Familiares de los detenidos de Pdvsa piden la intervención de Bachelet
Familiares de personas acusadas de corrupción y otros delitos mientras prestaban servicio en Pdvsa exigen respeto a sus derechos humanos
En un comunicado difundido por el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, se denuncian un conjunto de irregularidades que han violado los derechos humanos de casi 1o0 trabajadores de la estatal petrolera que han sido acusados de corrupción y otros delitos.
Según el comunicado, en algunos casos las personas tiene cinco años tras las rejas sin haber sido sometidos a juicio y otros han asistido a audiencias preliminares que han sido suspendidas hasta en 16 oportunidades.
Denuncian que han sufrido condiciones infrahumanas de detención y, en algunos casos, han sido torturados, vulnerándoseles también el derecho de la alimentación y a la atención médica, por lo que le solicitan a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet que interceda por ellos.
A continuación el comunicado:
Transcurrido casi dos años desde la detención de los cerca de 100 trabajadores de Petróleos de Venezuela y hasta 5 años en algunos casos, acusados injustamente de presunta corrupción y otros delitos graves, ha sido imposible ejercer la defensa a la que tienen derecho, tras diferirse, incluso hasta en 16 oportunidades, las audiencias preliminares que deben dar paso al proceso judicial establecido, contemplado en la Constitución, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal y la Declaración Universal de los derechos humanos de la ONU.
En consecuencia, las esposas, familiares y abogados de los trabajadores privados ilegítimamente de libertad, exigimos la inmediata realización de estas audiencias preliminares, para iniciar los procesos judiciales correspondientes, a fin de demostrar que no cometieron los supuestos delitos por los que se les acusa.
Denunciamos, además, que un gran número de los trabajadores petroleros encarcelados ha sido sometido a condiciones infrahumanas de reclusión, torturas físicas y psicológicas, así como la vulneración de sus derechos básicos como la alimentación, la atención médica, las visitas de sus hijos y otros familiares, entre una diversa trama de violaciones a la condición y dignidad humana, de la cual somos también objeto todos los involucrados.
Por otra parte, a muchos de nuestros familiares presos se les han negado medidas humanitarias que han sido solicitadas por razones de salud. Los tribunales las niegan o no se pronuncian al respecto, dejando al privado de libertad vulnerable ante su condición médica.
Los abogados defensores de los obreros, operadores, analistas y gerentes con más de 25 años promedio de experiencia comprobada en la industria e intachables hojas de vida, nos indican que todos los casos están enmarcados en un mismo patrón y todos son acusados por el mismo delito sin individualizar los casos, una práctica violatoria de cualquier principio de justicia y garantías constitucionales.
Esta es, entonces, otra violación al Código Procesal Penal que señala expresamente que los delitos deben individualizarse y responder al cómo, porqué y dónde se cometieron.
Esta es la razón fundamental por la que no se realizan las audiencias preliminares, toda vez que por la falta de pruebas con las que la fiscalía enfrentaría las audiencias, podría obligar a los jueces a otorgarles alguna medida sustitutiva de libertad o declarar una absolutoria por la inexistencia de delitos.
También debemos denunciar que día a día enfrentamos la corrupción del sistema judicial, donde funcionarios cobran para realizar traslados y agilizar procesos que, finalmente, no avanzan.
Denunciamos además que tras la desesperación que ha significado la violación de los DDHH y procesales, varios de los detenidos han aceptado bajo presión reconocer delitos que no han cometido para lograr sentencias y medidas favorables, entre ellas regímenes de presentación.
Sin duda, nuestros familiares son presos políticos, porque han pretendido utilizarlos como chivos expiatorios de la crisis productiva y gerencial que padece la industria petrolera, en lugar de reconocer errores y malas políticas administrativas y financieras que se han cometido en los últimos siete años.
Vale señalar que, pese a esta necesidad de buscar culpables de la crisis de Pdvsa, la producción de crudo sigue descendiendo y la destrucción de la industria no se detiene.
Se trata de una gestión del gobierno que desmanteló todos los cuadros técnico-políticos de Pdvsa que tuvimos un rol fundamental en el rescate de la industria durante el sabotaje petrolero del 2002-2003 y que se sustituyeron por personal sin experiencia y experticia.
Señalamos que cuando se declara públicamente que los casos avanzan y que el Estado cumple y respeta los procesos contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, reiteramos que NO se ha dado inicio a ninguno de los casos de nuestros familiares.
Finalmente, ante todo lo expuesto, pedimos a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que interceda con sus buenos oficios para que a nuestros familiares se les respeten sus derechos humanos y entre ellos el debido proceso tras las detenciones ilegales y viciadas desde el primer día.
