Facción de Guaidó insiste en que no se prestarán para una «farsa» electoral
La oposición no puede mendigar al oficialismo para que estos generen condiciones y consideró que el gobierno de Nicolás Maduro se «burla» de los procesos de negociación, dijo Guaidó
Diputados de la Asamblea Nacional, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil que respaldan al presidente del parlamento y mandatario interino, Juan Guaidó, insisten en que no participarán en las elecciones parlamentarias para validar lo que consideran una «farsa electoral».
En un Foro emitido vía Zoom, los parlamentarios Ángel Medina, presidente de la Comisión Electoral, Piero Maroun y Olivia Lozano, miembros del Comité de Postulaciones Electorales; el experto electoral Jesús González, el periodista especializado en comicios, Eugenio Martínez y el propio Guaidó ofrecieron sus opiniones sobre el panorama electoral de 2019, con José Luis Cartaya como moderador.
Durante su participación, Guaidó enfatizó que la dirigencia opositora no se prestará para participar en unas elecciones parlamentarias que «ratifiquen» a la dictadura. En su lugar, sostuvo que el deber es luchar por las condiciones para celebrar elecciones libres, transparentes y verificables.
«Nadie va convalidar una farsa electoral, ni una dictadura, cuando no hay elementos de convicción que sea un mecanismo real para disputar el poder, poder para poder transformar y entender la emergencia, solucionar crisis y respetar las garantías constitucionales de todos los factores. Por eso pedimos condiciones para los venezolanos que puedan elegir», destacó.
En este sentido, aclaró que la oposición no puede mendigar al oficialismo para que estos generen condiciones y consideró que el gobierno de Nicolás Maduro se «burla» de los procesos de negociación, como demostró al declarar omisión inconstitucional sobre la AN después de acordar incorporar a la bancada chavista al Parlamento para que el Comité de Postulaciones Electorales se encargara de renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ángel Medina, por su parte, recordó que durante unos seis meses se constituyó progresivamente la ruta para la renovación del Poder Electoral, un proceso que fue interrumpido en marzo debido a la pandemia y que fue descartado por el Tribunal Supremo de Justicia tras sus polémicas sentencias.
Sostiene que un proceso electoral con estas condiciones no va a solucionar ningún problema y que la salida a la crisis del país se va a producir cuando la población venezolana tenga las cartas para elegir su propio destino, las cuales en estos momentos son inexistentes, pues el chavismo es el actor unilateral de estas elecciones.
«Cualquier proceso unilateral que se de en Venezuela es un proceso que no va a ayudar a salir de la enorme crisis que están padeciendo los venezolanos», afirmó.
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El problema son las presidenciales
Para Olivia Lozano, la solución a la crisis no pasa por la celebración de elecciones parlamentarias, sino que el problema radica en el Ejecutivo, por lo que insiste en que los comicios presidenciales con el «real problema» para producir un cambio efectivo en el país.
«Exigimos elecciones presidenciales y parlamentarias Seguiremos luchando por las condiciones que permitan rescatar el derecho al voto y convertirlo en una garantía de cambio», apuntó.
También destacó que el Comité de Postulaciones Electorales estableció una serie de condiciones que deben cumplirse para que las elecciones parlamentarias sean consideradas como un proceso legal, transparente, libre y verificable.
Entre estas condiciones, debe restablecerse el derecho al voto de todos los venezolanos, incluyendo a los emigrantes y a los mayores de edad que no están inscritos; resolver el problema de la migración interna de electores, la participación plena de todos los partidos y dirigentes políticos inhabilitados, la designación legal de una directiva del CNE y sus órganos a manos de la AN, una campaña electoral equitativa, el comportamiento adecuado del Plan República, la pericia en las auditorías con máquinas nuevas y la observación nacional o internacional válida.
Además hizo un llamado a la población venezolana para instarles a «mantener la lucha electoral y no permitir que nos sigan violando nuestros derechos».
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Un desastre estructural
El periodista especializado Eugenio Martínez denunció que no existe un marco normativo, institucional ni legal para realizar unas elecciones funcionales en el país, debido a que no se han tratado los principales problemas que han tenido los últimos comicios celebrados en el país.
«No se han abordado las reformas necesarias para hablar de elecciones transparentes. Necesitamos un nuevo sistema político electoral y un nuevo sistema de votación. Es necesario hablar de elecciones en situaciones especiales, con normas sanitarias para evitar la propagación de la covid-19», expuso.
Martínez explica que, lejos de resolver los problemas coyunturales del sistema electoral, se crearon más obstáculos, especialmente en materia de representación proporcional, ya que el cambio de 167 a 277 curules viola la Constitución y favorece al chavismo.
«Se nota la intención de sobrerepresentar a los estados más pequeños y subrepresentar a los estados más grandes en las listas . Esto va a favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a algunos partidos políticos de la Mesa de Diálogo Nacional (la mesita)», declaró.
Recordó que ni siquiera la maquinaria está preparada, pues hasta donde tiene conocimiento, el oficialismo no ha pagado por las máquinas. Y a pesar de que el CNE adelantó su sistema de auditorías, ni siquiera se sabe cuáles son las necesarias para validar el proceso porque se desconoce el software que se utilizará.
De igual forma, resalta que el cronograma ofrece unos tiempos que no se corresponden con las necesidades que amerita este proceso. Con apenas 13 días para actualizar el registro electoral será casi imposible incluir a unos 2 millones de venezolanos mayores de edad pendientes por inscripción y unos 3,8 millones de potenciales electores que se encuentran fuera del país; además de tener otra cantidad por determinar de ciudadanos que han migrado de un estado a otro y debe actualizar su centro de voto.
«Ese desastre deberá actualizarse solo en 13 días y ni siquiera se han anunciado normas sanitarias para prevenir contagios, porque en este proceso electoral hay un riesgo potencial de contagio, desde el registro hasta las auditorías», destacó.
