Gobierno afinca persecución y vigilancia del enemigo interno en redes sociales
El gobierno arrrecia la persecución contra la disidencia y esto incluye la vigilancia de los mensajes que se difunden a través de las redes sociales. Defensores de derechos humanos señalan que se imputan delitos de la Ley Contra el Odio que no permiten la imposición de medidas sustitutivas
El gobierno afianza la persecución y el control del enemigo interno. Aunque la detención de la disidencia no es una acción nueva del régimen de Nicolás Maduro, en los últimos días los métodos de persecución se basan en el seguimiento de los mensajes telefónicos y publicaciones en las redes sociales.
Este patrón se ha aplicado para dirigentes sindicales, trabajadores de la salud, periodistas, y otros ciudadanos. El mecanismo arrecia en tiempos de covid-19 y muchas de las detenciones han sido realizadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“La persecución del gobierno hacia cualquier ciudadano es recurrente. Pero ahora, además, se utiliza la situación del covid-19 como otro medio para que la gente no opine, y se intervienen las comunicaciones privadas. Llegamos a mayores niveles de represión, a un mayor control social y a reforzar la figura del enemigo interno como política de Estado”, advierte Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Para Mairis Balza, coordinadora de la Comisión para los Derechos Humanos y La Ciudadanía (Codehciou), la teoría del enemigo interno es aplicada por el gobierno con la finalidad de causar terror. Al mismo tiempo, expresa, el objetivo es enviar un mensaje ejemplarizante que disuada la protesta o la expresión disidente. La persecución se ejecuta también contra quienes refieran o reproduzcan mensajes relacionados con funcionarios del entorno de Maduro.
Alí Daniels añade que otro cariz de la persecución es la aplicación de la Ley Contra el Odio. Esta norma, acota, prevé sanciones muy altas e incluso penas de prisión de hasta por 20 años.
Persecución y control
El director de Acceso a la Justicia señala que la aplicación de la figura del enemigo interno trae consigo la violación del debido proceso y del derecho a la defensa. Entre finales de marzo y principios de abril de 2020, en Bolívar, la persecución tuvo como blanco a Elio Mendoza, trabajador de la planta de pellas en Sidor, y a Tania Rodríguez, extrabajadora de Ferrominera del Orinoco.
En la lista de las más recientes persecuciones también figura la bioanalista Andrea Sayago (Trujillo), por difundir información sobre el covid-19. Asimismo, Darelis Mercedes Corales Cabeza (Portuguesa), detenida por, presuntamente, haberle enviado un mensaje de texto a la esposa de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a quien la Dgcim allanó la vivienda el 27 de marzo.
También, Poliyaracuy detuvo a una mujer que grabó información sobre un supuesto caso del coronavirus. A finales de marzo, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron al periodista Darwinson Rojas, a quien fueron a buscar a su casa tras publicar un tuit en el que indicó cifras adicionales sobre el coronavirus.
Darelis Mercedes Corales Cabeza cumple este domingo, 5 de abril, nueve días detenida. Sobre su persona pesa una imputación por delitos de odio desde el pasado 29 de marzo, cuando fue presentada por la Fiscalía… https://t.co/GqqJtgRhOa
— Pableysa Ostos (@PableOstos) April 6, 2020
A Mendoza y a Rodríguez se les imputaron delitos por opinar o por reproducir mensajes. El proceso avanza sin una investigación previa y bien fundamentada.
En ese sentido, Alí Daniels puntualiza que, si se da una investigación ajustada a derecho, lo procedente es que los acusados, que no tienen ningún prontuario, sean juzgados en libertad. “Además nadie puede ser procesado por la fiel reproducción de un mensaje”, enfatiza. Otro aspecto señalado por el activista es que el gobierno persigue por la información que se emite sobre el covid-19. “El decreto de estado de alarma no prevé sanciones por su incumplimiento”, subraya.
La Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, en su artículo 7 numeral 11, expresamente establece que uno de los derechos que es garantizado bajo estado de excepción es el derecho al debido proceso.
Por su parte, Mairis Balza, refiere que en el caso de Elio Mendoza y de Tania Rodríguez se trata de trabajadores muy activos en la denuncia de las irregularidades y el desmantelamiento de las empresas básicas. Además, los acusados han desnudado la desmejora de las condiciones laborales.
Aunque Rodríguez actualmente no trabaja en Ferrominera, Balza refiere que queda evidenciado que la política de persecución sistemática no tiene tregua. Elio Mendoza fue detenido el 2 de abril por funcionarios de la Dgcim. Sin orden de citación ni captura, Mendoza, de 53 años, trabajador con 30 años de servicio, fue apresado bajo engaño, denunciaron familiares.
“Se imputan delitos de la Ley Contra el Odio que no permiten la imposición de medidas sustitutivas. En el caso de Elio Mendoza esto está claro porque se le imputa instigación al odio y difamación contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. Todo esto se impone de forma desproporcionada cuando el origen del mensaje, además, no fue el señor Mendoza”, subraya Balza.
https://twitter.com/Codehciu/status/1246197758312304641?s=20
Balza advierte que este tiempo de vigencia de estado de alarma, es particularmente peligroso para el derecho de expresión. «Hay claramente una vigilancia de la disidencia al extremo de criminalizar un reenvío de mensaje o la expresión de descontento. El estado de alarma no puede entenderse como una patente de corso para intimidar, perseguir, encarcelar a la disidencia”.
Situación de vulnerabilidad
La coordinadora de Codehciou señala que en medio de la persecución del Estado, los ciudadanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de miedo infundado. “Quién puede tener certeza de con quiénes comparte mensajes”, refiere.
Insiste en que la exigencia al Estado es que ofrezca las garantías constitucionales. “Que no haya abusos y que se respete el debido proceso. Aún en Estados de excepción, por mandato constitucional y por vía de obligaciones de tratados, el debido proceso no puede ser restringido. Esto es fundamental para el resguardo de derechos”, subraya.
El pasado 4 de abril, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que «la dictadura sigue imponiendo un patrón de violación del debido proceso y derecho a la defensa obstaculizando la posibilidad que los detenidos puedan ser defendidos por abogados privados de su confianza. No se permite que los abogados hablen con las personas detenidas. Así se impone abogados públicos, se impide a familiares y abogados presenciar las audiencias, no se le permite al detenido revisar el expediente».
La Intersectorial de Trabajadores de Guayana denunció el 3 de abril la detención de Tania Rodríguez, de Ferromimera del Orinoco por el envío de un mensaje contra la primera dama de la república, Cilia Flores. A Rodríguez le dieron arresto domiciliario, pero no hay claridad sobre los delitos que le imputaron, en tanto corre el plazo para que la Fiscalía, en un periodo de 45 días, presente los actos conclusivos.
#ITGuayana: El régimen de #Maduro arremete con los trabajadores de #Guayana. Tania Rodriguez de Ferrominera Orinoco fue secuestrada por el #DGCIM esta tarde; según porque reenvío un mensaje en contra Cilia Flores. Exigimos su liberación ya! @ONU_derechos @mbachelet @Watcher_Ven pic.twitter.com/tV9weaCaNa
— Intersectorial de Trabajadores de Guayana (@ITGuayana) April 4, 2020
Noel Hernández, coordinador de la Intersectorial de los Trabajadores de Guayana, refiere que en el caso de Tania Rodríguez no se le permitió defensa privada y se le impuso un defensor público.
“A Tania Rodríguez no se le permitió defensa privada y por eso desconocemos cuáles son los cargos formulados. A Elio Mendoza lo mantienen en la comandancia de la Policía de Guaiparo, en San Félix, un centro de coordinación policial de alta peligrosidad que no reúne las condiciones mínimas de reclusión, tenemos por su integridad física”, dice.
Aunque inicialmente se dijo que Tania Rodríguez había sido detenida por la Dgcim, Noel Hernández indica que se la llevó una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), adscrito a la Guardia Nacional (GN).
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“A todos, compañeros, les aviso: tengo aquí a una gente del Conas, los estoy grabando, están en una patrulla, armados todos, supuestamente ellos dicen que tienen una orden de tribunal para llevarme. Les aviso para que estén pendientes de mi seguridad y todo lo que tenga que ver conmigo, con mi integridad física”, advirtió Tania Rodrìguez a otros trabajadores.
Vigilancia en tiempos del covid-19
Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) rechaza el patrón de persecución del gobierno de Nicolás Maduro que tiene un nuevo capítulo en medio de la alarma por covid-19. Advierte que los delitos contra la opinión vulneran el artículo 57 de la Constitución.
“Desde el inicio de la cuarentena se reconoce el acento represivo del gobierno, a todo aquel que se atreva a suministrar datos sobre la pandemia de covid- 19 en nuestro país. Con la intención de presentar una imagen nacional e internacional de controlar la situación, se pretende desde el poder difundir una sola versión como propietaria de la verdad, mediante las cadenas presidenciales y los partes informativos gubernamentales”, indica Barrios.
Añade que a esto obedece la persecución contra representantes del sector salud y periodistas, entre otros. Refiere el dirigente sindical el caso de Andrea Sayago, bioanalista del Hospital Central de Valera, quien fue detenida el 3 de abril y obligada a renunciar a su cargo, por tomar foto a la orden de exámenes de una paciente que dio positivo al covid-19 y denunciar la presencia de la enfermedad en otras regiones del estado Trujillo.
De acuerdo con Espacio Público, la primera dama del estado Trujillo y presidenta de la Fundación Trujillana para la Salud, Jacqueline Peñaloza, ordenó la detención de la bioanalista Sayago por publicar una orden de exámenes a una paciente con covid-19 en un grupo de WhatsApp.
#DenunciaEP | La Primera Dama del estado #Trujillo y Presidenta de la Fundación Trujillana para la Salud, Jacqueline Peñaloza, ordenó la detención de la bioanalista Andrea Sayago por publicar una orden de exámenes a una paciente con #Covid19 en un grupo de WhatsApp el #4abr pic.twitter.com/H4ZGHvX9GH
— Espacio Público (@espaciopublico) April 6, 2020
Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, informó que a Sayago se le dictó arresto domiciliario de conformidad con el artículo 242, numeral 1º, del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Además, a la profesional de la salud se le imputó supuesto “uso indebido de información privilegiada a cargo de funcionario público”.
Asimismo, Froilán Barrios rechazó, entre otros casos, la persecución contra el periodista Darwinson Rojas, quien fue detenido sin orden judicial. Rojas fue excarcelado después de 12 días, el dos de abril, y acusado de instigación al odio, publicar información falsa y promover desestabilización.
Liberado con medidas cautelares el periodista Darvinson Rojas, quién nunca debió ser secuestrado arbitrariamente y juzgado por delitos que no cometió.
Informar no es un delito, es un derecho humano universal. Exigimos libertad plena para Darvinson. pic.twitter.com/kjnNjQctSR
— PROVEA (@_Provea) April 3, 2020
Más de 55 perseguidos
Noel Hernández, coordinador de la Intersectorial de los Trabajadores de Guayana, afirma que asciende a más de 55 los trabajadores de las empresas básicas de Guayana perseguidos por el gobierno desde septiembre de 2018. En julio de 2019, Tania Rodríguez fue despedida de Ferrominera por participar en protestas promovidas por Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).
González tiene más de un año y cuatro meses preso en un ala militar de la cárcel La Pica, en Monagas. Fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional (FAN).
“Está claro que el gobierno pretende amedrentar a toda la dirigencia sindical que se ha mantenido en defensa de los trabajadores. Todo esto se hace mediante leyes que no son constitucionales como la Ley contra el Odio. Hemos hecho seguimiento a todos estos casos, y hemos pedido a nuestros sindicatos y dirigentes sindicales resguardarse y no caer en provocaciones porque la persecución es sistemática”, concluye Hernández, quien añade que esto no implica que la dirigencia sindical paralice su lucha por las libertades del sector y del país
