Fiscalía pide al TSJ aclarar si Voluntad Popular es una organización terrorista
Voluntad Popular ya se encontraba inhabilitado por el CNE al no participar en la jornada de validación celebrada en enero de 2018
El fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, acudió este lunes 25 de mayo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar al Poder Judicial que se determine si Voluntad Popular, al que pertenece el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, es realmente un partido político o una organización terrorista.
Saab introdujo un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del TSJ, donde pide una aclaratoria de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, luego de considerar que la tolda naranja tiene una «historia criminal» y por consecuencia «debe ser disuelta» y recibir sanciones por ello.
Recordó que Voluntad Popular fue aceptado formalmente por el Consejo Nacional Electoral en enero de 2011, proveniente de un movimiento fundado por el líder político Leopoldo López dos años antes, cuando en 2009 existía «Tradición, Familia y Propiedad». Acusó además que varios de sus integrantes respaldaron el golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez en 2002.
«A pesar de este antecedente, a Voluntad Popular se le dio la oportunidad de participar en los comicios nacionales, regionales y municipales en el marco de la democracia participativa que propugna nuestra Carta Magna», resaltó Saab.
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Indicó que ese partido acudió a las elecciones de 2012, que fueron ganadas por Chávez. También estuvo presente en los comicios de 2013, cuando Nicolás Maduro ganó el evento electoral, año en el que a su juicio inició una inclinación a la violencia » hasta convertirse en una organización dedicada al ataque y destrucción del Estado», haciendo énfasis en «La Salida» y derivó en las protestas de 2014 que produjeron más de 40 fallecidos y que culminó con la entrega voluntaria de López a las autoridades.
Denunció que esas prácticas volvieron a ocurrir en 2017, cuando se generaron nuevas protestas contra el régimen de Maduro y donde más de 140 personas murieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado y de grupos armados.
Aseveró que el 23 de enero de 2019 la organización política fue a una nueva fase cuando el diputado Juan Guaidó recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional entonces, se «autoproclamó para un cargo que no existe, que no lo establece la Constitución ni alguna Ley Orgánica. A éste sujeto lo eligió un tuit desde los Estados Unidos».
Refiere que desde entonces, tanto Guaidó como Voluntad Popular, se han ido «apropiando» de activos de la República en el extranjero como Citgo y Monómeros, respaldados por EEUU que «utiliza a apátridas venezolanos para que le hagan el trabajo sucio de entregar nuestros bienes».
Posteriormente enfatizó que con el dinero de estas compañías se buscó financiar la llamada Operación Gedeón con el fin de derrocar a Nicolás Maduro del poder, ante la imposibilidad de derrotar al mandatario en las urnas.
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«Esta organización, Voluntad Popular, lo que ha buscado en plena pandemia es hacer estallar a Venezuela, ya vimos como promovieron que DirecTV se fuera del país», dijo.
Responsabilizó al partido de ser los responsables de elementos que se registran en el país como la falta de alimentos y medicinas, de la dificultad para recibir aditivos químicos para producir gasolina, entre otras cosas.
Voluntad Popular fue inhabilitado como partido político en enero de 2018 por el Consejo Nacional Electoral al no participar del proceso de renovación de partidos que se había llevado a cabo a mediados del citado mes. En esa oportunidad, se argumentó que habían venido de un evento similar reciente donde recibieron el visto bueno de las autoridades para continuar con su labor política.
Entonces, también quedaron por fuera los partidos Primero Justicia, Puente y la Mesa de la Unidad Democrática.
