Gobierno fustiga comunicado de la CIDH que rechaza ataques a ONG, partidos y sociedad
El 21 de agosto la CIDH llamó la atención sobre las juntas interventoras impuestas a la Cruz Roja Venezolana, tras una solicitud del Ministerio Público por presunta corrupción, y al Partido Comunista de Venezuela (PCV), que disiente de la administración de Nicolás Maduro. Para el Gobierno la instancia pretende cuestionar el «limpio accionar» de los poderes públicos
El gobierno de Nicolás Maduro fustigó Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) luego de que sendas instancias emitieran un comunicado en rechazo a los ataques del Estado contra organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y líderes sociales.
Para el Gobierno, la CIDH pretende cuestionar el «limpio accionar» de los poderes públicos. Aseveró que la comisión reedita «las andanzas serviles de intereses contrarios a nuestra región las cuales motivaron el retiro de Venezuela de esta degenerada organización».
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A través de un comunicado, publicado el 22 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que «el accionar mercenario» de la CIDH en la región al actuar como «vocero» de los Estados Unidos (EEUU).
«Esta postura no hace sino ratificar la acertada decisión de desprenderse del chantaje continuado de una organización que solo está concebida como brazo auxiliar de los intereses imperiales», dijo el gobierno de Maduro.
El 21 de agosto la CIDH llamó la atención sobre las juntas interventoras impuestas a la Cruz Roja Venezolana, tras una solicitud del Ministerio Público por presunta corrupción, y al Partido Comunista de Venezuela (PCV), que disiente de la administración de Nicolás Maduro. En ambos casos, las intervenciones fueron aprobadas por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, una cuestión que para la Comisión y su Relatoría es «especialmente preocupante» y de «carácter arbitrario».
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«Ese tipo de decisiones contrarias a la libertad de asociación no son nuevas en el país. En junio de 2020 el mismo tribunal designó arbitrariamente las juntas directivas de los partidos políticos opositores Acción Democrática y Movimiento Primero Justicia», se recordó.
Para ambas instancias interamericanas, estas decisiones judiciales no solo afectan la libertad asociación «y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral; y, lo que es más preocupante, crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional en un país caracterizado por la ausencia del Estado de Derecho».