Fiscalía de Perú puede pedir 31 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo
El Ministerio Público de Perú prevé solicitar una pena de más de 30 años contra el expresidente Pedro Castillo por delitos de corrupción. Además de acusarle de estar mezclado en el escándalo del puente Tarata III, apunto a que el exmandatario se reunió con el dueño de una empresa petrolera días antes de que Petroperú firmara un acuerdo con la compañía
La Fiscalía de Perú, por medio del fiscal general, Heider Terán, proyecta pedir a la justicia de la nación andina una pena de 31 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos relacionados con corrupción.
El Ministerio Público, que ya había pedido el 28 de febrero prisión preventiva de 36 meses contra Castillo mientras se le sigue una investigación adicional por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, señala que el exmandatario estuvo detrás de obras de gran envergadura para otorgar concesiones como la del Puente Tarata III.
También se le acusa de haber redirigido unas obras de saneamiento por el orden de los 500 millones de soles que estaban dentro de un decreto de emergencia y de participar en el contrato suscrito por Petroperú con la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) para la compra de biodiésel por 74 millones de dólares.
Según el portal Perú21, el dueño de HPO se reunió con Castillo días antes y con el entonces gerente general de la empresa estatal Hugo Chávez Arévalo. Por ello, la Fiscalía de Perú estima que por organización criminal se le impongan 18 años y cuatro meses; tráfico de influencias agravado, seis años y ocho meses; y colusión, seis años y cuatro meses.
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En esta investigación también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes también se ha solicitado la prisión preventiva.
Por su parte, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, expresó que el exmandatario quiere declarar presencialmente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano sobre el caso ‘Anguía’, que implica presuntas contrataciones irregulares en obras durante su administración.
Pachas dijo que la ley faculta a su cliente a ser escuchado ante las autoridades de forma presencial. Sin embargo, Hugo Chang, administrador del penal de Barbadillo (donde está recluido Castillo) dijo en una audiencia virtual ante la instancia legislativa que Castillo no quiso presentarse este miércoles 1° de marzo por medio de vías electrónicas.
«No se ha apersonado. No ha llegado. Él ha manifestado que no va a participar. Se le ha conminado y ha indicado que no va a participar», dijo según indicó RPP.
