FundaRedes documentó 644 homicidios en seis estados fronterizos en 2022
FundaRedes exigió la liberación de su director general, Javier Tarazona, quien está detenido desde el 2 de julio de 2021, cuando denunciaba en la sede del Ministerio Público actos de hostigamiento y amenazas en su contra por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Advirtieron que de no ser atendido su caso, podría ser uno más de la lista de los 11 presos políticos que han fallecido tras las rejas»
La organización no gubernamental FundaRedes documentó 644 homicidios en los estados fronterizos Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. «De ese total, 209 personas; es decir, 32% de las víctimas murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad. 574 eran hombres y 70 mujeres; de ellos 36 eran niñas, niños y/o adolescentes», detalla el informe 2022.
FundaRedes también evidenció que en estos estados persiste la lucha por el control del territorio por parte de los grupos armados irregulares; «cuya presencia y actividad en la zona es cada día más intensa, ante la mirada ausente, y muchas veces complaciente de las autoridades venezolanas».
En Zulia se observó un crecimiento de las bandas delincuenciales y esta ONG aseguró que «se ha convertido en el estado fronterizo más violento. El año pasado se registraron al menos 18 bandas «con alto poder de fuego» en 2022. De la misma manera, se registró un aumento de los hechos vinculados al narcotráfico en esta entidad; lo que incide en los índices de violencia y criminalidad.
FundaRedes encontró en Táchira que la violencia se continúa consolidando por medio del movimiento constante de personas por las trochas.
El año pasado se registraron 76 homicidios; de los cuales, 13 fueron cometidos en estos pasos ilegales; lo que a juicio de la ONG, «dejó en evidencia la violencia en esta zona, debido a la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua; actores criminales que se disputan el control del territorio fronterizo y son responsables de muertes en las trochas».
Por su parte, en el estado Apure se encontró que diversas facciones de las guerrillas (Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) mantienen una disputa desde el 2021 por el control del territorio; lo que ha causado muertes en las confrontaciones.
En Bolívar, donde se encuentra el Arco Minero del Orinoco, también «es un espacio inundado por la violencia y la violación de los derechos humanos».
FundaRedes condena que en medio de estos conflictos armados, el Estado no esté protegiendo a la población civil que no es partícipe de estas acciones bélicas. También recuerda que los eventos generados de violencia se extienden a otros estados no fronterizos.
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334 desapariciones y/o secuestros
En los seis estados fronterizos donde trabaja FundaRedes el año pasado contabilizaron 334 desapariciones/yo secuestros. 245 de las víctimas eran hombres, 80 son mujeres y de nueve no hay identificación de género».
La mayoría de las mujeres se trasladaron a la frontera en busca de oportunidades laborales o para emigrar hacia otros países de la región; pero «organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, así como grupos armados irregulares y bandas delincuenciales, mediante ofertas engañosas las captan y someten a trabajos forzosos y prostitución», aseguró el informe.
En este sentido, Fundaredes también enfatizó que la migración favorece las desapariciones forzadas. La ONG observó la tendencia creciente de los casos de desapariciones forzadas; especialmente con los secuestros en los últimos tres aos.
El número de personas desaparecidas durante 2022 reflejó un importante incremento de este delito en comparación con 2021, cuando hubo reportes de 309 personas desaparecidas y/o secuestradas.
Liberación de Javier Tarazona
FundaRedes condenó todas las detenciones arbitrarias cometidas por el Estado venezolano, que corresponden a violaciones a los derechos humanos, y exigió la liberación Javier Tarazona, director general de esta ONG, quien fue detenido el 2 de julio de 2021 en estado Falcón, cuando estaba en la sede del Ministerio Público denunciando actos de hostigamiento y amenazas en su contra por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
De la misma manera, la organización advirtió que a Tarazona se le sigue violando la dignidad humana, al igual que a los demás presos políticos del país, y alertó que de no ser puesto en libertad «y no atenderse su caso, podría ser uno más de la lista de los 11 presos políticos que han fallecido tras las rejas».
A su vez, se detalló que Javier Tarazona, calificado como «preso de conciencia» ha sido víctima de desaparición forzada, detención arbitraria, privación ilegítima de su libertad e incluso de torturas como asfixia mecánica y golpes. Aseguraron que dentro del Helicoide le han suministrado sustancias estupefacientes para obtener información en contra de su voluntad, insistiendo en que su estado de salud se deteriora con el paso de los días, debido a enfermedades cardiovasculares y respiratorias que requieren asistencia médica permanente.
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