Foro Penal contabiliza 348 presos políticos al #29Sep
El balance del Foro Penal se da luego de varios días de protesta en diversos estados del país para exigir mejores servicios públicos
La ONG Foro Penal presentó este martes 29 de septiembre su más reciente balance respecto a la cifra de presos políticos en Venezuela, el cual elevó a 348 el número total de las personas detenidas por delitos de conciencia. Según sus registros, no se había detectado fluctuación en el dígito desde el día 15, cuando se tenían 334 en todo el país.
Lo que quiere decir que se incrementó en 14 el número de presos políticos en Venezuela.
A la fecha, hay unos 324 arrestados del sexo masculino y 24 correspondientes al sexo femenino. Si la cifra se divide en el número de civiles y militares, los dígitos apuntan a que hay en las cárceles 221 civiles y 127 militares presos por delitos de conciencia.
Todavía se mantienen dos adolescentes presos por estas razones.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 29/09/2020 por Foro Penal:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 348
Hombres: 324
Mujeres: 24Civiles: 221
Militares: 127Adultos: 346
Adolescentes: 2#Infografia #Balance #29S @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos pic.twitter.com/pjQ1nXUdBR— Foro Penal (@ForoPenal) September 29, 2020
Al comparar este boletín con el referido el 21 de septiembre, se contabilizaban 312 hombres y 22 mujeres; 207 civiles y 127 efectivos castrenses. Eso evidencia que los detenidos suman 12 hombres y dos mujeres.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 21/09/2020 por Foro Penal:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 334
Hombres: 312
Mujeres: 22Civiles: 207
Militares: 127Adultos: 332
Adolescentes: 2#Infografia #Balance #21S @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos pic.twitter.com/0qxkKkaKRa— Foro Penal (@ForoPenal) September 21, 2020
El boletín del Foro Penal se registra luego de varios días de protestas en diferentes estados del país por la exigencia de mejores servicios públicos y por la escasez de gasolina que agobia a la nación. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVSC) contabilizó 76 manifestaciones solo el lunes 28 de septiembre.
Maduro firmó un «indulto» el 31 de agosto que «benefició» a 110 presos políticos, reconociendo posteriormente que lo hizo para alentar la participación en las elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, el Foro Penal dijo entonces que solo se habían realmente beneficiado tan solo el 13% de ese número.
También se produce un aumento en los presos políticos días después que la Misión Internacional de Verificación Independiente de la ONU, que investiga los casos de violación de DDHH en Venezuela desde 2014, emitiera un comunicado el 16 de septiembre para informar que tanto el mandatario Nicolás Maduro, como varios funcionarios de su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, vía comunicado.
El informe fue ampliamente criticado por el sector oficial, argumentando que el mismo es una «piratería jurídica» y que el informe buscaba torpedear el proceso de diálogo con la representación de la Unión Europea para que tuviera impacto en el Grupo de Contacto Internacional en el contexto de la realización del venidero proceso electoral del 6 de diciembre.
Luego, el 25 de septiembre, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una nueva actualización de su informe sobre los DDHH en Venezuela, al manifestar que desde marzo -durante la vigencia del estado de alarma en el país- «He seguido documentando casos de represión de protestas pacíficas (…) incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, la deficiencias de servicios públicos y escasez de gasolina. Registramos las muertes de dos personas en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometidas por seguridad», alertó y dijo que el Ministerio Público ha abierto investigación al respecto.
También sugirió que mejoren los contactos de los privados de libertad con sus abogados y familiares, al igual que considera pertinente que se estudie la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la cárcel.
Eso provocó que nuevamente la administración de Nicolás Maduro continuara en su campaña contra el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, al presentar un documento llamado «La Verdad de Venezuela contra la infamia» para desestimar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país.
Desde la sede del Ministerio Público, el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, y el canciller Jorge Arreaza dijo que «somos los responsables de investigar y sancionar cualquier forma de violación a los derechos humanos», y por ello su informe «es necesario e importante, porque dará para otra narrativas con base en la realidad. Con acciones judiciales, acusaciones, imputaciones y sanciones contra violadores de derechos humanos».
