Flexibilizar sanciones requiere condiciones para evitar acciones abusivas y proteger recursos
Analistas sostienen que las modificaciones a las sanciones petroleras que resulten de la aprobación de nuevas licencias para que las petroleras extranjeras negocien con Pdvsa, deben ir acompañadas de condiciones que aseguren el respeto de los derechos humanos y de la propiedad privada por parte de la administración de Maduro
La flexibilización de las sanciones financieras y/o petroleras debe ir acompañada de una serie de condiciones que aseguren la protección de los recursos que se generen por las exportaciones, pero también que eviten las acciones abusivas que dieron paso a las restricciones de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea contra la administración de Nicolás Maduro.
Analistas presentes en el foro «Venezuela se pregunta: ¿Hay que levantar las sanciones?», organizado por el portal La Gran Aldea, coinciden en que un alivio de las sanciones petroleras generará mayores ingresos al país, pero que debe haber garantía de que éstos recursos se destinen a mejorar la vida de los venezolanos y no que se desvíen en hechos irregulares o de corrupción.
Luis Pacheco, miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice en EEUU, calcula que con un levantamiento de las sanciones el impacto será muy bajo, pero que Venezuela podría en un plazo de 18 meses incrementar su producción petrolera en 200.000 barriles diarios (b/d), y no más, debido a la poca capacidad que tiene la industria estatal. El país produce actualmente alrededor de 700.000 b/d de crudo.
«Es poco el volumen considerando el potencial que tiene Venezuela, pero es física y técnicamente imposible que una flexibilización tenga un gran impacto sobre el país. Es positivo, ya que de aprobarse la licencia las compañías podrán enviar crudo a Estados Unidos y esto beneficiaría al gobierno norteamericano desde el punto de vista del tema energético. Para el régimen venezolano también sería positivo porque estaría recibiendo dinero adicional, pero ¿cómo hacemos para atraer a los inversionistas con el actual entramado legal del país?«, acota.
Pacheco sostiene que los ingresos adicionales que se perciban por la autorización de nuevas licencias es un incentivo muy importante para la administración de Maduro para negociar, pero también para obtener ciertas concesiones. Sin embargo, considera que es necesario regular esos ingresos adicionales. Recalcó que hasta la fecha, nadie, al menos en el Gobierno norteamericano, ha hablado de levantar las sanciones sino de flexibilizarlas. Pero que se debe evaluar lo qué se puede esperar y mantener claras las expectativas.
«No me queda claro que es lo que están haciendo, hablan en la prensa de una licencia para que las empresas petroleras extranjeras puedan conversar con Pdvsa, pero no agregan mucho más. Todavía creo que el jurado está deliberando», indicó el ingeniero quien fue presidente de la junta ad hoc de Pdvsa.
Para el economista Francisco Rodríguez existe un alto nivel de incertidumbre sobre lo qué pasará si se levantan las sanciones, pero calcula que en una primera instancia y tomando en cuenta los 200.000 b/d que prevé Pacheco, la medida agregaría un monto aproximado de 7.000 millones de dólares de mantenerse un promedio del precio del petróleo en 90 dólares. Explica además que con una flexibilización ya no se vendería el crudo venezolano con descuento. Sin embargo, considera que en las discusiones que se llevan a cabo sobre las sanciones se garantice la de estos recursos.
«Confío en que la flexibilización se de dentro de un marco regulatorio para asegurar que los recursos sean utilizados para atender las necesidades del pueblo. Será una tragedia que esos ingresos sean llevados solo por las compañías, que sean manejados secretamente por Maduro porque es cierto que el gobierno se vea tentado a desviar los recursos para sus fines, pero también es cierto que la oposición exija que sean destinados adecuadamente», indicó el economista.
Rodríguez también considera que en este momento lo que está planteado es la flexibilización de las sanciones. «La discusión no es de levantamiento de la medida. Lo importante es que esas flexibilizaciones se den en un marco normativo, regulatorio».
En esto coincide el abogado José Ignacio Hernández, miembro visitante del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, quien agregó que su mayor preocupación es saber cuáles son las condiciones técnicas para aprobar la licencia, ya que ésta requiere de exigencias que contribuyan a erradicar las conductas abusivas y que ayuden a aliviar el sufrimiento de los venezolanos.
«Hay que recordar que las sanciones tienen costos, pero también beneficios, como por ejemplo la protección de los activos. Algo que no es del agrado de algunos tenedores de bonos», apuntó.
Destaca Hernández que más que flexibilizar la medida, se espera que sean aprobadas licencias que se pueden otorgar en el marco de las sanciones.
«Las sanciones tienen como primer objetivo hacer mas costoso a los regímenes realizar conductas relacionadas a la violación de los derechos humanos, el irrespeto a la institucionalidad y la corrupción internacional. Es por ello que los ingresos que se deriven de una flexibilización deben ser utilizados para el bien común, y no para seguir financiando esas conductas abusivas», dijo el exprocurador del gobierno interino.
A juicio de Hernández, las sanciones no son la restricción más vinculante a la economía venezolana, sino su economía predatoria, y hasta tanto eso no cambie, levantar las sanciones ayudará solo a un grupo de personas y no redundará en un crecimiento estable. «Yo no sé en qué momento se dejó de hablar de la corrupción, de la violación de derechos humanos y más, sino al levantamiento de las sanciones. Si lo que se quiere es que le economía crezca, hay que atender las restricciones más vinculantes».
Sobre la crisis de Venezuela y el impacto de las sanciones, Francisco Rodríguez insiste en que el país había tenido caídas anteriores en su Producto Interno Bruto (PIB), pero nada en la magnitud actual. En términos de contracciones mundiales, la de Venezuela es la sexta más alta y la segunda más alta en tiempos de paz. Recordó que la primera parte de la crisis (2012-2016) la causó la caída de los precios del petróleo «en una economía muy mal manejada, eso está claro. Pero luego vino otra desde el 2017 (sanciones)».
«Cuando uno sabe que el producto que generaba más del 95% del ingreso de divisas venezolanos, cayó en 90%, entonces no es sorprendente que este país haya tenido la contracción que vemos. Venezuela era un país que le vendía petróleo al mundo por 100.000 millones de dólares al año. No era un país rico en términos de bienestar de los venezolanos, pero sí en ingresos. Las sanciones financieras de 2017, las petroleras de 2019 y las secundarias de 2020, están todas asociadas con caídas de la producción petrolera», apuntó.
Hernández responde que en los últimos 20 años hubo una serie de medidas por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que fueron el caldo de cultivo para la crisis venezolana, entre ellas, la destrucción de los mecanismos de mercado, el déficit de divisas por el control de cambio, el control de precios, la pérdida de la violencia legítima del territorio (Arco Minero), «y un Estado fallido cuyas débiles instituciones han sido cooptadas por el crimen organizado. Esos son los puntos que dañan a Venezuela».
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Afirma el abogado que hasta tanto no se reconstruyan mecanismos de mercado y derechos económicos, en Venezuela no habrá crecimiento económico. «Aquí se ha invertido el orden de los factores, se le pide al gobierno de Estados Unidos, pero no al régimen en Venezuela».
