Fiscal Tarek, una vida humana vale más que una iguana

No por remota y poco visible que sea una localidad en el mapa político-territorial del país sus pobladores, aunque sean poquitos, tienen menos derechos que el resto de los venezolanos. La Constitución garantiza el derecho a la vida, al trabajo, a la seguridad y, entre otros muchos, a acceder a los medios para ganarse la vida a todos quienes habitamos en Venezuela, hayamos nacido en ella o no.

Es probable que la gran mayoría de los venezolanos no haya oído nombrar ni sepan donde queda Isla de Toas. Pero si se hace una encuesta entre sus escasos 9 mil habitantes sobre los derechos constitucionales enunciados arriba, el 100 % de los isleños estará de acuerdo en que a ellos también los amparan, aunque tal vez desde este viernes 16 de julio algunos comienzan a dudarlo.

Ese día fue un nuevo viacrucis por la  búsqueda de la gasolina.  Isla de Toas no es Caracas, donde usted pasó penurias para llenar el tanque de gasolina, pero después puede dejar el auto en el estacionamiento del edificio hasta que venga una causa de fuerza mayor. En Isla de Toas, allá en la boca del Lago de Maracaibo, todos los días son de fuerza mayor.

De modo que si usted no puede llenar el motorcito fuera de borda de su lancha no pesca. No habrá palometas, ni curvinas, ni bocachicos que negociar o al menos freir. Si no tiene pesca ni ingresos no come. Es natural que cunda la desesperación cuando el combustible no llega. Se armó la trifulca, la población se echó a la calle y la respuesta de los uniformados (unos dicen GNB  y otros “guardia costera”) fue plomo. José Luis Albornoz Paz, de apenas 18 años, se llamaba ese venezolano que ahora no volverá a echarse a la mar ni caminar jovialmente entre los vecinos de su pueblo.

Buscando una versión oficial de lo ocurrido acudimos a las cuentas de tuiter del Ministerio Público y a la personal de Tarek William Saab.  A las 24 horas del suceso no había nada en ninguna de las dos. Había si una imputación por un maltrato a un perro mascota en el Estado Bolívar, y otra porque en Táchira alguien cazó una  iguana y “la torturó”. Dice el tuit como un agravante que esa especie está en extinción. Qué raro, pues esos animales campeaban silvestres a lo ancho y largo de Venezuela. Habrá, en todo caso, una depredación en estos tiempos de hambre.

Es de celebrar que la Fiscalía se preocupe por alguna clase de tortura, aunque sea la que le infligen a las iguanas. Pero forzosamente nos sentimos en el deber de recordárselo: Fiscal, una vida humana vale más que una iguana…