Explotación juvenil: condición de una generación sin acceso al trabajo decente
La falta de oportunidades de trabajo y la distorsión económica del país ha suscitado una realidad paupérrima para los jóvenes, quienes en un intento por satisfacer sus necesidades básicas, terminan volviéndose esclavos de sus empleadores
Texto: Francesca Díaz / Correo del Caroní
Jessica López llega a su trabajo a las 8:00 de la mañana, su día apenas comienza, ya que su turno termina 11 horas después, a las 7:30 de la noche. Esta jornada transcurre en un cubículo pequeño, donde vende teléfonos de última generación que busca encarecidamente envolver con algún forro o accesorio, ventas por las cuales gana comisión. Ordenar repisas, limpiar los espacios u ordenar el inventario: son algunas de las actividades con las que se entretiene para esperar a las 12:00 del mediodía cuando solo cuenta con 30 minutos para almorzar.
La adolescente de 18 años laboró por 6 meses en este comercio de propietarios árabes. Confiesa que debía estirar los 10 dólares semanales que percibía en pasajes, comida y, si le quedaba algo, artículos de aseo personal. Casi nunca le quedaba.
No firmó contrato, tampoco se le entregaban facturas de los pagos y, aunado a ello, tampoco recibió el pago de alguna retribución -lo que bajo contrato son prestaciones sociales-, luego de finalizar la relación laboral, pese a que asistió varias veces al local para conversar con la administradora, quien finalmente le confesó que no había orden de pagarle su liquidación.
Era inexperta, no conocía de leyes. Lo acepté para poder comprarme mis cosas. Al tiempo mis papás ya no podían mantenerme. Querían meterme más horas y cada vez el sueldo era menos. Renuncié, rememora.
Este no es un caso aislado, de hecho, decenas de jóvenes residenciados en Puerto Ordaz están en la misma situación. Al obtener sus primeros trabajos no tienen idea sobre beneficios laborales y la distorsión económica que mantiene la inflación en Venezuela les impide acceder a buenos empleos. ¿Estudiar? No es una opción mientras “la nevera esté vacía”.
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Pese a la presunta recuperación económica del país que muchos juran cierta por ver anaqueles llenos de productos y la dolarización de facto, el desabastecimiento del 2016 se ha transfigurado, tres años después, en una ola de bodegones y productos importados a los que puede acceder solo un pequeño porcentaje de la población.
Lo que los expertos han llamado “burbuja económica” se traduce en una serie de beneficios que solo un grupo puede costear, en contraste, la población juvenil sigue siendo una de las más vulnerables debido a las pocas oportunidades laborales que se ofrecen en el país.
El popular “Venezuela se está arreglando” carga a cuestas con precios exorbitantes, oportunidades de empleo mal remuneradas y un sector empresarial que rema contra la corriente, mientras se ve obligado a trabajar a media máquina.
Según la Encuesta Nacional sobre la Juventud (Enjuve) del año 2021, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la población inscrita en centros educativos ha retrocedido con respecto a años anteriores, especialmente en grupos de 18 a 24 años. Solo 15% de la población masculina está estudiando, mientras que 20% de las mujeres jóvenes están inscritas en centros educativos.
Esto, según el rector de la UCAB, Arturo Peraza, se debe a la necesidad imperiosa que tienen las personas en estos rangos de edades de ingresar al mundo laboral, debido a que estudiar una carrera resulta una meta que conlleva demasiado tiempo, en un contexto en el que es necesario trabajar para sobrevivir.
En su mayoría, los jóvenes optan por un trabajo sin contratos ni legalidad. Esta situación cercena sus oportunidades de tener seguridad social y los deja desamparados ante cualquier situación de abuso, toda vez que sus labores no están reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
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La incompetencia del Estado venezolano para supervisar las relaciones laborales existentes en el país ha generado patrones de explotación laboral contra la población joven, que desconoce las normativas y no recibe orientación acerca de las mismas como parte de su formación académica.
La abogada y especialista en derechos humanos, Eumelis Moya, a través de su labor en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, catalogó los trabajos que incumplen con los parámetros legales como explotación laboral: una forma de esclavitud moderna en la cual el individuo cae en una dinámica de la cual no puede salir, ya sea por presión, amenazas, violencia o necesidad.
Durante 2021, Moya publicó un informe titulado De lo laboral a lo sexual: formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar que diserta el fraude laboral, la trata de personas y los conceptos de esclavitud que se manejan bajo los parámetros modernos.
La explotación laboral es una forma de esclavitud. Cuando a la persona se le niegan las condiciones mínimas de trabajo, es decir, un salario que le permita adquirir los bienes e insumos que necesitas para vivir es violatorio de los derechos de las personas, explicó Moya para Correo del Caroní.
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