Gobierno interino asegura que nunca formalizaron contratos con CRA Consortium
A través de un comunicado se denunció que la empresa CRA Consortium asegura en su página web estar encargada de la recuperación de activos invertidos por Pdvsa en Petrocaribe
El martes 22 de septiembre el gobierno interino de Juan Guaidó publicó un comunicado en el que aclaró que nunca se formalizó contrato alguno con la empresa Caribbean Recovery Assets Consortium, compañía vinculada con una supuesta trama de corrupción durante un proceso de recuperación de activos en el extranjero.
«De acuerdo con la información suministrada por el comisionado presidencial Javier Troconis, Pdvsa ad hoc y la Procuraduría Especial, nunca se formalizó contrato alguno con CRA Consortium LLC, dado que durante la revisión de la documentación por ellos consignada se observaron inconsistencias y desviaciones graves. Razón por la cual, dicha empresa no asumió la obligación contractual de prestar servicios al Gobierno legítimo de Venezuela», señaló el gobierno interino a través de un comunicado.
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El gobierno interino aseveró que los representantes legales de CRA Consortium, Jorge Reyes y Pedro Antar, estaban «incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad» y de estar sujetos a medidas disciplinarias por fraude, por parte de las autoridades estadounidenses, así como de poseer denuncias abiertas en Ecuador.
En el texto se recordó que de acuerdo al Estatuto para la transición a la Democracia, para recuperar activos, especialmente enmarcados en acuerdos suscritos por Petrocaribe, se requiere la acreditación legal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, lo que correspondería a la directiva ad hoc y, sin embargo, han asegurado publicamente no haber suscrito contrato con esa empresa.
Por otra parte se denunció que la empresa Caribbean Recovery Assets Consortium asegura en su página web estar encargada de la recuperación de activos invertidos por Pdvsa en Petrocaribe, ejerciendo de manera ilegal la representación a nombre de Venezuela ante diplomáticos en EEUU.
Comunicado del Comisionado Presidencial de Gestión de Activos ante las denuncias del consorcio CRA Consortium. pic.twitter.com/KpSpswV3Cy
— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 23, 2020
Comunicado del Gobierno Interino ante denuncias por parte de la empresa CRA Consortium https://t.co/LPZvTrzsh1 pic.twitter.com/RJ0gCi2PTP
— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 23, 2020
Ante esto se informó al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que el consorcio no posee ningún nexo con el gobierno interino.
«Se informa que, de persistir esta conducta por parte de CRA Consortium LLC, el Gobierno interino se reserva el derecho de llevar adelante acciones legales pertinentes para garantizar la legítima representación de los intereses de la República», advirtió.
Por su parte, el comisionado presidencial para la recuperación de activos, Javier Troconis, también rechazó los señalamientos de CRA Consortium. A través de un comunicado reiteró que nunca suscribió algún contrato con el consorcio, en principio por los problemas que sus representantes tenían con la justicia.
» todos estos son causales suficientes de inhabilidad e incompatibilidad para la celebración y firma de contrato y acta de inicio correspondientes con los entes competentes de la república», señaló.
¿De dónde viene la polémica con CRA Consortium?
La polémica con la compañía surgió luego que la periodista Patricia Poleo presentara en su programa ‘Factores de Poder’, una serie de pruebas que supuestamente demostrarían la implicación de funcionarios del gobierno interino en un acto de extorsión al consorcio Caribbean Recovery Assets, conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management.
Tras la denuncis de Poleo, el fiscal general designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, ordenó investigaf a los miembros de la administración de Guaidó implicados.
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En su declaración pública sobre el caso, Saab detalló que los directores del consorcio, Jorge Reyes y Pedro Antar, habían solicitado el derecho a apropiarse del 18% de todo lo que pudiese ser «despojado» al Estado como contraprestación por sus servicios. Sin embargo, funcionarios de la administración de Guaidó habrían impuesto condiciones extraordinarias.
Por este motivo, el Ministerio Público inició una investigación contra el director de Asuntos Comerciales de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Javier Blasi-Blanchard, y su hermano Magin Eduardo Blasi-Blanchard; el comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, Javier Leonardo Troconis; el exprocurador José Ignacio Hernández González y el presidente de la junta directiva ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Luis Augusto Pacheco Rodríguez.
