.

Ese año, el entonces canciller Nicolás Maduro recibió un delicado informe del embajador venezolano en Guyana, Darío Morandi, que informaba que las acciones de ese país «le cerraría a Venezuela su salida al Atlántico, lo cual  sería estratégicamente inconveniente, además de los perjuicios económicos que representaría para nuestro país perder el acceso a los recursos marítimos y petroleros”.

La respuesta oficial llegó tres años más tarde, el 9 de marzo de 2012, cuando el gobierno de Chávez envía una carta al Secretario General de la ONU para pronunciarse sobre una nueva solicitud guyanesa de ampliar su plataforma continental a 350 millas. Entretanto, ese año se presupuestó un plan para delimitar el territorio nacional que fijaba frontera con Guyana sin tomar en cuenta la reclamación.

El heredero

Nicolás Maduro ya era Presidente cuando visitó Guyana en agosto de 2013. Recién confirmadas las concesiones petroleras otorgadas a las transnacionales frente a la zona en reclamación, el mandatario venezolano ni mencionó el asunto en su discurso ni en el comunicado final. Un silencio que Guyana luego supo aprovechar para declarar que Venezuela no ha mostrado interés en preservar el territorio.

Es más, en Georgetown Maduro dijo que el Acuerdo de Ginebra fue entre «el viejo imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática en Venezuela» como parte de una campaña «de preparación psicológica, a través del desprecio, el racismo, para invadir Guyana».

Ahora desde el PSUV se muestra soberanistas y hasta reclaman a quienes no usen el mapa con las rayitas de la zona en reclamación, algo que -por cierto- han hecho tanto Chávez como «su hijo» en transmisiones televisadas.

Entre Wikileaks y Últimas Noticias

“En la más reciente discusión de alto nivel de la materia a raíz, de la visita a Georgetown en febrero de 2004, el presidente (Bharrat) Jagdeo le dijo a oficiales de la embajada que Chávez calificó el reclamo del Esequibo como espurio y dijo que la disputa era un asunto imperialista, impulsado por la presión de los Estados Unidos y el Reino Unido en el periodo previo a la independencia de Guyana para que Venezuela persistiera del reclamo”.

Este es parte del contenido de un informe firmado por el embajador de EEUU en Guyana en 2004, hecho público por Wikileaks y recogido por El Nacional el 7 de septiembre de 2011, y ante el cual el gobierno venezolano no reaccionó formalmente.

En 2014, el director del diario oficialista Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, censuró el trabajo del periodista Odell López, titulado Reclamación de Guayana Esequiba “no ve luz”. La pauta fue asignada al reportero a mediados de junio por los jefes de la redacción, pero el texto no fue publicado porque, según Díaz Rangel le dijo a Odell López, “el Gobierno no tiene interés en mover ese tema”, reseña la ONG Espacio Público.

En 2015 ese interés volvió a cambiar, de cara a la campaña electoral para las parlamentarias. En julio de ese año, Maduro se presentó ante el parlamento aún controlado por el PSUV y anunció la conformación de una comisión en la que participarán funcionarios de diferentes entes del Estado venezolano para ocuparse del tema del Esequibo. Habló con inusual amplitud, y hasta reconoció las gestiones hechas por los ministros de Relaciones Exteriores de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera.

Cuando le tocaba enumerar lo realizado en «revolución» dijo sentir dolor de garganta y apenas enunció que había acordado el nombramiento del mediador. Tuvieron que hacerlo en tres oportunidades, pues dos de ellos habían fallecido mientras ejercían esa función. Él, que fue Canciller durante seis años, no tuvo mucho más gestión que mostrar al respecto.

A la Corte

En enero de 2018, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anunció que ante la falta de avances en materia territorial entre ambas naciones, dejaría en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la solución a la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. “El secretario general ha analizado detenidamente lo acontecido en el transcurso de 2017 en el proceso de buenos oficios y ha llegado a la conclusión que no se ha alcanzado progreso significativo”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Como resultado, al seguir la recomendación que había hecho su antecesor, Ban Ki-moon, Guterres “ha escogido a la Corte Internacional de Justicia como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia”. En el Acuerdo de Ginebra, los dos países dieron al secretario general de la ONU la responsabilidad de elegir un medio para la resolución pacífica de la cuestión y la posibilidad de, si este no tenía éxito, buscar otra vía.

La respuesta de Miraflores fue aferrarse al Acuerdo de Ginebra, como también lo hizo la Asamblea Nacional. El diputado William Dávila decía, al comenzar febrero de 2018, que era inoportuno que la Corte Internacional de Justicia tratara ese tema “porque es una controversia territorial. Venezuela no acepta las posiciones que ha tomado el secretario general de la ONU porque simplemente no está dentro del contexto histórico que ha tenido, que es el Acuerdo de Ginebra”.

En marzo, la calcillería de Maduro propuso a Guyana reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución satisfactoria sobre la controversia del territorio Esequibo, pero Georgetown no mostraba interés en volver a mecanismos de consenso. El 29 de marzo de ese año, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia la confirmación de que el laudo arbitral de 1899 (donde se resuelve la disputa sobre el Esequibo en favor de la vecina nación) es legal, válido y vinculante.

Ahora el 30 de junio 2020 será la audiencia en la Corte Internacional de Justicia, una a la que el régimen de Maduro ha decidido ni siquiera asistir, calificándola como «insólita e irregular», pues no reconoce su jurisdicción.