Exterminio en Falcón, por Teodoro Petkoff
Nuevamente el país es estremecido por la brutal noticia del asesinato de jóvenes, aparentemente producido por policías. En Falcón reaparece la siniestra figura de los grupos de “exterminio”. Cinco muchachos fueron masacrados por matones incrustados en los cuerpos policiales. Otra vez se anuncia una investigación “hasta las últimas consecuencias” y “caiga quien caiga”. ¡Esa canción la hemos oído tantas veces! Las inefables “últimas consecuencias” son siempre las de la impunidad de los acusados. ¿En que terminó la investigación sobre los crímenes cometidos por la policía de Guárico? Mucha bulla y ninguna nuez. ¿Qué fue del juicio a los policías del primer grupo de “exterminio” detectado, el de Portuguesa? También terminó en la libertad de los indiciados.
¿Qué fue de la investigación abierta en Anzoátegui? No paró en nada. ¿Cuántos policías hay presos en Aragua, el estado tal vez con el peor registro en asesinatos policiales? Ninguno. Los asesinos actúan a cara descubierta, existen testigos de los crímenes y, sin embargo, jamás se produce una sentencia condenatoria. La impunidad absoluta protege a estos criminales de Estado.
¿Criminales de Estado? Sí. La actuación de estos grupos de “exterminio”, que no es reciente pero que durante los últimos años ha adquirido carácter de epidemia, está asociada a una concepción no escrita, y sólo comentada en voz baja dentro de los cuarteles policiales, de que la lucha contra la delincuencia pasa por el ajusticiamiento de presuntos o verdaderos hampones. El Estado y el Gobierno se hacen los locos frente a estas actuaciones y sólo cuando el escándalo rebasa toda frontera, como en el caso Kennedy, se le presta atención. De resto, se deja hacer. Puesto que los “justicieros” tienen carta blanca y son a la vez jueces y verdugos, y deciden por sí y ante sí quiénes deben ser pasados por las armas, el resultado ha sido una orgía de sangre en la cual han caído presuntos delincuentes y otras personas, jóvenes por lo general, que nada tienen que ver con el delito. Más de 5 mil asesinatos de esta índole han ocurrido durante los últimos cinco años. La tolerancia oficial frente a los grupos de “exterminio” conduce inexorablemente a la descomposición de los cuerpos policiales, a la putrefacción de los valores éticos y morales de que debe suponérseles imbuidos en tanto que servidores públicos, y a su transformación en cuerpos delictivos mucho peores y más perniciosos que las pandillas hamponiles comunes.
Una policía que procede al margen de la ley, violentando códigos y ordenanzas, es un peligro para la sociedad. Y tanto más peligrosa se torna cuanto que el fracaso gubernamental en disminuir la crisis social derivada del desempleo y el subempleo informal, con su consecuencial expansión de la inseguridad personal, lleva a una parte de la gente a asumir con indiferencia, cuando no con aprobación, los episodios de exterminio. La conclusión es impepinable: no existe una verdadera política de seguridad pública. Este gobierno no sabe qué hacer para garantizar la seguridad de los venezolanos. Las policías, los tribunales y las cárceles son un desastre. ¿Cómo extrañarnos de que nuestros índices de criminalidad sean de los más altos del mundo?
