Grupos criminales mutaron estrategias para mantenerse en la frontera, asegura Fundaredes
La ONG destacó el aumento de las desapariciones en la frontera. En 2019 reportaron 91, en 2020 contabilizaron 208 y el año pasado registraron 309. Una de las causales es el reclutamiento forzado por parte de guerrillas y otros grupos criminales
Las bandas armadas y grupos irregulares cambiaron sus estrategias en 2021 para asegurar su permanencia en estados fronterizos, a través de delitos como la extorsión y el secuestro. Así se desprende del informe Curva de la Violencia, realizado por la ONG Fundaredes en Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.
“El crimen está mutando, es decir, se presenta con otras características y condiciones, porque ya no son hechos criminales casuales sino causales”, explicó Luis Useche, coordinador jurídico de Fundaredes.
Para estos grupos delictivos “es más favorable” cometer secuestros, debido al dinero que consiguen a través de los familiares, lo que les permite incrementar las arcas de esas organizaciones para financiar sus actividades criminales.
Entre enero y diciembre de 2021 la ONG registró 979 homicidios, 309 desapariciones y/o secuestros, y 317 enfrentamientos. Useche comentó que, al comparar la cifra de muertes y enfrentamientos con años anteriores puede dar una «visión superficial» sobre el problema de criminalidad en la frontera.
“Si vemos estos números se puede interpretar que están desapareciendo los elementos de criminalidad en la frontera, pero hay que analizar lo que verdaderamente sucede, y es que se han impuesto políticas de miedo y control social a la población, por parte de grupos armados de origen guerrillero, bandas criminales con la participación en buena medida, de actores del Estado como son los cuerpos de seguridad”, resaltó el abogado.
Además, la ONG destacó el aumento de las desapariciones. En 2019 reportaron 91, en 2020 contabilizaron 208 y el año pasado registraron 309. Una de las causales es el reclutamiento forzado por parte de guerrillas y otros grupos.
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Para la organización es necesario desplegar las alertas de cómo funcionan estas estructuras criminales en la zona suroccidental del país.
“Lo singular del registro de FundaRedes en hechos delictivos en la frontera con diferencia al resto del país, es que Venezuela ha sido impactada por un desplazamiento lento pero masivo de grupos guerrilleros, que han tenido derrota militar en el territorio colombiano, y en consecuencia de esto, se han alojado en los estados fronterizos, teniendo a su favor la complicidad de actores del poder público venezolano”, afirmó Useche.
Desplazamiento de bandas criminales
Otra de las cuestiones que alerta la ONG es el desplazamiento de personas con antecedentes delictivos, lo que también reconfigura los grupos criminales ya identificados en la frontera con Colombia y Brasil.
El desplazamiento de grupos armados irregulares colombianos, que obedece a factores históricos, también “crea espacios de criminalidad que tienen dinámica y vida propia, un ejemplo, Táchira y Norte de Santander, junto a los demás estados fronterizos”, afirmó el coordinador jurídico de Fundaredes.
Mientras que Jesús Alberto Berro, abogado y exdirector de la Policía del estado Táchira, aseveró que en 2021 se dio una «expansión violenta» de las guerrillas colombianas, significando una mayor vulneración a los derechos humanos de los habitantes de estas zonas, que son sometidos a nuevas dinámicas de convivencia impuestas por estas agrupaciones.
Berro calificó como una “violencia transculturizada” a la mutación delictiva en Venezuela, “lo cual se ve reflejado en este informe emitido por FundaRedes, resultados que son alarmantes y requieren que estos grupos sientan la presencia del Estado venezolano, para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos”.
Arco Minero de violencia
Fundaredes señaló en su informe que Bolívar el segundo estado de la frontera venezolana con más alto índice de violencia después de Zulia. Los grupos armados irregulares como las FARC y el ELN, junto a las bandas delictivas llamadas “sindicatos” se dedican a la extracción y comercialización de oro y otros minerales, esclavitud laboral y sexual de indígenas y habitantes de todos el país que se trasladan a esa zona en busca de dinero.
«Son comunes los enfrentamientos armados en las zonas mineras por el control de minas y molinos», dice la ONG. El año pasado se registraron 259 homicidios, 81 desapariciones y/o secuestros y 73 enfrentamientos en 2021. El municipio Caroní fue el más violento, seguido de El Callao y Angostura del Orinoco.
En Bolívar, la mayoría de los desaparecidos trabajaban o estaban vinculadas a las minas, «que si bien para algunos representan posibilidades de enriquecimiento, para otros, los más vulnerables encarnan la muerte. Hay casos en que habitantes de otros estados del país se trasladaron a la zona minera de Bolívar en busca de medios de sustento y sus familiares perdieron todo contacto con ellos. Algunos aseguran que tienen hasta dos años sin conocer su paradero».
