¡Gobernadores temblad!, por Teodoro Petkoff
De las recientes invectivas de Yo-El-Supremo contra quienes se han atrevido a condicionar su entrada al PSUV, y en particular de la cascada de insultos proferidos contra Ramón Martínez, gobernador de Sucre, una cosa queda clara: en la reforma constitucional que se adelanta en secreto, aparte de la consagración de la presidencia perpetua, lo otro que seguramente quedará establecido será la transformación de las gobernaciones de los estados en meras secretarías del poder central, totalmente carentes de la autonomía relativa de que hoy gozan. Cuidado si no regresamos a los tiempos anteriores a 1989, cuando los mandatarios regionales eran designados por el Presidente.
Si no se diera tamaño salto atrás, lo que sí no parece imposible es que se cree un mecanismo para que el Presidente pueda destituir a los gobernadores de manera expeditiva, sin la tramitación que hoy impone la Constitución para tales eventualidades. Está visto que Chávez no quiere en las gobernaciones sino clones de Juan Barreto o de cualquiera de esos yes men, vulgo sigüises, que fungen de funcionarios públicos, ya sea elegidos o designados.
Mediante un pase de prestidigitación política, Chávez igualó al ciudadano y militante político Ramón Martínez, opinando sobre la creación de un partido político, con el gobernador de Sucre, Ramón Martínez, quien, según el Verbo Mayor, con su opinión fungiría de jefe de una “republiquita” autónoma, que “desafía” al poder central. Chávez ha tenido los riñones de pedir que Ramón Martínez sea revocado no porque su gestión como gobernador pudiera merecer esa suerte sino sencillamente porque ha expresado una opinión divergente de la suya. Para Yo-El-Supremo, pues, una opinión que ponga en cuestión su pensamiento, en cualquier materia, en este caso sobre el PSUV, que sólo atañe a sus dolientes y que nada tiene que ver con la administración del estado Sucre, sería un delito de lesa patria, que compromete la condición del atrevido como gobernador de un estado. Según esta concepción del poder, no puede ser gobernador de un estado —o alcalde de un municipio— quien sostenga opiniones distintas a las del jefe del Estado en cualquier tema. A este paso, quien no sea magallanero, no podrá ser gobernador de estado ni alcalde. Nadie en posiciones de mando político tiene derecho a sostener opiniones diferentes a las del Gran Opinador de la comarca. Allí están Didalco Bolívar, a quien no lo salva ni el apellido, y Ramón Martínez, como emblemas vivientes de la suerte que aguarda a quien ose disentir del Supremo.
El concepto de descentralización y el proceso que lo acompañó hasta 1998, pasmado durante los años del desenvolvimiento autocrático del poder político, parece, pues, condenado a la reversión. La nueva Constitución, que será “la mejor del mundo” hasta nuevo aviso, remachará los clavos del autocratismo: el poder concentrado en una y única persona, sin contrapesos institucionales de ninguna índole. Definitivamente, se nos quiere imponer la tiranía ejercida en nombre de la mayoría.
