Guyana advierte a venezolanos que habrá «consecuencias legales» si votan el #25May

El gobierno de Guyana informó que reforzó la vigilancia militar en su frontera. La Cancillería venezolana rechazó las denuncias realizadas sobre un presunto ataque de un grupo de civiles armados en el río Cuyuni
Ante la proximidad de las elecciones regionales para escoger a 24 gobernadores, incluido el mandatario de Guayana Esequiba, el presidente de Guyana, Irfaan Alí, advirtió a los venezolanos que habrá «consecuencias legales» si participan en el proceso convocado por la administración Maduro para el 25 de mayo.
«A nuestros vecinos venezolanos que residen aquí, esperamos que respeten el estado de derecho de nuestro país y no participen en la conducta deshonesta de Venezuela. De no hacerlo, habrá consecuencias legales. A los guyaneses que viven en nuestras zonas fronterizas y a todos los demás ciudadanos, enarbolen la flecha dorada en honor a nuestra herencia en estas 83.000 millas cuadradas que nos pertenecen a todos, escribió el mandatario guyanes el viernes 16 de mayo en X.
Alí acusó a las autoridades de Venezuela de tener una actitud de «arrogancia» y «desprecio» por el derecho internacional.
«No se equivoquen: el gobierno y el pueblo de Guyana, junto con nuestros inquebrantables socios internacionales, harán todo lo posible para garantizar la integridad de la soberanía y el territorio de nuestro país».
The defence of Guyana is a patriotic responsibility, not an option for patriots, a convenience, or political tool. It is a duty, a national honour, and the highest level of dignity for any citizen. Venezuela’s parade of arrogance and consistent disregard for international law has… pic.twitter.com/VjXvVakzVP
— President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) May 16, 2025
Sobre las consecuencias legales, el gobierno guyanes precisó que los venezolanos que vivan en Guyana y voten en las elecciones del 25 de mayo serán arrestados y deportados, registró el portal Bloomberg.
El jueves 15 de mayo, Guyana denunció tres presuntos ataques de civiles armados contra las tropas de su Fuerza de Defensa (GDF) en la frontera con Venezuela, sin reportar heridos.
El ataque, según Guyana, se produjo en el río Cuyuni del Esequibo, la región rica en petróleo y minerales que ambos países se disputan y donde Venezuela planea escoger autoridades regionales y parlamentarias el próximo 25 de mayo.
En las últimas 24 horas, «hombres armados vestidos de civil en la costa venezolana a lo largo del río Cuyuni (…) llevaron a cabo tres ataques separados contra las tropas de la Fuerza de Defensa de Guyana que realizaban patrullajes fluviales», dijo el cuerpo militar en un comunicado.
Este sábado 17 de mayo, el jefe de la Fuerzas de Defensa de Guyana, Omar Khan, informó que reforzaron la vigilancia de militares en el río Cuyuni.
La Cancillería de Venezuela emitió un comunicado este viernes 16 de mayo en el que rechazó las acusaciones de Guyana sobre un presunto ataque de un grupo armado de civiles en el río Cuyuni.
«Todos los registros, informes e indicios recabados por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) demuestran con claridad que tal información no es más que parte de una nueva operación de falsa bandera, orquestada para victimizar al gobierno de Guyana y fabricar tensiones artificiales en la línea de facto»
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó el 1 de mayo sus medidas provisionales otorgadas en diciembre de 2023 y ordenó a la administración de Nicolás Maduro abstenerse de celebrar o preparar elecciones en la región del Esequibo, en disputa con Guyana.
Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.
Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.
Con información de la agencia EFE /Bloomberg.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.