Férreos controles y extorsiones terminaron por asfixiar a Kellogg’s
La empresa prefirió dar a pérdida sus instalaciones en Maracay que mantener una operación que había dejado de ser rentable, en buena medida gracias a extorsiones de carteles del crimen aragüeños
La multinacional estadounidense Kellogg’s, terminó por zarpar de la nación esta semana cuando colgó un comunicado en el portón de su planta en Maracay, para anunciarle a sus trabajadores que cesaba operaciones en Venezuela, luego de estar más de medio siglo, según el analista financiero y director de Econométrica Henkel García, los férreos controles estatales terminaron por ahogar a la compañía.
Tras conocerse la noticia, el Gobierno venezolano anunció que entregaría la planta a los trabajadores, en términos técnicos consolidaba una nueva expropiación a una propiedad privada, práctica que comenzó con el fallecido presidente Hugo Chávez en 2004.
Otras empresas trasnacionales como Clorox y Kimberly Clark, también vivieron la misma situación en 2014 y 2016 respectivamente
El control de cambio, de precios y la escasez de materias primas locales, serían algunas de las causas que llevaron a la empresa a tomar la decisión, pese a haber maniobrado la crisis que se ha agudizado desde 2016. La falta de poder adquisitivo de los venezolanos es otro de los factores que desestimula el consumo.
En los últimos años los empaques de cereales Kellogg’s habían perdido los colores y los esmaltes, en un intento evidente de abaratar costos y seguir en el mercado, no obstante, las amenazas que enfrenta el sector empresarial son cada vez mayores, motivado a que la industria es fuertemente estigmatizada y acorralada por el Estado a través de las leyes y las fiscalizaciones.
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“Pareciera un patrón de conducta, empresas que son obligadas a producir a pérdida, situaciones de controles que las llevan a un cierre técnico. Algunas meten hasta algo de capital para poder subsistir, lo hacen porque prácticamente no tienen otra manera”, explica García, al tiempo que señala que si los directivos anuncian el cierre con anterioridad podrían correr el riesgo de ir presos.
A juicio del especialista el Gobierno utilizaría el argumento de boicot o guerra económica para castigar a los patronos, en ese sentido, este martes el jefe de Estado, Nicolás Maduro, solicitó código rojo de Interpol para encarcelar a los responsables de la medida.
“Conocen la importancia del mercado venezolano, pero cuando los números no dan no dan, al final esto termina en detrimento de la gente, nos deja en un lugar comprometido donde la oferta de bienes es poca y donde la eficiencia de estos activos en la gestión obrera y en manos del Gobierno no ha sido una buena experiencia”, agrega.
Para García la respuesta de Maduro es netamente política, algo que ha definido su línea hacia el sector privado. La realidad de Kellogg’s se traslada a otros sectores, que durante 2018 han alertado sobre las dificultades que tienen para operar.
Invadidos por el tren
A todo este rosario de problemas se suma que, según revelaron fuentes ligadas a la empresa, Kellogg’s era una de las compañías que desde hace varios años venía pagando ‘vacuna’ al llamado Tren de Aragua, el principal cartel delictivo de la entidad, que terminó por minar al sindicato.
Señalan los informantes que cuando a finales del año pasado Kellogg’s se negó a seguir pagando a los delincuentes manejados desde la cárcel de Tocorón, comenzaron los conflictos laborales con paralizaciones de planta, sabotaje a equipos, exigencias de beneficios por encima de lo estipulado en contrato e incluso amenazas de muerte a empleados, lo que terminó por hacer inmanejable la conflictividad interna.
«Al parecer allí estaba metida la maño del crimen organizado», acotó uno de los informantes que por razones de seguridad personal prefiere el anonimato, y quien asegura que esta situación se repite en otras empresas de Aragua, cuyos sindicatos habrían sido infiltrados por delegados del mayor cartel criminal de la región.
Más de lo mismo
Kellogg’s no es la primera transnacional que abandona el país por la inviabilidad de sus operaciones. También están los casos de Clorox (productos de limpieza), Kimberly-Clark (papeles de higiene personal) y Geneal Motors (el mayor fabricante de autos del país), cuyas casas matrices prefirieron dar por perdidas sus propiedades en Venezuela (algunas de ellas valoradas en varios centenares de millones de dólares) que seguir produciendo a pérdida.
Al respecto, la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), Marcela Máspero, rechazó que otra empresa haya tenido que recurrir al cierre inmediato por la imposibilidad de mantener sus operaciones agobiadas por la grave crisis que enfrenta, alegando que en el caso de Kellogg’s todo indica que irá al fracaso como en otras oportunidades.
«Ya basta de nacionalizaciones e intervenciones que solo han servido para destruir el aparo productivo nacional. Kimberly-Clark fue un fracaso y lo mismo ocurrirá ahora», dijo, recordando que el caso de la papelera sus trabajadores perdieron todos los derechos laborales alcanzado en la contratación colectiva.
«Les arrebataron todos los beneficios de ley y ahora solo tienen lo básico. Pero los trabajadores ya se están revelando contra esto, desde el pasado 1° de mayo ha subido la conflictividad porque estamos reclamando nuestros derechos», dijo.
Clorox
Esta compañía resultó expropiada en septiembre de 2014 por el Gobierno nacional, luego de que anunciara el fin de sus operaciones en Venezuela.
Dos años después la producción de Clorox de Venezuela en su planta de Guacara, era de un 50% a 30%.
La materia prima de Clorox (cloro gas, polietileno y la soda cáustica) provenía principalmente de la estatal Pequiven, sin embargo, la producción de esta compañía también se ha visto mermada en los últimos años.
El equipo de TalCual intentó conseguir algunos comentarios de la empresa, pero no hubo respuesta.
En 2016 el secretario de Finanzas del sindicato de esa compañía, Sadio Román, denunció que llevaban dos años con el contrato suspendido y un año sin recibir beneficios laborales.
“Los aumentos que hemos recibido han sido por decreto presidencial” manifestaba, además explicaba que llevaban dos años sin recibir uniformes ni botas para trabajar.
Kimberly-Clark
En julio de 2016 el Gobierno comunicó al país la expropiación de Kimberly-Clark Venezuela, luego de que esta informara el cierre de las oficinas en Caracas, junto con las de la planta y el Centro de Distribución de Maracay.
En aquel entonces dijo que “después de años en los que la compañía ha procurado hacer frente a complicadas circunstancias más allá de su control” se iba del país.
El ministro del Trabajo en ese momento era Oswaldo Vera, quien informó que la compañía volvía a abrir sus puertas para “proteger a los trabajadores”.
Este 2018 la empresa estadounidense introdujo una demanda contra Venezuela en el centro de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) por la confiscación de su fábrica en julio de 2016.
General Motors
En abril de 2017 General Motors se unió a la larga lista de empresas que han abandonado Venezuela, con la confiscación “de forma inesperada por las autoridades públicas, impidiendo las operaciones normales”.
Ya desde 2015 la compañía se encontraba paralizada ante la falta de insumos y dificultades para ensamblar los automóviles. Motors era el fabricante de autos más antiguo del país al establecerse en 1948.
La medida afectó entonces a sus 2.678 empleados, sus 79 concesionarios, según declaró la empresa en su momento.
