Fedecámaras y Unete denuncian ante Comisión de Encuesta violación de convenios de la OIT
Marcela Máspero, presidenta de la central sindical, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro incrementa el salario de manera unilateral
Fedecámaras y la central sindical Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete) denunciaron ante la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, la violación de los convenios sobre la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos.
Marcela Máspero, presidenta del sindicato Unete, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro incrementa el salario de manera unilateral, lo que viola el convenio 26, que de acuerdo con el artículo 3, antes de aplicar los métodos para la fijación de sueldos mínimos y la forma de su aplicación, «se consultará a los representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados, incluidos los representantes de sus organizaciones respectivas, cuando dichas organizaciones existan, y a cualquier persona, especialmente calificada a estos efectos por su profesión o sus funciones, a la que la autoridad competente crea oportuno dirigirse».
El salario en el país es el más bajo de la región, superado incluso por el ingreso mínimo de naciones como Cuba, Haití y Nicaragua, donde se perciben 29, 75 y 126 dólares, respectivamente. En Venezuela el sueldo apenas equivale a 7,6 dólares al tipo de cambio oficial que el Banco Central de Venezuela (BCV) ubica en 5.202,77 bolívares.
“Ratificamos las denuncias en cuanto al salario y también a la violación del convenio 144, sobre la consulta tripartita. El gobierno ha venido disfrazando esa consulta enviando comunicaciones tardías después de que decidió y decretó el salario para tratar de engañar a los órganos de la OIT”, aseguró Máspero.
La sindicalista dijo que se refirió el “desplazamiento forzado” de más de 4 millones de trabajadores venezolanos que se encuentran “dispersos” en Europa y en América Latina, padeciendo condiciones deplorables. “Todo esto es consecuencia del deterioro de las condiciones de vida en Venezuela”, afirmó.
“También denuncié que Servando Carbone (coordinador nacional de la Unete), yo y nuestras familias somos perseguidos por las denuncias que hicimos el año pasado ante la Comisión de Encuesta por el caso de Rubén González y de los compañeros de Guayana”, dijo.
González, secretario general del Sindicato de CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), fue detenido y juzgado por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín –a cargo del juez capitán Heixon Rafael Pulido– en noviembre de 2018. Le imputaron tres cargos militares: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional (FAN). Sigue preso en la cárcel de La Pica, lo que evidencia la violación de convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
“Pedimos que lo liberen inmediatamente. Fue apresado por segunda vez porque el régimen no pudo controlar ese sindicato (Sintraferrominera). Quiere poner las organizaciones sindicales a su favor, por eso nos impiden las elecciones, criminalizan la protesta y favorecen a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), que no representa absolutamente nada”, añadió Máspero.
El 6 de mayo dirigentes sindicales denunciaron por videoconferencia ante la Comisión de Investigación para el país la “persecución” del gobierno de Maduro contra la clase trabajadora por reclamar sus derechos laborales y constitucionales, donde participaron sindicalistas de las empresas básicas de Guayana como Degraín Marichales y Yarudid González, de Sintraferrominera; José Luis Morocoima, de Bauxilum; y Ángel Brito, de Venalum.
La Comisión de Investigación para el país fue designada en marzo de 2018 tras la queja introducida por Fedecámaras y 33 organizaciones empleadoras del mundo.
Máspero añadió que Maduro también viola el convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, principalmente desde que el gobernante anunció en agosto el incremento salarial de 5.900% y eliminó las contrataciones colectivas con la implementación del instructivo de aplicación para la administración pública, en el que se publicaron los tabuladores del personal obrero y del administrativo.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) afirma que es una situación alarmante lo que está ocurriendo en el mundo laboral, tanto es así que los trabajadores han apelado a la informalidad y hasta asumir más de tres responsabilidades para sobrevivir.
“Es inminente que el gobierno atienda las recomendaciones del sector productivo (empresarios y trabajadores), así como el apoyo que han ofrecido organismos internacionales, como la OIT, para superar la crisis. De lo contrario, más empresas están al borde del cierre, mayores serán los conflictos de una clase obrera empobrecida y la fuga de talento será aún mayor a la registrada en estos últimos años”.
