#GuachimanElectoral El (tropezado) camino para lograr candidato unitario en la oposición
A menos de tres semanas de la fecha que se planteó la oposición para elegir, mediante el voto, al candidato abanderado para 2024 lo que menos faltan son obstáculos y dudas
Ibrahim López Piñero | Guachimán Electoral
Un proceso sencillo y particular como la elección interna de un partido o la elección de un candidato presidencial puede convertirse en una auténtica carrera de obstáculos.
Ante la proximidad del 22 de octubre, el Guachimán Electoral preparó esta explicación lúdica que permitirá conocer las «serpientes y escaleras» de las primarias de la oposición venezolana.
Esta elección es un mecanismo de concertación pacífico, democrático y constitucional que, en el caso venezolano, permite unificar fuerzas contra un adversario común. Supone un reto político porque implica los acuerdos necesarios para lograr el reconocimiento de los resultados por parte de las fuerzas postulantes y las agrupadas en la oposición.
Si logra una participación superior a los tres millones de votantes podría tener un efecto vinculante sobre el resto de la sociedad porque su legitimidad sería difícil de cuestionar, según opinan analistas. De acuerdo a la encuestadora Delphos entre noviembre de 2022 y junio de 2023 aumentó 21% el número de personas dispuestas a participar en la primaria para un total de 67,1% de los encuestados.
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La Comisión Nacional de Primaria (CP) informó que el proceso cumple con criterios de representatividad de diversos sectores poblacionales que superan los de las elecciones primarias de 2012. Habrá más de 5.000 mesas electorales distribuidas en 3.010 centros de votación; tendrán presencia en 331 municipios de los 335 y en 1.102 parroquias de las 1.141 en las cuales está dividido el país. No obstante, la exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria afirma que la estructura diseñada por esa instancia solo permitiría la participación de 1.232.000 votantes.
Es necesario que se abra y sincere el Registro Electoral. En este momento solo se pueden inscribir nuevos electores y actualizar datos en las capitales de los estados e incluso existen denuncias de que algunas oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitan documentos que no están contemplados en la ley como Registro de Información Fiscal (RIF) y carta de residencia expedida por el consejo comunal. Organizaciones civiles calculan que hay 3.5 millones de ciudadanos que no están inscritos.
Enfrenta desafíos judiciales pues dos amparos constitucionales reposan en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el proceso y la comisión que organiza las primarias. Además algunos analistas han advertido sobre una posible judicialización de la elección: creen que la Sala Constitucional podría argumentar que todo acto que se desarrolle sin el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral es subversivo.
La promoción de las primarias y la educación electoral son tareas pendientes. La falta de información, principalmente en las regiones, puede jugar en contra. Los canales regulares de información están limitados. Otras plataformas como las redes sociales se ven limitadas por la deficiente –y en algunos casos inexistente– conectividad del país y la poca disponibilidad de tecnología a la que pueden acceder los ciudadanos.
Hasta el momento, la CP ha logrado organizar una adecuada estructura en el exterior. Cuentan con 87 centros de votación distribuidos en 80 ciudades de 30 países y más de 1.000 voluntarios colaborando para el desarrollo de la elección. Ha sostenido conversaciones con 19 representaciones diplomáticas y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el objetivo de promover el conocimiento de las primarias como ejercicio de derechos, lograr la sensibilización en torno al proceso y facilitar la realización de la jornada.
Jesús María Casal, presidente de la CP, afirma que la colaboración de la ciudadanía ha sido fundamental para alcanzar los objetivos. Hay un «gran voluntariado electoral» que suma 40.000 personas de la sociedad civil y los partidos que participan en el proceso.