Familiares de desaparecidos en costas piden por tercera vez seriedad en la investigación
En el país se contabilizan al menos cien desaparecidos que zarparon hacia Trinidad y Tobago y Curazao entre abril, mayo y junio del 2019. En febrero del 2020 funcionarios del Ministerio Público prometieron a familiares de que serían designados nuevos funcionarios para investigar los casos, pero todo quedó en palabras
El Comité Nacional de Familiares de los Desaparecidos en las Costas Venezolanas presentaron a funcionarios del Ministerio Público (MP) documentos en los que, de nuevo, exigen a las autoridades abocarse a investigar el paradero de más de un centenar de personas a las que se le perdió el rastro desde 2019.
El presidente del comité, Jhonny Romero, dijo este 8 de diciembre que una vez más acuden al organismo debido la falta de diligencia de las autoridades. Aseveró que la actuación de los funcionarios no ha pasado de «conversaciones» que no se reflejan en los expedientes.
«Hay un caso de 2015 en la Vela, otros en la misma zona del 2019, un caso en Tiraya y dos que corresponden a Güiria entre abril y mayo del 2019», señaló Jhonny Romero, para recordar quiénes integran el comité.
«Aquí estamos familiares de casi siete casos en los que migrantes que han tratado de escapar de la crisis por altamar se han encontrado con bandas criminales que los han secuestrado para someterlos a métodos de esclavitud moderna», agregó Romero, padre de Jhonny Romero (33) desaparecido en junio del 2019 tras zarpar en un peñero artesanal desde Falcón rumbo a Curazao.
Relató que el MP ha cambiado varias veces a los fiscales que asigna para llevar el caso y los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalísticas no dan respuesta alguna.
Para familiares las autoridades no tienen voluntad
Por su parte, Ana Arias, madre de Luisannys Betancourt, desaparecida en abril del 2019 tras zarpar desde Güiria hacia Trinidad y Tobago en el peñero Jhonaily José, afirmó que el suceso ya lleva dos años y ochos meses y no hay una explicación coherente por parte del Estado.
Afirmó que los parientes del centenar de personas desaparecidas han agotado las instancias nacionales pidiendo la actuación oportuna, pero las autoridades han hecho caso omiso. «Lo que hemos tenido son audiencias diferidas y una pasarela de fiscales. La única respuesta que nos han dado en la alerta amarilla al caso del bote Ana María (desaparecido en mayo del 2019) y alerta roja para el capitán de esa embarcación, Alberto Abreu», detalló.
Arias contó que las audiencias por el caso han sido diferidas por problemas de traslado y porque una de las personas vinculadas a la desaparición del bote Jhonaily José está prófuga. Relató que esta persona, identificada como Daniela Pimentel, tenía casa por cárcel, medida que incumplió y por ello tiene una orden de aprehensión.
«Ha habido falta de voluntad y hasta complicidad entre las autoridades. Hay efectivos de la guardia Nacional y del Cicpc que están implicados y los premiaron cambiándolos de cargo en otros estados. No es justo que estén libres mientras nuestros familiares están secuestrados y nosotros sufriendo», expresó.
En el país se contabilizan al menos cien desaparecidos que zarparon hacia Trinidad y Tobago y Curazao entre abril, mayo y junio del 2019. Familiares han clamado por acciones contundentes por parte de Estado para la búsqueda y rescate de sus parientes.
El 20 de febrero del 2020, protestaron para exigir respuestas a las autoridades. En ese momento funcionarios del Ministerio Público prometieron que serían designadas nuevos funcionarios para investigar los casos, por lo que tendrían que volver a proporcionar datos, los mismos que habían repetido una y otra vez al avanzar los meses sin ver frutos.
El contexto
El Jhonaily José zarpó el 23 de abril de 2019 con 38 pasajeros, de los cuales ocho lograron retornar tras el aparente naufragio de la embarcación; entre ellos Francisco Martínez, capitán del bote. Los otros 28 permanecen con paradero desconocido.
Yeukarys Sifontes (18), Anabelle Aguilera (23), Daniamis Medina (36), Yocselys Rojas (20), Unyerlin Vásquez (16), Omarlys Velásquez (16), Luisannys Betancourt (15), Melany Patinez (22), Zulmaris Patinez (34), Ruth Patinez, Inés Araujo, Ender Blanco, Carmen Lares, Deiker Marín (19), Luisa Marín (29), Frank Hernández (22), Estéfani Flores, Sariana López, Francelis Blandín, Amanda Guilarte, Yonder Quijada (25), Anyerlis Benítez, Anderson Cabrera, Hector Torres, Rosmilys Laguado (16), Michelle Sánchez (17), son algunas de las personas que permanecen desaparecidas y que habían abordado el bote Jhonaily José.
Todo apunta a que los desaparecidos fueron víctimas de mafias dedicadas a la trata de personas. Ana Arias, madre de Luisannys Betancourt, contó a TalCual que su hija salió de su casa el 15 de abril con dos amigas que la fueron a buscar, una estudiaba con ella en el liceo y la otra era prima de su compañera.
“Mamá, ellas me dicen que para dejarme ir tengo que pagar 200 dólares”, fue el mensaje que la joven le envió a su madre luego de dos días de desaparecida. No hubo más respuesta, a pesar de que la mamá le anunció que ella conseguiría el dinero para su rescato.
Cuando Arias fue al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en Güiria, la respuesta que recibió fue «Señora, su hija está de rumba. Espérese 72 horas”.
Pese al testimonio de Arias y demás familiares en los que señalan la existencia de mafias dedicadas a la trata de personas, ni las autoridades venezolanas ni las trinitarias dan respuestas.
Un mes después de la desaparición del bote Jhonaily José, se le perdió el rastró a las más de 30 personas que iban a bordo de bote Ana María, que zarpó desde las costas de Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. Al mes siguiente, en junio, se produjo la desaparición de los pasajero de La Vela de Coro.
Andy Villegas, Kelly Zambrano, Adrian Mata, Jhodelvis Matthei, Cesar Zorrillo, Josmarlys Gómez, Onel López, Oscar López, Alejandro Peña, Deivis Sucre, Anthony Monserrat, Carlos Merchan, José Bernard, Christian Martínez, José Bello, Darwin Cedeño, Génesis Reinosa, Naiduska Sifontes, Luisiannys Rodríguez, Adrian Martínez, Ani Villalobos, Luis Guanipa, Marolly Bastardo, Khaterine Berra, Dylan Berra, Victoria Berra, Franklyn Corderon, Giovanny López, Winder Blanco, Antonio López, Silvia Cortéz, Jesús Brito. Ellos siguen desaparecidos desde hace 24 meses.
La actuación de las autoridades ha sido lenta en esta materia. Al cierre de ese año fue que el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, reconoció la existencia de bandas dedicadas a la trata y al trafico personas desde Güiria, estado Sucre; ello luego del naufragio ocurrido entre las costas de esa localidad sucrense y Trinidad y Tobago en el que murieron ahogadas más de 20 personas.
En su cuenta de Twitter, el funcionario por primera vez en 15 meses se refirió al caso de la desaparición de más de 60 personas tras zarpar hacia la isla caribeña en los botes Jhonaily José y Ana María, el 23 de abril y el 16 de mayo de 2019, respectivamente. Anunció la activación de la alerta roja en la Interpol contra Alberto Abreu, capitán de la segunda embarcación y quien ha sido señalado de integrar una de estas bandas.
A finales de ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al régimen de Nicolás Maduro brindar información sobre la investigación de las desapariciones de los venezolanos.
Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron especificar las medidas legislativas que se han adoptado para proteger a las personas de la trata de persona, prevenir la explotación laboral o sexual y supervisar las agencias privadas de contratación.
En el comunicado, también dirigido a los gobiernos de Aruba, Bonaire, Curazao y Trinidad y Tobago, los relatores manifestaron su preocupación por la «aparente» falta de acciones efectivas por parte de las autoridades venezolanas para impedir la trata de personas e investigar y enjuiciar a los involucrados. Hasta ahora se desconoce si el gobierno respondió al exhorto.
