ExxonMobil demanda a Unión Cuba-Petróleo y Cimex por bienes confiscados
ExxonMobil solicita al juez una “indemnización compensatoria” por 71,6 millones de dólares y que se le conceda un interés “a una tasa del 6% anual desde el 1 de julio de 1960”
ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, presentó una demanda contra la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y la Corporación Cimex por los bienes confiscados en Cuba, convirtiéndose en la tercera empresa norteamericana. en acudir a la justicia tras la activación del Título III de la ley Helms-Burton.
La demanda fue presentada esta semana por la petrolera con sede en Irving (Texas) ante una corte del Distrito de Columbia, informó el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.
En la acción judicial, ExxonMobil demanda al grupo empresarial estatal Cimex, que opera una amplia red de tiendas, cafeterías y centros comerciales, y a Cupet, la empresa que controla el sector energético de la isla, por “tráfico ilegal de propiedades” que le fueron confiscadas por el “régimen de Fidel Castro en 1960”.
Las propiedades, según el documento, incluyen refinerías de petróleo y estaciones de servicio, que “todavía están en uso a pesar de que el demandante nunca ha recibido alguna compensación”
ExxonMobil solicita al juez una “indemnización compensatoria” por 71,6 millones de dólares y que se le conceda un interés “a una tasa del 6% anual desde el 1 de julio de 1960”.
Los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución comunista podrán demandar en tribunales de EEUU a cualquier empresa que se beneficie de ellas por la activación del Título III de la ley Helms-Burton de 1996.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido en diversas ocasiones de que iba a dar este paso sin precedentes por parte de Washington, aunque había mantenido la intriga con diversas prórrogas a la suspensión del Título III.
Finalmente, el pasado 17 de abril anunció la inminente activación de los Títulos III y IV (este último impide la entrada a EEUU de los demandados por el anterior), suspendidos desde su promulgación por el rechazo de la Unión Europea (UE) y otros países cuyas compañías pudieran verse afectadas.
También dos estadounidenses de origen cubano presentaron en Miami, Florida, sendas demandas contra la empresa de cruceros Carnival.