FIDH y Provea alertan sobre agravamiento de la crisis en Venezuela por la covid-19
Ambas organizaciones solicitan a la Comunidad Internacional múltiples acciones, entre ellas, lograr un acuerdo humanitario urgente que facilite la ayuda y detenga el agravamiento de la emergencia humanitaria
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertan sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela tras la llegada del coronavirus, entre otras razones que ya existían en el país antes de la pandemia. Este jueves 2 de junio, las organizaciones publicaron un informe llamado «La emergencia humanitaria compleja de Venezuela se agrava por efecto del covid-19: Comunidad Internacional debe impulsar acuerdos humanitarios urgentes que promuevan soluciones a la crisis alimentaria y sanitaria», donde exponen la realidad venezolana.
La covid-19 llegó a Venezuela en un contexto caracterizado por la Emergencia Humanitaria Compleja, en medio de la migración más alta de la región y con un gobierno que ejerce de manera autoritaria, que restringe libertades, aumenta los controles sociales y la represión; características que se han acentuado durante la cuarentena por el coronavirus.
En febrero de este año, el Programa Mundial de Alimentos indicó que más de nueve millones de venezolanos no pueden acceder a los alimentos, a pesar de que estén disponibles en el país, por la hiperinflación. Asimismo, señaló que 60% de la población ha tenido que recortar las raciones de comida, cuatro de diez hogares padece cortes eléctricos y agua. Una de cada tres personas en Venezuela tiene dificultad para llevar comida a su hogar y consumir los mínimos nutricionales necesarios.
El desplome de la economía venezolana y esta realidad, que conllevó a la crisis humanitaria desde el año 2014, se está agravando en medio de los efectos de la covid-19; lo que hace los venezolanos mucho más vulnerables.
Desde 2019, Venezuela comenzó a recibir ayuda humanitaria para mejorar la situación de salud de la población. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha apoyado con capacitación, medicamentos y programas de vacunación. Igualmente, ha hecho la Cruz Roja Internacional apoyando a centros de salud, donando insumos. Sin embargo, Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, ha dicho que Venezuela solo ha recibido 10% de los fondos solicitados para atender la emergencia en salud y asegura que esto ha sido por falta de voluntad de la comunidad internacional; por lo tanto, los programas no pueden llegar a toda la comunidad que los necesita.
Las medidas de confinamiento no solo han afectado a los venezolanos en su país, sino que los migrantes se han visto en la obligación de regresarse a Venezuela por haber quedado desempleados; lo que los hace mucho más vulnerables de contraer covid-19, mientras que las familias que contaban con remesas las han visto disminuir o desaparecer.
En medio de esta situación, desde que inició la cuarentena, el pasado 6 de marzo, ha aumentado al estigmatización, los ataques y la criminalización de los defensores de derechos humanos, incluyendo a los periodistas, con un patrón de persecución y hostigamiento en contra de los críticos del gobierno.
*Lea también Bachelet: Persiste un patrón de detenciones forzosas y torturas en Venezuela
Criminalización de los enfermos
Las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que a pesar de que las medidas tomadas por el Ejecutivo nacional han ayudado a ralentizar el contagio de la covid-19 en el territorio venezolano, aún queda mucho por hacer en materia de salud, justo cuando la curva de contagio comienza a iniciar su ascenso y, cuando paradójicamente, se decretó una flexiblización de la cuarentena en junio, mezclada con una radicalización.
Hasta este 2 de julio, en Venezuela se contabilizan 6062 casos de coronavirus y 54 fallecidos, según la información oficial y una de las mayores preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil es «la estigmatización y criminalización de los enfermos, quienes se convierten en culpables de propagar la enfermedad; lo cual constituye una violación de sus derechos», se expone en el informe de FIDH y Provea.
Estas organizaciones señalan que más allá de la cuarentena y al realización de pruebas, «el gobierno no ha diseñado políticas amplias de prevención ni de aumento de la capacidad hospitalaria en caso de aumento exponencial de los casos»; por lo cual consideran necesario «impulsar acuerdos humanitarios urgentes que promuevan soluciones a la crisis alimentaria y sanitaria».
Peticiones a la Comunidad Internacional
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Provea afirman que en Venezuela es imprescindible la restitución de la democracia y del Estado de Derecho para que se detengan las violaciones a los derechos humanos y para que se amplíen los acuerdos para enfrentar las múltiples causas de la Emergencia Humanitaria Compleja; por lo cual, piden a la comunidad internacional múltiples acciones:
- Mantener los esfuerzo diplomáticos para promover una salida negociada, pacífica, democrática y constitucional a la crisis política venezolana. En ese sentido, los esfuerzos diplomáticos deben favorecer los espacios multilaterales de coordinación y negociación en lugar de sanciones internacionales sectoriales.
- Pedimos a la Unión Europea que continúe apoyando a los venezolanos y que reactive las gestiones del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para responder en urgencia a los retrocesos institucionales que están ocurriendo y que hacen imposibles elecciones libres y transparentes.
- Piden a Enrique Iglesias, enviado especial de la Unión Europea, retomar los contactos entre el gobierno de Maduro y la oposición, suspendidos a inicios de marzo por las restricciones ocasionadas por la pandemia del coronavirus.
- Al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, le piden acentuar más su rol, buscando apoyo en otras organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, para tomar medidas que ayuden a reducir las tensiones en Venezuela.
- Actuar en un esfuerzo colectivo para lograr un acuerdo humanitario urgente entre los actores políticos y sociales de Venezuela para facilitar la ayuda internacional y detener el agravamiento de la emergencia humanitaria y evitar la hambruna proyectada por la Organización Mundial de Alimentos.
- Velar porque la asistencia humanitaria no sea instrumentalizada políticamente ni por el gobierno presidido por Nicolás Maduro ni por la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.
- Monitorear la situación humanitaria en Venezuela y su posible agravamiento durante la pandemia a través de informes independientes de instituciones multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos.
- Incluir a Venezuela en los programas de emergencia diseñados para atender las consecuencias de la pandemia, como el programa de ONU Hábitat, del cual Venezuela fue excluida. Igualmente, permitir el ingreso a Venezuela del Programa de Alimentos y potenciar el trabajo de las organizaciones humanitarias en el terreno para apoyar la atención de la epidemia ante la precaridad del sistema de salud y de los servicios públicos en el país.
- Exigir al gobierno de Nicolás Maduro que suministre información técnica verídica y de manera transparente, producto de un debate nacional con actores científicos y personal de la salud especializado.
- Exigir al oficialismo que se abstenga de perseguir a dirigentes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos que documentan de forma independiente la situación del país.
