Gerentes de Pdvsa acusados de espionaje han sido torturados, aseguran familiares
Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, gerentes de Pdvsa aprehendidos y señalados de entregar información confidencial a EEUU, ha sido vejados: a la primera la dejaron varios días en un cuarto con aire acondicionado a máxima potencia, y el segundo tiene problemas de visión por una substancia vertida en el rostro
El pasado 2 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro informó sobre la detención de dos gerentes de Pdvsa señalados de entregar información confidencial sobre la compañía a los EEUU, lo que habría obrado a favor de las sanciones y demás medidas tomadas por esa nación contra la principal industria venezolana. A dos meses de su detención, los familiares de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos insisten en que ambos son inocentes y denuncian que han sido sometidos a torturas y tratos crueles, mientras el proceso judicial está paralizado debido a la medida de cuarentena por el nuevo coronavirus.
Torrealba y Chirinos, los dos gerentes de Pdvsa acusados de espionaje son pareja. Ambos se encuentran recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pero no han podido establecer contacto permanente con sus familiares y abogados.
A cada uno, sus parientes los han podido ver una sola vez desde que están presos. A Alfredo, su madre, padre y hermanas lo vieron por media hora, con un custodio cerca y una cámara encima, en medio de la puerta de una oficina donde entraban y salían funcionarios amedrentando, mostrando armas y esposas, según contó a TalCual su hermana Iracara Chirinos, quien a pesar de considerar que tal actitud no es una política de Estado, señaló que en esas instituciones «algunas personas están cometiendo abuso de poder».
De hecho, resaltó que la detención se produjo de manera irregular cuando no se había emitido una orden de captura por parte de un tribunal.
Torturados
En esa visita, que se produjo el 7 de marzo, los familiares de Alfredo Chirinos pudieron comprobar que había sido sometido a torturas. «Su costado, espalda y abdomen estaban todos morados y la cara quemada», recuerda Iracara. El acusado les contó que por 48 horas fue sometido a tratos crueles.
“Lo golpearon y le metieron la cabeza en una bolsa a la que le echaban un químico que lo dejó ciego por 24 horas; él pensó que no iba a ver más. Tenía los ojos rojos y la cara y las orejas se le estaban pelando», rememora con tristeza. En esos dos días, Alfredo no recibió ni comida ni agua, solo golpes hasta desmayar, aseguró.
Agregó que, en medio de las torturas a las que sometían a Alfredo, le mostraron a éste una supuesta visa norteamericana. Ella afirma que su hermano «ni pasaporte tenía», y que justamente un mes antes de la detención, el departamento de Recursos Humanos de Pdvsa le tramitó un pasaporte especial de servicio para que viajara por asuntos de trabajo, pese a su negativa de ir al extranjero a representar a la estatal porque decía que a él no le correspondía.
Por su parte, Aryenis Torrealba manifestó estar sufriendo de ataques de pánico debido al confinamiento al cual está siendo sometida. “Estuvo cuatro días en una oficina solo con una silla y con el aire acondicionado al máximo, con un poco de comida y agua”, indicó Iracara.
Para ambos, la defensora pública solicitó revisión forense, pero esto no se ha concretado.
Mala alimentación
Los dos funcionarios estuvieron casi ocho días con la misma ropa. Siete días después de la detención, se permitió el ingreso de ropa y colchonetas. Las pocas veces que se han comunicado por teléfono han pedido que se les lleve más comida y chucherías, porque en la Dgcim les dan poco alimento, mayormente carbohidratos. No obstante, cuando los familiares llevan comida, no permiten su ingreso.
Iracara Chirinos señaló que las normas que se siguen en la Dirección General de Contrainteligencia Militar son tan absurdas que una de ellas estipula que los hombres solo pueden hacer llamadas a líneas de Cantv y las mujeres a celulares. Debido a esto, la comunicación con Alfredo ha sido más complicada, porque su familia no cuenta con telefonía fija. Aryenis sí ha podido comunicarse unas pocas veces más porque uno de sus familiares tiene teléfono celular.
Hace más de 18 días Alfredo puedo llamar a casa de su suegro y entre lo poco que alcanzó a decir, indicó está muy delgado por la mala alimentación. Para ambas familias, la situación es sumamente difícil y hasta ahora no han podido constatar si los han vuelto a torturar.
«No es mucho lo que pueden decir, pero es que ellos llaman de una central de cubículos dónde hay cámaras y custodios», describe Iracara, quien pudo ver el lugar el día que visitó a su hermano.
«La Dgcim tiene unas normas muy locas que van contra los derechos humanos», insiste Iracara, quien sostuvo que esa dependencia del ministerio de Interior y Justicia acusó de agentes de la CIA a unos trabajadores de la estatal petrolera a quienes ni siquiera había investigado.
Pide a los funcionarios de la Dgcim, en nombre de las familias de los dos gerentes de Pdvsa que, en vista de que no hay visitas por el coronavirus, se les permita hacer llamadas telefónicas de forma más constante, «ya que la voz dice mucho y uno les puede transmitir ánimo».
Familiares de Alfredo Chirinos denuncian las #torturas a las que ha sido sometido. Presidente @NicolasMaduro debe conocer esta situación. Basta de silencio de @MinpublicoVE @TarekWiliamSaab @Defensoria_Vzla pic.twitter.com/WxgAAWhghZ
— @marypilih (@marypilih) May 29, 2020
En bicicleta a sus trabajos
Los dos gerentes de Pdvsa ni siquiera eran titulares de sus cargos porque nunca apareció una designación en Gaceta Oficial, por lo que siempre estuvieron en condición de encargados.
Iracara Chirinos contó que los dos trabajadores tenían un salario de 900.000 bolívares mensuales, a lo que se agregaba el bono de alimentación. Asimismo, explicó que fue hace poco más de un año que les asignaron esos puestos ante la ausencia de personal especializado y debido a sus conocimientos en el área “y no por ser personal de confianza ni de Rafael Ramírez, ni de Eulogio del Pino, ni de Nelson Martínez, ni de Manuel Quevedo” (los presidentes que se han sucedido en la compañía hasta el momento de la detención).
Resaltó que Torrealba y Chirinos habían contado a sus parientes en varias ocasiones que cuando Quevedo asumió la administración les aseguró que no conocía «nada» del tema petrolero, y que ambos se encargaron de explicarle un poco las operaciones para que tuviera los conocimientos necesarios como presidente de Pdvsa. Tiempo después, a ellos se les llevó a ocupar esos cargos.
Por todo ello, los familiares de ambos funcionarios rechazan que la Comisión Alí Rodríguez Araque, encargada de la reestructuración de Pdvsa, dijera que ambos ostentaban los cargos de gerentes. Unas personas que ni siquiera tienen vehículo propio y se trasladaban a la empresa en bicicleta. De hecho, a Alfredo le fue robada su bicicleta del estacionamiento de la estatal.
Tres cajas Clap
La detención de ambos gerentes de Pdvsa fue una de las primeras medidas de Tareck El Aissami luego de ser designado por Nicolás Maduro como presidente de una comisión reestructuradora de Pdvsa en febrero pasado. La compañía se encuentra en una situación delicada por la baja considerable en la producción de crudo, así como por las sanciones a la comercialización de su producto por parte de EEUU y países de Europa, que incluso han llegado a interceptar cargamentos de crudo que logra vender.
Iracara Chirinos fue enfática al afirmar que las irregularidades que rodean al caso desde que se los llevaron a la sede de la Dgcim se deben a que existe «un complot, una orden para que no los defiendan, para que haya retardo procesal y, mientras tanto, siguen ahí detenidos injustamente, sin derecho a la defensa«. Indicó que las familias de los dos gerentes creen que no los dejan defenderse porque las autoridades saben que son inocentes y que nunca se prestaron para actos de corrupción.
En este sentido, cuenta que hace dos años su hermano Alfredo fue amenazado de muerte por uno de sus superiores y que esto se produjo «porque no se dejaron sobornar, porque no prestaron sus firmas para cuestiones ilícitas, para empresas de maletín».
De igual manera, indicó que tanto Alfredo, quien trabajaba como gerente de operaciones especiales, como Aryenis Torrealba, quien se desempeñaba como gerente de operaciones de crudo, siempre fueron firmes en su posición anticorrupción, lo que les hizo tener «encontronazos» con jefes y compañeros de labores.
«En una reunión, uno de los jefes, le metió unos empujones y le dijo: ‘Mira carajito, me las vas a pagar. Te voy a matar’. Y se lo dijo delante de la gente, pero mi hermano decía que la verdad lo asistía en su actuar», detalla Iracara, quien añadió que en una ocasión los intentaron sobornar con otorgarles tres cajas CLAP mensuales en vez de una.
A todo esto, la información «confidencial» que según Néstor Reverol los acusados habrían entregado a EEUU, fue publicada en febrero de 2019 en la página web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y es manejada por más de 50.000 trabajadores de la estatal petrolera.
Proceso viciado
Los Torrealba y los Chirinos han manifestado su rechazo a que Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea constituyente, haya dicho que Aryenis y Alfredo se declararon culpables. «Todo está muy viciado. Eso es totalmente falso, el Fiscal está muy mal informado del caso. Ellos se mantienen con la moral en alto y son inocentes«, aseguró Iracara en nombre de sus parientes.
Añadió que ninguno de los implicados ha sido interrogado ni una sola vez. «Mientras torturaban a mi hermano en la Dgcim le pedían que se declarara culpable, pero jamás lo interrogaron ni le preguntaron nada de hechos de corrupción o de pase de información a nadie. Aryenis tampoco ha sido interrogada, a pesar de que ella preguntó cuándo lo harían».
La única vez que los llevaron a los tribunales -abundó- fue la noche del 2 de marzo y la juez Carol Padilla, del Tribunal 20 de Control Primero de Terrorismo, les negó el derecho a un abogado privado. Se les asignó una abogada de guardia, llamada Hanoi Navarro, defensora pública número 48. Han transcurrido más de 45 días y, por el decreto de emergencia por el coronavirus, todo está detenido y ni siquiera se ha permitido la solicitud de ingreso de una abogada privada.
La abogada que espera hacer la defensa de Aryenis y Alfredo ha ido en varias oportunidades a la Dgcim para que ambos firmen un documento con su designación, pero se han negado a recibirlo alegando que «el personal no se encuentra presente».
«Aún no hemos tenido acceso al expediente, ni siquiera la defensora pública; siempre ha estado en manos de la juez. Nosotros no sabemos quién acusa ni qué dice allí. Lo poco que sabemos es lo que nos dijo la defensora pública porque se lo sacamos con cucharilla, porque Navarro tampoco mostró ética de querer defender, ni siquiera nos quiso dar su número de teléfono y aunque tiene los nuestros, jamás hemos recibido una llamada de esa señora», expone Iracara Chirinos.
A pesar de lo turbio del caso, los Chirinos y los Torrealba tienen esperanza en la justicia y en «la verdad revolucionaria» y no solo para que se demuestre que los gerentes de Pdvsa Alfredo y Aryenis son inocentes, sino para que «paguen los verdaderos culpables de la corrupción y la quiebra de Pdvsa porque da indignación que los muchachos paguen como traidores a la patria; lo cual es absurdo», sostiene Iracara.
Carta rojita
En su afán por conseguir justicia, las familias también enviaron una carta al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello, solicitándole una audiencia, ya que el padre de Alfredo Chirinos es constituyente por el estado Barinas. «Estamos esperando respuestas de estas diligencias», dice Iracara.
Tanto la familia de Alfredo Chirinos como la de Aryenis Torralba aseguran que han sido militantes de izquierda desde la llegada de Chávez al poder y, actualmente, apoyan a Nicolás Maduro y, en especial, su decisión de combatir la corrupción “siempre y cuando lo haga apegado a las leyes, a la Constitución y al debido proceso”, acota Iracara.
«Tenemos confianza en que el gobierno pueda escucharnos, pueda interceder, revisar el caso y darse cuenta de que hay violación a la Constitución y al Código Procesal porque todo el proceso está viciado», dice Iracara a pesar de los silencios oficiales.
Aunque tienen las esperanzas en la verdadera justicia y en los altos funcionarios del gobierno, a juicio de Iracara Chirinos en este caso lo que existe es «saña porque fueron piedra de tranca y estorbo para corruptelas y empresas de maletín de Pdvsa. Eso es todo lo que hay ahí».
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