Gobierno intenta silenciar protestas con despidos y jubilaciones de sindicalistas
Sindicalistas denuncian que pretenden “deshacerse” de todos los trabajadores que exijan que les restituyan los beneficios laborales que les quitaron en agosto con el incremento salarial de 5.900% que decretó Nicolás Maduro
Autor: Carlos Seijas Meneses
Sigue “la arremetida” del Gobierno contra la clase trabajadora. El 21 de diciembre, a las 3:00 pm, la gerencia de Relaciones Laborales de la Corporación Venezolana de Guayana le notificó en una carta, firmada por el presidente Pedro Maldonado, a Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG), que a partir del 1° de enero pasaba a la nómina de jubilados, pese a que no ha cumplido la edad ni los años de servicio. “No me pueden aplicar la jubilación forzosa porque no la solicité, soy dirigente, poseo fuero sindical y no he cumplido la edad”, afirmó Gómez.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, el derecho a la jubilación se adquiere “cuando el funcionario o trabajador haya alcanzado la edad de 60 años, si es hombre, o de 55 años, si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, 25 años de servicios”; o “cuando el funcionario o empleado haya cumplido 35 años de servicios, independientemente de la edad”. Sin embargo, Gómez tiene 54 años de edad y 31 años dentro de la corporación.
“En la CVG hay más de 150 trabajadores que ya tienen la edad cronológica, inclusive pasada, hombres que tienen más de 65 años y mujeres más de 55 años, y a pesar de que han solicitado la jubilación no se la han dado”, señaló el dirigente sindical.
Degraín Marichales, delegado del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, expresó: “desde la Intersectorial de Trabajadores de Guayana rechazamos esta situación. Esta es la última gracia de este gobierno, lo hace porque Ramón Gómez ha levando la voz y porque quiere deshacerse de él y de los trabajadores que protesten”.
El secretario de Sunep-CVG denunció que en noviembre también jubilaron a Migdalia Louis, trabajadora de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor). “Le aplicaron lo mismo que a mí. Ella era una líder en potencia, movía masas de trabajadores y estaba en contra de todo este desastre”, dijo.
Ni la inamovilidad los ampara
Ese mismo 21 de diciembre la Gerencia de Relaciones Laborales de la CVG le dictó calificación de despido a Noel Hernández, miembro de Sunep-CVG, pese a la Ley de inamovilidad laboral –que en 2015 Nicolás Maduro aprobó hasta 2018 y en diciembre ordenó extender hasta 2020– y a que también goza de fuero sindical.
“Esto es un amedrentamiento y una persecución contra los dirigentes que nos atrevemos a hacerle frente a este gobierno que no reconoce la autonomía sindical de los organismos del Estado”, expresó Gómez, quien denunció que los despidos no solamente ocurren en Guayana sino también en el resto del país.
Efectivamente, el domingo 7 de enero dirigentes denunciaron que Carlos Alberto Dávila, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Venezolana de Televisión, fue despedido del canal del Estado por exigirle a la directiva que cumpla con los pagos acordados con los empleados.
“La clase trabajadora ha sido la más golpeada en estos últimos 5 meses de gobierno, el cual aplica este tipo de medidas con la intención de dejar acéfalo un sindicato y colocar a alguien que aplauda toda las cosas que hace. El gobierno quiere silenciar la protesta”, dijo
Desde hace más de cuatro meses, los trabajadores de la administración pública le han exigido al Gobierno el respeto a las contrataciones colectivas, las cuales, denuncian, fueron eliminadas tras el incremento salarial de 5.900% que decretó Nicolás Maduro el 17 de agosto, cuando anunció una serie de medidas económicas para el programa de recuperación económica que puso en marcha el 20 de agosto con la reconversión monetaria. También exigen que les restituyan los beneficios laborales que el gobierno les quitó con la implementación del instructivo de aplicación para la administración pública, en el que se publicaron los tabuladores del personal obrero y del administrativo.
Gómez recordó que desde agosto –cuando el gobierno tomó “aquellas medidas antiobreras sin considerar a ningún dirigente sindical genuino para tomar esas decisiones”– empezaron a enviarles comunicaciones a los presidentes de las industrias y a Maduro, sin embargo hasta la fecha no han recibido respuesta. “Por eso cada empresa empezó a hacer asambleas permanentes desde sus portones y hemos protestado desde septiembre. Pero parece que eso le preocupó mucho al gobierno”, dijo.
En menos de un mes –del 27 de noviembre al 14 de diciembre– 14 trabajadores de empresas básicas de Guayana fueron privados de libertad. Son 10 de Ferrominera Orinoco: Douglas Álvarez, Yonney Monsalve, Alexis Perdomo, Exddy Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Dasilva, Tony Briceño, José Jaime y Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera. Y los otros 4 trabajadores son de Venalum: Ernesto Morillo, Andrés Rojas, Noel Gerdez y José Hidalgo, presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de Venalum.
