Familiares de John Álvarez piden que se otorgue libertad plena en audiencia preliminar
El abogado Eduardo Torres explicó que la audiencia preliminar a John Álvarez se hace a destiempo, pues debía realizarse a los 45 días de su detención según las leyes venezolanas. Afirmó que hasta la fecha no se ha iniciado una investigación formal por las denuncias de torturas, desaparición forzada y robo, a cargo de funcionarios del DAET, al momento de su detención
Familiares del estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez pidieron este viernes 10 que se le otorgue libertad plena en la próxima audiencia preliminar, convocada para el lunes 13 de noviembre a las 9:00 a.m.
Wendelin Peña, madre del joven, comentó que la semana pasada fue chequeado por especialistas del Ministerio Público, quienes indicaron que ahora padece de problemas respiratorios, además de la pérdida de la visión en el ojo izquierdo, lesiones en un riñón y en una de sus piernas.
«Su abogado pidió a tribunales que se le hiciera revisión médica, estamos en espera de respuesta», destacó Peña, quien dijo que espera que el lunes 13 se le otorgue libertad plena a su hijo.
Álvarez fue detenido hace 72 días por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) cuando transitaba en su moto en el centro de Caracas. Se le acusó de los presuntos delitos de asociación para delinquir y terrorismo. Actualmente se encuentra recluido en un comando de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en La Yaguara, al oeste de la ciudad.
La pareja del estudiante, Eleyn Echarri, aseveró que «él no es un terrorista, no es una persona agresiva. Él lo que ha hecho es luchar por su país. No vamos a dejar de luchar por él y la libertad de todos los presos políticos».
El abogado Eduardo Torres explicó que dicha audiencia preliminar se hace a destiempo, pues debía hacerse a los 45 días de su detención según las leyes venezolanas. Destacó además que los cargos imputados a Álvarez son los mismos por los cuales condenaron a seis sindicalistas en agosto a 16 años de prisión.
Afirmó que hasta la fecha ni el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o la Comisión Nacional contra la Tortura han iniciado una investigación formal por las denuncias de torturas, desaparición forzada y robo, a cargo de funcionarios del DAET, al momento de su detención.
Torres recordó que el estudiante, unos días después de ser detenido, fue revisado por unos médicos enviados por la Fiscalía General. «El médico le dijo las afectaciones que hemos venido denunciado familiares y la defensa: afectación en el ojo izquierdo, en sus órganos, en su pierna. Lamentablemente el acta que aparece en el juicio dice que el estudiante está sano y no tiene ningún tipo de lesión».
