FAES, Cicpc y policías estadales cometieron casi 2.000 ejecuciones extrajudiciales durante 2020
Ni la pandemia detuvo el aumento de las ejecuciones extrajudiciales en 2020, según un informe de Provea y el Centro Gumilla. Esta grave violación a los derechos humanos ha sido denunciada por la Alta Comisionada Michelle Bachelet y forma parte de los delitos por los cuales es investigado Nicolás Maduro ante la CPI
El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla denunciaron que en todo el país se registraron 2.853 ejecuciones extrajudiciales durante 2020, uno de los peores registros de este delito en varios años, principalmente cometidas por la Policía Nacional Bolivariana y su Fuerza de Acciones Especiales (PNB – FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las policías estadales.
La actuación de estos cuerpos de seguridad agrupa el 66,78% de las ejecuciones extrajudiciales registradas en todo el país durante 2020, es decir 1.986 asesinatos, según la iniciativa Lupa por la Vida, creada por Provea y el Centro Gumilla. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años, lo que indica un patrón de discriminación.
Este patrón de grave violación a los derechos humanos ha sido denunciada por la Alta Comisionada Michelle Bachelet en sus diversos informes desde que visitó el país en 2019, al punto de pedir la disolución inmediata de las FAES; y forma parte de los posibles crímenes de lesa humanidad por los cuales es investigado Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
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“Las víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista”, refirieron ambas organizaciones.
Además, denunciaron que los funcionarios actúan “con plena libertad” debido a la falta de investigación de los cuerpos correspondientes, al igual que el apoyo de altas figuras políticas.
En la mayoría de las muertes perpetradas por la fuerza pública, los familiares desmienten a través de su testimonio los supuestos enfrentamientos donde se involucra a estas personas. Este hecho también fue denunciado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, y desestimado por el Ejecutivo.
El estado Zulia fue el que registró la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales con 667 durante todo 2020, seguido de Aragua con 297, Bolívar con 269 muertes y Lara con 193. En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento.
La revisión también indicó que mayo fue el mes donde se incrementaron las actuaciones policiales. 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, donde la circulación de personas en la vía pública era mucho menor. Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.
Además, según reportes en medios de comunicación, en 2020 fueron detenidas 103 personas, cuyos familiares o vecinos aseguraron que habían sido apresados vivos, pero luego aparecieron muertos.
Provea y el Centro Gumilla señalaron que lq administración de Nicolás Maduro insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno, «y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos».
