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Familiares denuncian que Fiscalía echó al olvido tragedia de Los Cotorros



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Gabriela Rojas | agosto 6, 2018

Han pasado casi dos meses desde la tragedia del club Los Cotorros en el que murieron 19 jóvenes y aún sus familiares desconocen el estatus de las averiguaciones por parte del Ministerio Público y exigen celeridad y justicia en el caso  


La lista de fallecidos y heridos siguió creciendo y el dolor de los familiares también. Casi dos meses después, muy poco se sabe sobre las averiguaciones y detenciones que ocurrieron luego de la madrugada del 16 de junio, cuando la detonación de una bomba lacrimógena dentro del local conocido como club Los Cotorros, en El Paraíso, provocó la estampida y posterior asfixia de más de 200 personas que se encontraban celebrando una fiesta de promoción de bachillerato, en un evento llamado «The Legacy».

Las cifras oficiales dadas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señalaban que durante el evento habían fallecido 17 jóvenes, pero en días posteriores otros dos menores de edad murieron.

Esos adolescentes perecieron como consecuencia de los daños que sufrieron cuando se generó el encierro en el que quedaron atrapados dentro del local por un lapso de más de una hora, sin ventilación, ni primeros auxilios, bajo el efecto de los gases tóxicos de la bomba lacrimógena que fue detonada por un grupo de adolescentes que protagonizaron una pelea en el fragor de la fiesta.

Las madres, padres, hermanos y amigos de los 19 jóvenes fallecidos llegaron el lunes 6 de agosto hasta la entrada de la Fiscalía a exigir que el caso no quede engavetado como un incidente más. A casi dos meses de la tragedia, los familiares solo saben el estatus del caso a través de lo que han reseñado los medios de comunicación. A duras penas saben que hay cuatro menores de edad (quienes manipularon y activaron la bomba) y un guardia de seguridad detenidos.

Pero desconocen por qué no han citado a los organizadores del evento -uno de ellos menor de edad-, ni a los dueños o encargados del local. El recinto, no ha vuelto a abrir sus puertas desde el hecho. Los familiares de las víctimas no saben si se determinó el grado de responsabilidad y el incumplimiento de la permisología básica para realizar una fiesta con esas características.

Yelitza Morales, madre de Adrián Blanco de 16 años, quiere respuestas. Las que no ha obtenido desde el 16 de junio cuando a través de una llamada telefónica se enteró del desenlace de la fiesta en la que murió su hijo adolescente.

15 días después de lo ocurrido la contactaron de la Fiscalía para hacer las entrevistas de rigor que se adelantaban por las averiguaciones. Pero de allí en adelante no ha tenido información oficial por parte de los fiscales que llevan el caso y afirma que hasta ahora ni siquiera han fijado una fecha para la audiencia de presentación de los acusados.

A su alrededor, las demás madres con los ojos enrojecidos y las fotografías de sus hijos a cuestas asintieron con la cabeza cada una de las palabras de Morales. Tampoco los han vuelto a contactar desde la Fiscalía y temen que el caso se pierda en el olvido, a pesar de que sus hijos murieron como consecuencia de una situación que combinó negligencia, incumplimiento de normas básicas de seguridad, manipulación de armas explosivas por parte de menores de edad, contratación de eventos con menores y falta de asistencia de cuerpos de seguridad ante casos de emergencia.

Para Miuly González, mamá de Jhoany Amaro de 16 años, lo que ocurrió esa noche se convirtió en una herida abierta que siguió sufriendo un mes y dos días después, cuando murió su hija. La joven estuvo en terapia intensiva y en coma inducido recupérandose de las consecuencias que le ocasionó a su organismo la falta de oxígeno en el cerebro después de que quedó asfixiada por casi una hora dentro del local.

Las convulsiones y la aspiración del gas tóxico le generaron una inflamación cerebral de la que se pudo recuperar levemente pero a pesar de los cuidados, su cuerpo no logró superar la afectación en el sistema respiratorio y murió en la terapia intensiva del Hospital Pérez Carreño. Jhoany se convirtió en la joven número 19 en la lista de fallecidos.

Los padres de los muchachos que sobrevivieron piden a la Fiscalía que se aclaren y queden establecidas las responsabilidades de todos los involucrados. Insisten en que ni siquiera han citado a la dueña del local que, a juicio de los familiares, es una de las principales responsables por las condiciones de seguridad que no se cunplieron en el salón del club donde se llevó a cabo la fiesta.

Aunque el bullicio alrededor de la historia terminó para la opinión pública, en el día a día, los afectados siguen lidiando con las consecuencias irreparables de este hecho.

Gustavo Boset, padre de Christian, uno de los sobrevivientes de 18 años de edad, cuenta que su hijo sufrió una lesión neuropraxia en el brazo y pierna derechas. La limitación en los movimientos casi le cuesta la vida por segunda vez.

Boset llegó inconciente al Hospital Pérez Carreño y fue dado por muerto. Lo dejaron en el área donde estaban los cuerpos de quienes habían llegado sin signos vitales. El muchacho no podía hablar ni moverse debido a la estampida que se produjo luego de la detonación pero al despertsr en el hospital pudo hacer un leve movimiento del brazo izquierdo y una enfermera lo vio. Así fue como logró que lo atendieran y lo sacaran del espacio rodeado de los muchachos que estaban muertos.

Otra de las sobrevivientes, Elvira Gómez de 19 años, solo recuerda destellos de lo que ocurrió. Su relato está mediado por lo que otros le contaron mientras ella estuvo desmayada por el efecto de los gases. Hoy, con la marca de la traqueotomía que le salvó la vida carga una pancarta con la foto de su hermana Gianinna, de 14 años, quien murió asfixiada esa noche y por la que su familia le pide a las autoridades «no dejar olvidada».

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