Familiares de presos políticos exigen medidas humanitarias que logren su liberación
Theresly Malavé, abogada y directora de la organización no gubernamental (ONG) Justicia y Proceso, informó que aún hay 286 presos políticos en el país. Apuntó que del total de los presos políticos 13 son mujeres civiles y cinco son militares, mientras que 117 son hombres civiles y 151 militares. Mencionó que 35 son ciudadanos que padecen enfermedades graves y que de no ser atendidos pueden morir
Familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al gobierno de Nicolás Maduro implementar medidas humanitarias o indultos para consumar la libertad de sus parientes.
Este lunes 9 de enero, Theresly Malavé, abogada y directora de la organización no gubernamental (ONG) Justicia y Proceso Venezuela, denunció que en la nación aún hay 286 presos políticos. Detalló que de ese total 171 tienen más de dos años detenidos.
Durante una rueda de prensa, Malavé aseveró la permanencia de ciudadanos por más de tres años tras la rejas es una violación al Código Orgánico Procesal Penal, que en su artículo 230 establece que un tiempo máximo de privación de libertad preventiva de tres años.
Explicó que todas estas personas pueden estar en libertad por decaimiento de la medida. Precisó que hay aprehendidos por razones políticas que esperan juicio desde hace siete y nueve años.
La defensora de los derechos humanos apuntó que del total de los presos políticos 13 son mujeres civiles y cinco son militares. «Están presas por ser hermanas, amigas o por estar en el directorio telefónico de un investigado por temas políticos», apuntó.
Precisó que 117 de los detenidos son hombres civiles y 151 militares. Mencionó que 35 son ciudadanos que padecen enfermedades graves y que de no ser atendidos pueden morir.
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Señaló que los tribunales no han concedido ni una medida humanitaria a privados de libertad que tienen estos padecimientos. Cuestionó que el Estado, «que no puede proveerles de salud, tampoco les de su libertad».
La defensora de derechos humanos Yajaira Castro abogó por medidas humanitarias o indultos para consumar la liberación de los presos políticos.
«No queremos que pasen a formar de la lista de presos políticos que han muerto estando en custodia del Estado. Para poder liberar a los presos políticos hay fórmula alternativas. Está en las manos del Gobierno porque ni siquiera de los jueces».
Hay 103 presos políticos condenados y que le corresponden las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena.
«En 2023 tuvimos la esperanza de que se dieran más liberaciones. Aún nos faltan. De los cuales no son solo ellos, sino también 286 familiares que deben estar pendientes de ello, que tienen que proveerles desde la alimentación hasta de los medicamentos».
Afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro es el único que puede liberar a los presos políticos, subrayó que hay un abanico de mecanismos con los cuales pueden liberar a los presos. «No queremos que pasen a formar parte de la lista de personas que murieron en custodia del Estado»
Las defensoras de los derechos humanos dijeron que se desconoce por qué el gobierno de Nicolás Maduro paralizó las liberaciones de presos políticos, que se dieron en diciembre, cuando se produjo el canje por el empresario barranquillero Álex Saab, acusado de lavado de dinero.
Al ser preguntadas sobre las condiciones en las que los ciudadanos salieron excarcelados, señalaron que la situación «es terrible» porque a casi un mes desde que salieron de la cárcel no se conoce bajo que parámetros. Denunciaron, además, que a muchos no les dieron el oficio del Sipol y viven momentos incómodos y de vejación en alcabalas policiales.
Petición de los familiares
Daniel Zambrano, padre de los sargentos Juan y Daniel Zambrano, solicita la liberación de sus dos hijos y la de todos los presos políticos. «Hemos acudido a los canales regulares y no se ha podido hacer nada. Le pido (a Maduro) que deje en libertad a todas las personas pronto para que pueda haber una avance en Venezuela.
Relató que sus hijos fueron llamados a Caracas, a la sede de la Dgcim en Boleíta, para «ofrecerles beneficios de carrera». A Juan Nahir, quien es autista, lo detuvieron el 26 de mayo de 2022. Dos días más tarde, su hermano -que estaba en condición de retiro- fue llamado a Caracas para buscarlo y lo dejaron detenido.
Lilina Barboza, esposa de Héctor Hernández Dacosta, sumó su respaldo a la petición de medidas humanitarias para los presos políticos. Dijo que en el caso de su esposo y los demás presos políticos hay irregularidades en los procesos judiciales. Emplazó a Nicolás Maduro a tomar el ejemplo de gobiernos como el de Daniel Ortega, que ha accedido a poner en libertad a aprehendidos.
Héctor Hernández Da Costa era jefe del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional (GN). Desempeñó ese cargo hasta el 13 de agosto de 2018 cuando fue detenido por supuestamente estar involucrado en el presunto ataque contra Nicolás Maduro.
La familia de Hernández Da Costa ha denunciado las irregularidades y violaciones al debido proceso del general. Además, han denunciado el deterioro del estado de salud durante su detención ya que padece varias patologías, entre ellas diabetes. Padece también síndrome coronario agudo por angina inestable en el corazón, por lo cualbfue sometido a una operación de miocardio en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas.
