Familiares del sargento Alberto Piñango piden su libertad por razones de salud
Al igual que otros militares involucrados en el alzamiento de Cotiza en enero de 2019, el sargento Alberto Piñango Salas fue objeto de torturas durante su detención por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sus familiares informaron que necesita una faja lumbosacra y un colchón ortopédico para evitar los dolores que le produce una fractura en la columna, pero no han podido comprarlos por falta de recursos
Familiares del sargento primero de la Guardia Nacional Alberto Piñango Salas, uno de los militares involucrados en el alzamiento de Cotiza en 2019, solicitan su liberación por motivos de salud, debido a los continuos dolores y las fracturas que padece producto de las torturas a las que ha sido sometido.
Ysaura Salas, madre del sargento, mostró su preocupación de que pueda empeorar por las condiciones de reclusión en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde. «Incluso pedimos que lo dejen en libertad, ya que el está enfermo. Ya él no va a poder trabajar normal por la golpiza que le dieron».
El pasado 25 de agosto, Piñango Salas inició una huelga de hambre exigiendo atención médica inmediata, debido a los fuertes dolores de cabeza y en la espalda baja que padecía. Tras difundirse la noticia en redes sociales, un tribunal firmó y envió la orden de traslado, que se concretó alrededor de las 4:00 p.m de ese día. En el hospital militar «Vicente Salias» se le diagnosticó con una fractura en el disco 4 de la columna.
Además de iniciar rehabilitación física y la toma de relajantes musculares y antiiinflamatorios, al sargento se le recomendó usar una faja lumbosacra, que sus familiares no han podido comprar por falta de recursos.
«Mi hijo está recibiendo un tratamiento adecuado, pero necesita un colchón ortopédico porque está durmiendo en el piso. El dolor en la espalda no lo deja caminar o dormir bien. También necesita una faja lumbosacra. Nosotros no tenemos los medios suficientes para comprárselos», comentó a TalCual la madre del preso político.
Al igual que otros militares involucrados en el alzamiento de Cotiza, Piñango Salas fue objeto de torturas durante su detención por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Ninguna de las denuncias fueron reconocidas por el juez de la causa o los fiscales del Ministerio Público. Fue condenado en junio del año pasado junto a otros 22 sargentos a siete años y nueve meses de prisión; mientras que el sargento Luis Bandres, a quien se identificó como el cabecilla del alzamiento, se le impuso una pena de 15 años y nueve meses.
En diciembre del año 2020, el sargento Piñango fue sacado de la cárcel de Ramo Verde y estuvo desaparecido por varios días. Luego se conoció que fue trasladado a la sede de la Dgcim en Boleíta, donde fue víctima de nuevas torturas, entre ellas golpizas recurrentes.
A raíz de las torturas empezó a tener dolencias, explicó un allegado, que prefiere mantenerse anónimo. En 2022 se concretó su primer traslado médico, donde se le diagnosticó con fractura de clavícula, así como también en los dedos índice y pulgar.
Los padres del sargento Alberto Piñango viven en el estado Zulia, de donde es oriundo. Padecen de varias enfermedades y no disponen de los medios económicos para visitar a su hijo de forma regular en la cárcel de Ramo Verde. Además, están al cuidado de sus nietos de cinco y 10 años.
«Cuando a él lo condenaron le quitaron el dinero que recibía. Nosotros tenemos que pedir colaboraciones para poder ayudarlo y que tenga un tratamiento adecuado», comentó Salas.
