Fiscalía de Perú allanó residencia de la presidenta por investigación sobre corrupción
La Resolución Nº 01, que autoriza el allanamiento a la residencia de la presidenta de Perú establece que el registro tendría como fin «la incautación de los relojes Rolex y documentos que guarden relación con los delitos investigados»
Un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional de Perú allanó en la noche del viernes 29 de marzo la residencia de la presidenta Dina Boluarte, en un operativo que forma parte de una investigación que afronta la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito.
Videos difundidos en medios de comunicación peruanos muestran cómo las autoridades tocaron la puerta varias veces y, tras no recibir respuesta, rompieron la cerradura para forzar su ingreso.
Según la prensa peruana, Boluarte no se encontraba en su casa, ubicada en el distrito Surquillo, en Lima. Las autoridades encontraron solo a uno de los hijos de la gobernante.
Aunque no se han difundido los resultados del allanamiento, se conoce que la operación fue aprobada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, tras un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena.
La fiscalía acusa a Boluarte de enriquecerse de manera ilícita, bajo la premisa de que ha omitido consignar declaraciones sobre sus pertenencias en documentos entregados a la justicia peruana.
Los medios han denominado la investigación como «Caso Rolex», debido a que las sospechas surgieron por las ostentosas prendas que porta la mandataria, especialmente un reloj Rolex que se estima en unos 15.000 soles, equivalentes a unos 4.000 dólares.
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La Resolución Nº 01, que autoriza el allanamiento, establece que el registro tendría como fin «la incautación de los relojes Rolex y documentos que guarden relación con los delitos investigados», de acuerdo con el documento publicado por La República.
El accionar de la Fiscalía generó respuestas por parte del gabinete de Boluarte. Su primer ministro, Gustavo Adrianzén, consideró que el allanamiento contemplaba un «atropello a la dignidad» de la presidenta.
«Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia de la república y a la nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales», declaró a la radio peruana RPP.
Según el jefe del gabinete, Boluarte se encontraba en su residencia dentro de palacio de gobierno al momento de los allanamientos y «brindará declaraciones a la fiscalía cuando se la convoque».
En caso de que fuera acusada formalmente, la presidenta solo podrá ser sometida a juicio cuando termine su mandato en julio de 2026, según la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de destitución de Boluarte desde el Congreso, bajo el alegato de «incapacidad moral».
