Gobierno Interino denuncia la «ilegítima imposición» de magistrados del TSJ
La tarde de este martes 26 de abril, AN electa en 2020 designó a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
«La dictadura pretende burlarse nuevamente de las víctimas y ahondar en el secuestro de la justicia en Venezuela. Una asamblea ilegítima y secuestrada pretende una vez más simular normalidad. Esto abona en la búsqueda de justicia en la Corte Penal Internacional y la necesidad de un Acuerdo integral», escribió Juan Guaidó, reconocido por una parte de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela, luego de la juramentación de los nuevos magistrados del TSJ.
La dictadura pretende burlarse nuevamente de las víctimas y ahondar en el secuestro de la justicia en Venezuela.
Una asamblea ilegítima y secuestrada pretende una vez más simular normalidad.
Esto abona en la búsqueda de justicia en la CPI y la necesidad de un Acuerdo integral. https://t.co/cLlibWo0xo
— Juan Guaidó (@jguaido) April 26, 2022
Designación del TSJ fuera de lapso
La tarde de este martes 26 de abril, fuera de los lapsos establecidos por la Constitución, la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 designaron a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a sus suplentes, a la Inspectora de tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura. 12 de los magistrados ya en el cargo repiten y superarán el límite constitucional de 12 años para los máximos cargos judiciales.
A través de un comunicado, el interinato denunció que la designación de los magistrados «es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país, marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices que aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación para miles de venezolanos que han sufrido en carne propia las arbitrariedades por las que se ha caracterizado la vida en Venezuela en las últimas dos décadas».
Advirtió que estos nombramientos tienen «el objeto de entorpecer» los esfuerzos de instancias como la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han dedicado años a la búsqueda de justicia y reparación en nuestro país; y que esto hace «inviable» que en el país se pueda aplicar cualquier tipo de “principio de complementariedad”.
Por último, hicieron un llamado a la comunidad internacional a «desconocer este proceso que mantiene y profundiza la crisis institucional de Venezuela».
