Familiares de presos políticos piden revisar juicios de José Mascimino Márquez
Bajo su cargo como juez contra terrorismo, José Mascimino Márquez conoció de 56 casos de presos políticos militares y de 69 civiles detenidos por estas mismas razones. En la mayoría se registraron presentaciones extemporáneas de los detenidos, la negación de expedientes o recursos a la defensa privada, así como dilaciones injustificadas dentro del proceso judicial
Un grupo de familiares y abogados de presos políticos denunciaron ante el Ministerio Público las irregularidades cometidas en los juicios y casos controlados por el juez José Mascimino Márquez, actualmente procesado por presunta corrupción.
Desde la sede del MP, en Parque Carabobo, la abogada Theresly Malavé explicó que, según los datos de al menos cuatro ONG, el juez Márquez llevaba el 40% de los casos que involucran a presos políticos en todo el país.
«Ingresó al poder judicial desde 2020 y, desde ese mismo momento fue uno de los factores importantes para aplicar el patrón de violación de derechos humanos impuesto por el gobierno (…) Ayudó, colaboró y lo perfeccionó», afirmó Malavé.
Bajo su cargo como juez contra terrorismo conoció de 56 casos de presos políticos militares y de 69 civiles detenidos por estas mismas razones. En la mayoría se registraron presentaciones extemporáneas de los detenidos, la negación de expedientes o recursos a la defensa privada, así como dilaciones injustificadas dentro del proceso judicial.
El abogado Eduardo Torres, que representa a los seis activistas políticos y de DDHH detenidos el año pasado, aseguró que en Venezuela «no hay un sistema de justicia genuino, con jueces autónomos, imparciales e independiente y eso es lo que venimos a exigir».
Además, señaló que es tarea del fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, revisar las actuaciones y que «ejecute las acciones necesarias para que estos falsos juicios queden sin lugar».
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Este es el primer documento de denuncia sobre los casos que llevó el juez Márquez desde que asumió el tribunal tercero de Control con competencia en Terrorismo. Fue detenido el pasado 17 de marzo, cuando se conoció una purga anticorrupción en la estatal Pdvsa, Sunacrip, jueces y una alcaldía vinculada a bandas delictivas.
En el caso de Márquez se le acusa, junto al abogado Cristóbal Cornieles, de irregularidades que derivaron en una medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de Oswaldo «el Pelón» Cheremos Carrasquel, vinculado a la organización delictiva conocida como el «Tren del Llano».
«Verdadera justicia» para los presos políticos
Varios familiares de presos políticos expusieron sus casos, donde los une el elemento común de detenciones arbitrarias, denuncias de torturas no atendidas e irregularidades en los juicios.
Tal es el caso del capitán de la Guardia Nacional Leonard Briceño Vivas, involucrado bajo delación en la operación Gedeón. Su madre Rosalba Vivas comentó que a su hijo le ordenaron trasladarse desde Socopó, estado Barinas, hasta Caracas para unas presuntas averiguaciones y lo dejaron detenido.
«El mismo juez Márquez dijo ante fiscales y familiares en la audiencia preliminar del teniente Richard Alemán, bajo torturas, que si acusaba a un grupo de militares, entre ellos su hijo, quedaría en libertad pero no lo hicieron», señaló Vivas. Su hijo no solo sufrió torturas físicas, sino violencia psicológica, negación de alimentos y atención médica durante el año que estuvo recluido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Rosalba Vivas pide que el fiscal Tarek William Saab atienda las denuncias de los familiares de presos políticos
Luego fue enviado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocida como la cárcel de Ramo Verde. «Pido que se revise la situación de lo que está pasando en el juicio, no se han presentado pruebas contra ninguno de estos muchachos, ni siquiera contra los anteriores. Hay una violación en flagrancia de los derechos humanos, porque no solamente él está preso. Nosotros también. Él es un hombre casado, con un hijo pequeño», solicitó su madre.
Mientras que Eglis de Parada, esposa de Enrique Parada, denunció que lleva tres años preso en la cárcel de La Pica, estado Monagas, por el supuesto atentado contra el diputado oficialista Diosdado Cabello.
Contó que su esposo, un exfuncionario de la Dgcim, fue apresado el 24 de abril de 2020 en Caracas y trasladado a Monagas por esta acusación. «Se lo llevaron sin orden de aprehensión ni nada, nos enteramos un día después, fue presentado en tribunales de forma extemporánea y se lo llevaron a Maturín . Ese día se entera de qué lo estaban acusando».
«Todavía, tres años después, no sabemos por qué lo acusan. Trataron de quitarnos 60 mil dólares de los que no disponíamos. En vista de que no se los dimos, a él se lo llevaron. Ha tenido dos juicios, el primero lo suspenden con 21 audiencias, el único actuante dijo que no recordaba el caso. Comienza este segundo juicio, se presentaron todos los testigos de la defensa y cuatro de la Fiscalía, dos dicen que no recuerdan el caso, otros dos no hacen referencia al caso o los muchachos. Los otros testiugos, la Fiscalía se niega a ubicarlos o citarlos», explicó.
