FAN detuvo a sujetos que comercializaban adolescentes hacia Trinidad y Tobago
El jefe del del Comando Estratégico Operacional de la FAN (Ceofan), Domingo Hernández Lárez, informó la desarticulación de una banda que captaban a niñas y adolescentes en Cumaná para llevarlas a Güiria «donde eran comercializadas y trasladadas a Trinidad y Tobago». Informó que los sujetos recibían hasta 6 mil dólares trinitenses por estos delitos
Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional detuvieron a cuatro ciudadanos, que integraban una banda dedicada a la trata de personas. Los sujetos captaban a niñas y adolescentes en la capital del estado Sucre, Cumaná, y las llevaban a Güiria, un pueblo ubicado en esa misma entidad, «donde eran comercializadas y trasladadas a Trinidad y Tobago».
La información la dio a conocer el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAN (Ceofan), Domingo Hernández Lárez, en sus redes sociales. De acuerdo con el funcionario, por la comercialización de las niñas y adolescentes el grupo delictivo obtenía hasta seis mil dólares trinitenses.
Los sujetos fueron identificados como María Fernanda Mundaray Hurtado, Javier Enrique Castillo Romero, Josue Ediomar López Martínez y Agueda Jilmar Martínez Brito.
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«Venezuela es un Estado democrático de derecho y de justicia en el cual la FAN y OSC luchan a diario contra los grupos delincuenciales generadores de violencia que afectan la paz y el sosiego de la población. Dicho procedimiento fue notificado al Ministerio Público», escribió Hernández Lárez.
Las bandas dedicadas a la trata de personas en Güiria no es nada nuevo. En mayo de 2020, TalCual publicó una investigación sobre lo ocurrido en 2019 en dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria hacia Trinidad y Tobago. Con apenas 23 días de diferencia zarparon y desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas. En el trabajo se evidencia cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
Gobierno dice trabajar para frenar la trata de personas
En enero de este año, funcionarios del sistema de Justicia evaluaron estrategias para la prevención de la trata de personas. Autoridades de Investigación Penal y de Política Interior del Ministerio de Interior y Justicia, así como del Circuito Judicial Penal de Caracas, discutieron la coordinación de labores para contrarrestar los métodos de captación de las bandas dedicadas a este delito.
En el encuentro, los funcionarios revisaron el desarrollo de investigaciones contra este delito, con el fin de evitar que los venezolanos sean víctimas de estas bandas, que usan las redes sociales como canal de captación.
De acuerdo con una nota de prensa, publicada por el Ministerio de Interior y de Justicia, se pudo conocer que en la actividad también participaron integrantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Estrategias para la prevención integral y la visibilización de la trata de personas, fueron los temas revisados en la mesa de funcionarios. Discutieron la importancia de coordinar las labores que realizan los órganos de los diferentes Poderes Públicos, para contrarrestar los métodos de captación de los grupos estructurados.
Mujeres, niñas y adolescentes afectadas
En junio del 2023 Estados Unidos presentó el Informe de Tráfico de Personas 2023; en el que aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro «no está haciendo ningún esfuerzo» contra la trata de personas y acusa a este país de brindar apoyo a grupos armados que reclutan a niños para trabajos forzados y tráfico sexual.
Antony Blinken, secretario de Estado y quien presentó el documento, explicó que las autoridades de Venezuela toman medidas limitadas para abordar la trata, entre ellas la detención de algunos traficantes y la identificación de algunas víctimas; pero resalta que «el régimen de Maduro no informó haber ayudado a ninguna víctima ni haber procesado o condenado a ningún traficante».
En julio, TalCual publicó el trabajo Trata de personas se agudiza mientras planes de Estado quedan en palabras, en el texto se hizo referencia a que cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito creciente en Venezuela que se ha agudizado en los últimos años asociado a la crisis humanitaria compleja, y en especial a la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes.
El trabajo señaló que diversos informes reportan que el Estado venezolano no cumple con los mínimos estándares de atención y sistematización para atender este problema, por lo que las redes de trata se siguen expandiendo a una velocidad mucho mayor que la capacidad de desmantelarlas y de brindar atención especializada a las víctimas.
La ausencia de datos oficiales públicos, desagregados y periódicos complican la posibilidad de unir esfuerzos entre las instituciones del Estado y las ONG que abordan el tema, debido a que no se puede determinar las dimensiones y el alcance de las redes de trata, mapear zonas y determinar rutas y modus operandi.
En el marco del 85º período de sesiones del Comité Cedaw, realizado del 8 al 26 de mayo de 2023, Alana Zuloaga, viceministra de política interior y seguridad jurídica del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, expresó: “Queremos comprometernos públicamente en un plazo máximo de 15 días a hacer público el plan de trata de nuestra patria”, pero hasta julio no se había hecho público ningún aspecto específico de este plan nacional que tiene como objetivo definir las líneas de acción para atacar este delito.
La ONG Acceso a la Justicia explica que en la Gaceta Oficial N° 42.173, con fecha 21 de julio de 2021, se decretó la elaboración de este plan nacional contra la trata de personas que debía comprender el período 2021-2025, pero el decreto solo describe las funciones de las comisiones, pero no un plan en sí, por lo que la ONG destaca que más que un plan, la realidad exige que se establezcan mecanismos eficaces que prevengan las actividades de estos grupos de delincuencia organizada.
En el Informe sobre la trata de personas 2023, publicado el 15 de junio de este año por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela no está haciendo ningún esfuerzo contra la trata de personas, ya que no cumple con los estándares mínimos para combatirlo. A pesar de crear una fiscalía especializada en investigar y enjuiciar casos de trata de personas, no se informó de ninguna asistencia a las víctimas ni de investigaciones, procesamientos o condenas de traficantes, además de que la legislación venezolana no criminaliza todas las formas de trata de personas y no reconoce a hombres y niños como víctimas en casos no relacionados con grupos criminales organizados.
