#Forochat | Jueces de paz: qué rol jugaran y cuál es su ámbito de acción
El promotor comunitario, Elías Santana, habló sobre las elecciones de los jueces de paz, la evaluación del desempeño de los jueces, su formación, los mecanismos de resolución de conflictos que manejan, las garantías de sus sentencias, la agenda pendiente y un análisis del proceso electoral.
La reciente elección de jueces de paz en Venezuela, marcada por la premura y la falta de preparación, ha expuesto la necesidad de una mayor participación ciudadana y una mejor formación para estos funcionarios. La figura del juez de paz, que surge de la sociedad civil, tiene el potencial de acercar la justicia a las comunidades, siempre y cuando se garantice su independencia y se le brinde el apoyo necesario, explicó Elías Santana, promotor comunitario, director de Radio Comunidad y de la Escuela de Ciudadanos.
Los jueces de paz forman parte de un “entramado institucional del denominado Poder Popular”, comenta Elías Santana, que incluye comités y consejos de justicia de paz comunal. El promotor comunitario agrega que, “Los jueces de paz para ser electos no tienen como requisito tener una formación como profesionales del derecho o universitaria o un nivel académico de ningún tipo”, y que esto delega en la sociedad la responsabilidad de capacitarlos.
“Queda entonces en manos de la sociedad el dotar a los jueces de las herramientas, de la capacitación, del entrenamiento necesario para su mejor desempeño”, dice Elías Santana.
Aun así, la ley establece un mandato para que el Ministerio de Educación incorpore conocimientos sobre resolución alternativa de conflictos y justicia de paz en sus programas y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Coordinación Nacional de Justicia de Paz Comunal del TSJ, en conjunto con la Escuela Nacional de la Magistratura, diseñará los programas de formación inicial y continua. Los jueces deben completar esta formación antes de asumir su cargo
El promotor comunitario agrega que “Antes de tomar posesión del cargo, ellos deben realizar el programa de formación y capacitación inicial en justicia de paz comunal y en materia de derechos humanos” y que se observa la iniciativa de la sociedad civil en ofrecer diplomados complementarios, como el que ofrece Elías Santana desde micondominio.com en alianza con la Unitec sobre convivencia comunitaria.
Por otra parte, para el experto, las elecciones de esta nueva figura fueron realizadas con una premura excesiva, lo que limitó la preparación y la participación ciudadana y, además fue vista como improvisada, pues no estaban listos los reglamentos, protocolos ni el Plan Nacional, el cual “ni se sabe cómo se va a aplicar”, según explica el promotor comunitario.
Santana añade que fue un grave error el desdibujar la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE), al crear un ente electoral paralelo, y que se perdió la percepción de imparcialidad porque el proceso estuvo influenciado únicamente por la fuerza política del gobierno.
“Un factor de riesgo muy importante que una sola fuerza política y un entramado institucional eran los que estaban listos para un proceso de un mes. Y eso de alguna manera tiñó al proceso electoral y a sus resultados de un color, de una parcialidad partidista”, declara Elías Santana.
Entre las funciones principales de esta nueva figura, Santana destaca que la ley les otorga tres mecanismos fundamentales:
- Conciliación: Las partes plantean sus puntos de vista y el juez facilita el diálogo para llegar a un acuerdo, sin intervenir excesivamente en la decisión.
- Mediación: El juez interviene más activamente para ayudar a identificar puntos de controversia y promover un acuerdo, participando activamente para lograr la reconciliación.
- Arbitraje de equidad: El juez decide sobre la controversia basándose en la proporcionalidad y condiciones de cada una de las partes involucradas.
El juez deberá basar su decisión en el principio constitucional de justicia social y las leyes aplicables. Santana añade que esta figura puede dictar sentencias en nombre de la República y con la autoridad de la ley e incluso, si una parte no cumpliese lo acordado, “El juez de paz ordenará la ejecución forzosa, pudiendo solicitar el apoyo de los órganos de seguridad ciudadana”, dice el director de Radio Comunidad.
De los acuerdos, Santana comenta que estos pueden suspenderse mediante una negociación de las partes o llegar a acuerdos voluntarios para su cumplimiento. También, las sentencias dictadas por los jueces de paz podrán impugnarse dentro de los primeros tres días hábiles tras dictar la decisión, con excepciones para casos patrimoniales o constitucionales, y las impugnaciones deberán llevarse a un juez municipal o al Consejo de Justicia de Paz Comunal.
Sobre la rendición de cuentas, Santana explica que esta es obligatoria, según el artículo 11 de la ley, y debe hacerse cada seis meses en asambleas con los ciudadanos con el fin de lograr la transparencia de la gestión. Además, los jueces de paz deben elaborar un informe de gestión y enviar una copia a la Coordinación Nacional de Justicia de Paz Comunal del TSJ.
Igualmente, asevera que la evaluación más importante del desempeño de estos jueces proviene de la comunidad a la que pertenecen, por lo que hay una gran cuota de responsabilidad que recae en la sociedad.
Elías Santana, declara que aún quedan asuntos por definir tras las elecciones, pues falta el diseño del Plan Formativo Nacional, determinar la compensación económica mínima de los jueces de paz y que el TSJ y el ministerio aprueben los reglamentos y resoluciones de forma clara y precisa, especificando la dedicación parcial de los jueces, su derecho a descanso y vacaciones.
«Es muy importante que el TSJ y el ministerio se tome la tarea de aprobar los reglamentos, las resoluciones y los protocolos necesarios para el desempeño», comenta Santana.
Se espera que estos jueces comiencen a operar a finales del primer trimestre de 2025, lo que, según Santana, requiere una reconsideración de la política oficial respecto a la figura del juez de paz y de la toma de iniciativas por parte de la sociedad civil para mantener un diálogo con el Estado e influir en el desempeño de los jueves y en futuras legislaciones.
El promotor comunitario finaliza diciendo que “El reto para 2025 es restablecer la conexión entre los jueces de paz y los gobiernos locales, asegurando su independencia y fomentando una verdadera representación ciudadana.”
