Asamblea de Maduro abre la puerta a elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldes
Ante la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro compareció Tarek William Saab para presentar el informe de gestión del Ministero Público. Luego, los parlamentarios aprobaron en primera discusión de la Ley Derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales
La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro surgida de los comicios del 6 de diciembre aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.
De ser aprobada de forma definitiva la derogatoria de la norma, el Parlamento rojo abre la posibilidad de que en este año 2021 se realicen unas megaelecciones para escoger a los 335 alcaldes, 23 gobernadores y posiblemente los parlamentos regionales del país.
Esto fue ratificado por el presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez, quien explicó que la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales impedía que se pudieran hacer megaelecciones, pues en ella está establecido que estos comicios deben hacerse en fechas diferentes.
A su juicio, la AN «sirve de forma sabia la mesa para la fiesta democrática electoral que se suscitará este 2021, donde escogeremos alcaldes, gobernadores y, si así lo permite la evaluación técnica, los entes parlamentarios de las categorías regionales y municipales».
Rodríguez no descartó que tras el acuerdo se genere algún tipo de medidas contra diputados, pues aseveró que esto ocurre cada vez que el Parlamento llega a consensos.
Recordó que este 25 de febrero termina el lapso para que venezolanos presenten sus postulación para el cargo de rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Al respecto, rememoró que esta sería la primera vez en 15 años que las autoridades del ente rector son designadas desde el Legislativo.
«Fíjense cómo esta nueva AN viene allanando el camino y retirando los obstáculos para que pueda haber cada vez mas participación del pueblo», dijo.
Sobre la derogatoria de la ley, el presidente de la comisión de Política Interior de la AN de Maduro, Pedro Carreño, reiteró que en 2010 esta ley sirvió para atender una coyuntura política en la nación, pero que en la actualidad presenta una «traba» para abrir causes a la participación.
Con Rodríguez y Carreño coincidieron los diputados Javier Segovia y Ricardo Sánchez. Segovia, señaló que el megaevento comicial permitirá al país entrar en un proceso de reconciliación y atención a la crisis política.
Por su parte, Ricardo Sánchez afirmó que la aprobación, en primera discusión de la derogatoria, es el resultado de meses de conversaciones, negociaciones, diálogos y entendimientos serios y discretos, aunque difíciles. A su juicio, significa el compromiso de la AN roja de facilitar las condiciones de mayor participación de la ciudadanía.
«Queremos apoyar la derogatoria porque creemos que facilitará las condiciones para que el nuevo CNE tenga el voto de confianza para organizar unas elecciones y que sea el pueblo quien decida quiénes serán sus gobernadores y alcaldes», agregó.
Sánchez fue enfático al aseverar que el país se cansó de la violencia y no se doblegará ante amenazas de embargo y bloqueo como medio para defender las ideas.
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Saab se congratula ante esa Asamblea
Pese a los serios cuestionamientos de organismos multilaterales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el fiscal general designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, se jactó de que el Ministerio Público (MP) y el sistema de justicia son baluarte de la nación y garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Según Saab, el MP garantiza la estabilidad democrática del país y la preminencia de los derechos humanos. El fiscal hizo esta aseveración dejando a un lado las denuncias que se han hecho desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos fundamentales por parte del Estado venezolano o el dictamen de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2020, en el que manifestaron la existencia de motivos para creer que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad que han contado con el apoyo de las más altas autoridades, incluyendo al propio Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa.
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Durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro, electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre, para presentar el balance de su gestión en el año 2020, el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente expuso que el año pasado se elevó la Dirección de Derechos Fundamentales a la categoría de Dirección General de Protección de Derechos Humanos, con el objetivo de profundizar la lucha contra estos delitos.
Tarek William Saab, destacó que fue creada la oficina nacional para la atención a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, precisó que entre 2017 y 2020 fueron imputados 677 funcionarios de seguridad y 39 civiles por presuntas violaciones a los derechos fundamentales. De acuerdo a lo señalado por Saab por estos casos fueron aprehendidos 519 funcionarios de distintos organismos y 29 particulares.
«En este período fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos contemplados en nuestra legislación», añadió.
Aclaró que el MP logró la condenatoria contra 171 funcionarios de seguridad y 13 civiles. A su juicio, estas son cifras que hablan de un esfuerzo con el que afirmó se busca dar ejemplo e inhibir a cualquier funcionario de abusar y atentar contra la integridad o la vida de los ciudadanos.
Tarek William Saab recaló que los datos presentados están expuestos en los informes entregados a la Corte Penal Internacional y la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, sobre el gobierno pesa el señalamiento de Bachelet en septiembre del 2019 de que no mostraba voluntad de atender la petición de disolver las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Saab reiteró que en 2020 se reunió con la Fiscal de la Corte Penal Internacional y se le envió un informe de respuesta a sus solicitudes de información. Informó que en febrero de este año su oficina envió un segundo informe para ampliar la información presentada previamente.
«Con la excusa de colocar a Venezuela como Estado violador de derechos humanos se ha pretendido segregarnos, sancionarnos y hasta invadirnos. Sabemos cómo demostrar la labor del Estado para enfrentar la violación de DDHH», alardeó.
Tarek William Saab también se refirió a la supuesta actuación que el Ministerio Público ha ejercido para hacer frente a los delitos de violencia contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes. Precisó que la institución tiene 72 oficinas fiscales especializadas en la atención e investigación penal de los delitos de violencia contra la mujer.
«Desde nuestra llegada al Ministerio Público se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Durante la actual gestión, además, el Ministerio Público ha conocido 610 casos de femicidio, de los cuales más del 50% ha recibido acto conclusivo», precisó.
Lucha contra el narcotráfico
Desde el Palacio Federal Legislativo, Saab aseguró que su trabajo frente al MP se ha centrado, supuestamente, en la lucha contra mafias del narcotráfico. Al respecto, fustigó al gobierno de Colombia por supuestamente permitir la producción de estupefacientes.
«A Venezuela le ha tocado como vecino un narcoestado, primer productor de cocaína del mundo, que además se ha constituido en un centro de conspiración contra nuestra democracia. No es coincidencia, ambas cuestiones están vinculadas. Las mafias del narcotráfico colombiano están directamente involucradas en el financiamiento y protección de grupos terroristas que pretenden atacar a Venezuela», agregó.
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El fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente detalló que desde agosto del 2017 hasta diciembre de 2020 fueron presentadas 15.431 acusaciones y se ha condenado a 5.930 personas por tráfico de drogas en sus distintas modalidades.
Por otra parte, destacó que fue creada la oficina para combatir delitos de la delincuencia organizada y la oficina contra al extorsión y prevención de legitimación de capitales. También se refirió a la creación de la fiscalías especializadas para combatir e investigar los delitos de trata de niños y mujeres.
Saab recicla los cuentos
Saab recicló los supuestos intentos de golpes para derrocar al gobernante Nicolás Maduro en la presentación de su memoria y cuenta a la plenaria de la Asamblea de mayoría chavista. Recordó que en 2017, cuando llegó al Ministerio Público (MP), encontró una institución en la que supuestamente estaba instalada la impunidad. Señaló a la exfiscal Luisa Ortega Díaz de permitir la quema de ciudadanos y acciones de calle violentas dirigidas por presuntos grupos irregulares que habrían estado entrenados para «matar».
El funcionario rememoró el supuesto intento de magnicidio de agosto del 2018. «Allí pudo haber ocurrido una masacre que hubiese cegado la vida de aproximadamente cien personas, incluso el alto mando cívico-militar», agregó.
Otros de los hechos reciclados por Saab fue el «madrugonazo» del 30 de abril del 2019, sobre esto precisó que la Fiscalía identificó a 63 personas a las que se le dictó orden de aprehensión. También recordó la llamada «operación Gedeón», perpetrada en mayo del 2020.
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Las propuestas
Saab tildó de necesario que se conforme una mesa interinstitucional para abordar el retardo procesal en la nación. Afirmó que esto fue planteado a la Asamblea Nacional electa en 2015. Así como también, la propuesta de construir nuevos centros de detención preventiva y centros de reclusión.
El fiscal informó que ha sido presentado el proyecto de ley para Incorporar Nuevos Derechos Humanos y otros proyectos en aras de desarrollar derechos específicos y relacionados a la defensa del ambiente y contra el maltrato animal.
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El proyecto de ley de Responsabilidad Empresarial en materia de Derechos Humanos, para Sancionar Delitos Cometidos a Campesinos, Pescadores e Indígenas que Buscan Desplazarlos de sus Hábitats; para Optar Voluntariamente a una Muerte Digna en Caso de Personas que Presenten Enfermedades Terminales o de Extremo Dolor Permanente y la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, fueron otros de los planteamientos expuestos por el fiscal.
Además, develó que el 24 de febrero presentó ante la Comisión de Política Interior un proyecto de ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal.
«También impulsamos, a través de la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, la propuesta de reforma a la Ley Penal del Ambiente, ya que se determinó que las sanciones tipificadas en ella no son acordes al perjuicio producido», dijo.
En este sentido, recordó que desde julio de 2020, los fiscales con competencia en materia ambiental conocen los casos relativos a fauna doméstica, lo cual antes era conocido por Fiscalías Municipales.
Asamblea aplaude a China
Este 25 de febrero la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre, aprobó por un Proyecto de Acuerdo en respaldo a la Integridad Territorial de la República Popular China.
El proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado Saúl Ortega, quien señaló que la nación asiática ha enfrentado históricamente a potencias coloniales como Inglaterra, Francia, Japón y Estados Unidos. A su juicio, fue gracias a la conducción del Partido Comunista de China y al ejército de liberación que en la actualidad es una nación soberana e independiente.
El proyecto de Acuerdo, leído por Ortega, destaca los lazos sociales, culturales, económicos y políticos que unen a China y Venezuela, cuya política exterior resaltan los principios de paz, seguridad internacional y solidaridad entre los pueblos.
Tras ser aprobado el acuerdo, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, ordenó se envíen comunicaciones al presidente de la Asamblea de China, al secretario general de la ONU, y la conformación de un comisión, que quedó integrada por los diputados Saúl Ortega, María Rosa Jiménez, José Gregorio Correa y Fernando Soto Rojas, para que se dirijan al embajador de China en Venezuela para entregar el acuerdo.
“Esta es una forma en la que esta Asamblea de Venezuela y el pueblo de Venezuela expresa su apoyo irrestricto a una potencia que demuestra que se puede ser una potencia para la paz. Que la supremacía en temas económicos no implica necesariamente subyugar a otros pueblos del mundo, sino que muy por el contrario, a acompañarlos en la solidaridad, acompañarlos en el crecimiento y la construcción del futuro”, dijo.
