¿Habrá aumento salarial en octubre? Esto esperan los empresarios y sindicatos
Con las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo año, se espera que 2024 esté dedicado al aumento salarial constante, pues el chavismo promedia 3,8 ajustes al ingreso de los trabajadores en épocas de elecciones presidenciales. Economistas y empresarios coinciden en que un mayor poder adquisitivo es imprescindible para superar el ciclo recesivo en el que ingresó Venezuela este año, pero los incrementos salariales, incluso en dólares, se quedan cortos frente a la inflación
Han tenido que transcurrir más de 18 meses desde el último incremento salarial decretado por Nicolás Maduro para que, de cara al mes de octubre, resurjan las expectativas de un ajuste del salario mínimo que ponga fin a los devaluados Bs 130 que, en este transcurso de tiempo, perdieron 87% de su valor.
Actores empresariales esperan que a mediados de octubre se produzca un anuncio relativo al salario mínimo, que actualmente equivale a tan solo $3,82 mensuales. Así lo constatan consultas realizadas por la empresa especializada en gestión de recursos humanos, Mercer, que prevé una nueva sesión de diálogo tripartito y un ajuste en la remuneración de la administración pública en las próximas semanas.
El pasado 1° de mayo, la administración de Maduro cumplió su segundo año consecutivo rompiendo la tradición chavista de decretar un aumento salarial en el Día Internacional del Trabajador, pues decidió hacer un ajuste de la remuneración de los trabajadores a través de cesta tickets y bonos otorgados vía Sistema Patria, que no generan incidencia alguna en los pasivos laborales.
Como resultado de esta política salarial, se enterraron los derechos laborales de millones de trabajadores que evidenciaron la destrucción de las tablas salariales y, con ellas, toda prima, liquidación, pago por horas extra y todo beneficio que implique remuneración económica.
La pérdida del poder adquisitivo, que se extendía desde el último trimestre de 2022, se hizo más profunda en el transcurso de 2023. Se produjo una disminución del consumo que perjudicó a los sectores productivo y comercial. Cayeron las ventas y la producción, dando origen a una etapa de recesión económica, un revés para la leve recuperación experimentada en 2022.
Este panorama ha hecho que el sector empresarial resalte la necesidad de mejorar los salarios para recuperar el consumo, a la vez que los trabajadores, agrupados en sindicatos, empujan con manifestaciones de calle en exigencia de incrementos salariales.
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Los oídos sordos del chavismo parecen haber llegado a su fin, aunque una revisión a la política salarial no signifique el cumplimiento de las demandas de empresarios y sindicatos.
A inicios de septiembre, el vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Orlando Pérez, confirmó que la organización sindical —cercana al chavismo— se encuentra en conversaciones con el Ejecutivo Nacional para alcanzar una «solución salarial» en octubre.
Sin embargo, la propuesta, según asomó Pérez, parece centrarse más en beneficios sociales que en la propia remuneración y poder de compra de los trabajadores.
«Instalamos la comisión con el tema no únicamente de la remuneración nominal. Hablamos de salario social, que no es el aumento nominal, lo que llega por dinero, sino que hablamos de vivienda, de salud», destacó en entrevista con Unión Radio.
Este martes 26 de septiembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió un documento con propuestas provenientes de trabajadores del sector público y, durante una marcha de educadores y trabajadores públicos afines al oficialismo, prometió que serían atendidas con prontitud.
Lejos de las conversaciones impulsadas por la CBST, se encuentran otros actores con exigencias mucho más férreas en diálogos supervisados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que matiza el pesimismo en torno al posible aumento salarial.
Los resultados del diálogo
El Foro de Diálogo Social se instaló en marzo de 2022, pocas semanas después de que el Gobierno decretara su último aumento salarial. Esta instancia reunía a las principales patronales del país, como Fedecámaras y Fedeindustria, a cuatro centrales sindicales y a organismos del Estado. En términos prácticos, constituía un diálogo tripartito, aunque no se difundiera como tal.
Ese diálogo tiene como objetivo reestablecer el cumplimiento de tres convenios firmados y ratificados por Venezuela ante la OIT. El convenio 26 hace referencia a la elaboración de métodos que permitan la fijación de salarios mínimos, evitando que se otorguen a conveniencia del Gobierno; mientras que el 87 defiende el principio de libertad sindical y el 144 promueve el diálogo tripartito permanente.
El incumplimiento de estos convenios fue denunciado en el informe publicado en 2019 por la Comisión de Encuesta de la OIT, tras hacer una visita a Venezuela para examinar una serie de demandas que había presentado Fedecámaras en 2015 sobre las violaciones a diversos derechos laborales en el país.
En estos 18 meses se han efectuado tres sesiones del Foro de Diálogo Social con la presencia de la OIT, pero no se han concretado medidas que solucionen el incumplimiento de los convenios. En el último encuentro, los focos se centraron en el mecanismo de ajuste salarial y se estableció como fecha límite el 30 de abril para hacer una propuesta al Gobierno. Seis meses más tarde, no se ha aplicado ningún método.
El Foro de Diálogo Social fue instalado en abril de 2022, en un evento que contó con la participación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez
La secretaria general de la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI), Leida Marcela León, destacó que a inicios de septiembre, por consenso alcanzado con organizaciones de empleadores y trabajadores, además de la asistencia técnica de la OIT, se presentó ante el Ministerio de Trabajo finalmente una propuesta para fijar el salario mínimo.
Para la elaboración de este mecanismo se acordó una lista de indicadores, entre los cuales se encuentran la nómina laboral activa y la de jubilados y pensionados, el Producto Interno Bruto (PIB), el crecimiento económico, la inflación, la canasta alimentaria y también ingresos derivados de misiones sociales como las bolsas de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), bonos a través de la plataforma Patria, entre otros.
«Esta propuesta de método ya se entregó al Ministerio del Trabajo y el mismo la elevó al Alto Gobierno. Hasta ahora, no tenemos respuesta de su aceptación o no», afirmó León.
La dirigente sindical detalló que el mecanismo surgió tras 13 sesiones en la mesa del Foro de Diálogo Social dedicada a la discusión del método de fijación salarial. Se sostuvieron reuniones con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco Central de Venezuela (BCV), el Ministerio de Finanzas, el Observatorio Venezolano de Sanciones y con expertos en economía de la OIT.
De igual manera, explicó a TalCual que la propuesta consiste en hacer una consulta desde la tercera semana de enero de cada año en la que participen actores del mundo del trabajo, se establezca un cronograma y se hagan reuniones tripartitas, bipartitas y sectoriales para discutir la propuesta salarial.
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Además, contiene un «procedimiento excepcional» para casos de fuerza mayor, fortuitos o de emergencia, que requieran una consulta urgente. En este escenario, la Central ASI pidió apoyo de técnicos del Foro Cívico para elaborar una «canasta de consumo mínimo», que toma en cuenta el costo de la vida en diferentes estados del país en función de 33 productos seleccionados de la canasta alimentaria de uso cotidiano, el precio del transporte público, tres medicamentos de enfermedades de mayor prevalencia y analgésico, junto a seis artículos imprescindibles para la higiene personal.
El salario mínimo que se proponga con la activación del mecanismo de emergencia debería ser lo suficientemente alto como para cubrir estas necesidades básicas. En estos momentos, la remuneración actual de aproximadamente $73 mensuales (tomando en cuenta bonos) solo podría cubrir 19,44% de esta canasta. Esto quiere decir que hay un déficit de $315 en el salario para abarcar los gastos e la canasta de consumo mínimo.
Viabilidad del aumento salarial
A pesar del mecanismo propuesto por la Central ASI para situaciones de emergencia, León aclara que la solicitud que hace su organización de cara al próximo aumento salarial es de unos $65 mensuales de salario mínimo, aunados a los bonos que ya se pagan, un monto que permitiría «ir cerrando la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica», pero que estaría lejos de su objetivo de exigir un salario vital digno.
«El aumento de salario mínimo que ahora solicitamos, para ir cerrando la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica, debe estar en primer lugar por encima del umbral de la pobreza, que es $65, y llevarnos progresivamente a cubrir el valor de la canasta de consumo mínimo actual, que es de $391, para luego aumentarnos al valor de la canasta básica normativa, que supera los $500», remarcó.
Para el economista y profesor universitario Daniel Cadenas, es un misterio para cualquiera saber si es factible que el Gobierno pueda responder a las exigencias y elevar el salario a $65 o indexar el monto al dólar. Debido a la opacidad con la que se llevan las finanzas nacionales, se desconoce si hay dinero suficiente para asumir estos salarios sin generar consecuencias negativas para la economía.
«Nadie dispone del presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno. Como no sabemos cuánto ingresa realmente al Gobierno, ni en qué lo gasta, no sabemos si esos recursos están. Si nos guiamos por la renta petrolera y la recaudación que el Seniat publica, uno supondría que sí hay dinero, pero no sabemos si es el caso, o en qué se están gastando esos recursos», afirmó en declaraciones para TalCual.
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A pesar de la duda en torno a los ingresos del Estado, Cadenas resalta que las condiciones están dadas para que un aumento salarial no repercuta en la inflación. Sostiene que en economías recesivas, caracterizadas por un bajo consumo que acaba por lastrar las ventas y con ellas la inversión, los precios tienden más bien a moderarse en un intento por reimpulsar las ventas.
«Los incrementos de salarios públicos en recesión no deberían ser inflacionarios. Si por alguna razón ocurriesen incrementos de salarios, tanto en públicos como en privados, no deberían influir negativamente en la inflación, porque estamos en un contexto recesivo de bajas ventas. Más bien, los precios se han ido moderando. La inflación sigue siendo alta, pero se ha frenado», sostuvo.
Si algo queda claro es que, con las condiciones actuales de la economía, los aumentos salariales son más bien imprescindibles. Por este motivo, durante todo 2023 el sector empresarial ha reiterado la necesidad de que mejore el poder adquisitivo para poder mantener el crecimiento económico, puesto que, incluso si la industria tiene la capacidad para incrementar la producción, sería inútil hacerlo si no hay un mercado que la consuma.
Según la explicación de Cadenas, las recesiones económicas constituyen un círculo vicioso que inicia con la caída del ingreso real de los trabajadores que, a su vez, provoca un bajo consumo que genera una contracción en las ventas, que acaba por disminuir los ingresos y por lo tanto no hay dinero o incentivos suficientes para mantener o incrementar la inversión. Es un efecto dominó que acaba por estancar a la economía y que depende de una solución gubernamental que, en este caso, vela por su ausencia.
«Ese círculo hay que romperlo. El que lo rompe, en todos los países del mundo, es el Gobierno, con una política fiscal expansiva en la que reduce impuestos y aumenta el gasto público; y a través de una política monetaria expansiva que consista en la ampliación del crédito. Eso no está a ocurriendo aquí ni va a ocurrir», subrayó el también presidente de la consultora Oikos Research.
Privados tampoco pueden levantar
En los años recientes de precariedad salarial, son las empresas privadas las que han tomado las riendas en materia de ingresos para los trabajadores. El sector privado, en casi cualquier área de actividad económica, promedia una remuneración muy superior a la administración pública.
Existen varias iniciativas que intentan propiciar una medida de referencia en materia de remuneraciones. Entre ellas, se encuentran las encuestas de coyuntura industrial de la la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), que elabora sus propias estimaciones en función de reportes de sus afiliados. Para el cierre del primer semestre de 2023, el pago mensual al personal obrero —el escalafón más bajo— del sector industrial promedió $189 mensuales.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) intenta hacer lo mismo, llevando un registro a través de su Índice de Remuneraciones, que estudia los pagos que reciben los trabajadores de empresas del sector comercial en el Área Metropolitana de Caracas. Para el cierre del primer trimestre de 2023, el promedio de estos sueldos alcanzó $161 mensuales.
Los registros del OVF permiten evidenciar incluso una tendencia sumamente favorable en lo que respecta a la evolución del ingreso en este sector. Entre enero de 2021 y marzo de 2023 la remuneración al personal obrero escaló 197,93% al pasar de $43,5 a $129,6.
No obstante, aunque el aumento salarial sea notorio en lo nominal, el poder de compra se reduce cada vez más. Esos $43,5 rendían en enero de 2021 igual o más que los $129,6 en la actualidad. Los números hablan por sí solos. Según la consultora Ecoanalítica, actualmente se necesitan $400 para consumir los mismos bienes y servicios que podían adquirirse en 2019 con un billete de $100.
La data es clara: lo que comprabas con USD 100 en enero de 2019, hoy necesitas para comprar lo mismo USD 400.
Fuente: @ecoanalitica https://t.co/MXFEaTtH1Q— Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) September 19, 2023
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Por desgracia, las condiciones no parecen estar dadas para que las empresas privadas hagan ajustes que superen la inflación en dólares y conserven o mejoren el poder de compra de sus trabajadores. Los bajos niveles de ventas y de ingresos hacen cuesta arriba la posibilidad de mejorar la remuneración.
No obstante, el año pasado se evidenció un repunte importante en materia de ventas y de rendimiento de las empresas que no fue de la mano con una recuperación del poder adquisitivo a través del ingreso pagado por los privados.
En este aspecto, nuevamente el Gobierno tuvo parte de la responsabilidad. Cadenas argumenta que, al tener salarios tan bajos en la administración pública, el sector privado no se ve en la necesidad de incrementar sus remuneraciones a niveles óptimos, pues con ofrecer un pago que duplique o triplique al mínimo legal, se hacen lo suficientemente atractivos como para retener a su talento humano.
«El salario mínimo bajo impide que los salarios del sector privado mejoren. Al tener un salario mínimo oficial tan bajo, una empresa privada puede ofrecer hasta cuatro veces el mínimo y todavía sería un salario que no permite cubrir la cuarta parte de la canasta básica alimentaria. Es una medida de corte recesivo. El Gobierno tiene metido en la cabeza que eso va a ayudar a controlar la inflación», razonó.
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Consultoras del área de gestión empresarial no esperan mayores modificaciones en los esquemas de compensación de los privados. De acuerdo con encuestas realizadas por Mercer, 68% de las empresas consultadas pretenden mantener la fórmula de compensación actual durante todo 2023.
El industriólogo José Adelino, gerente en Mercer Venezuela, advirtió que las empresas prefieren ser cautas ante la incertidumbre, puesto que el panorama de cara a 2024 es incierto en el terreno político.
«Las organizaciones no quieren cambiar su esquema de compensación porque no saben qué va a ocurrir el año que viene. El próximo año tiene el elemento electoral (elecciones presidenciales) y se podría gestar el elemento de las sanciones, que en un escenario de levantamiento, provocaría un cambio», explayó.
Pero la mayor incertidumbre que afrontan las empresas tiene que ver precisamente con la política salarial del Gobierno, pues el panorama del salario mínimo en 2024 podría ser muy diferente al estancamiento que se ha experimentado en el último año y medio.
Elecciones impulsan probabilidad de aumento salarial
Antes de estos 18 meses de estancamiento salarial, una de las banderas con las que el chavismo hacía campaña radicaba en la frecuencia y proporción de sus incrementos salariales. Incluso en el pico más alto de la hiperinflación, cuando todo ajuste se disolvía en cuestión de días, los aumentos eran celebrados desde el Ejecutivo Nacional como una política de protección social.
«Justicia social, inversión para la igualdad social, escudo frente a la guerra económica criminal de la oligarquía y del Fondo Monetario Internacional (…) Defensa del salario, defensa del trabajo, defensa de la estabilidad laboral, es el escudo para ir logrando el equilibrio que la oligarquía quiere que se pierda», decía Maduro al anunciar un aumento salarial el 30 de abril de 2018, cuando discursivamente se le atribuía la crisis a una supuesta guerra económica.
Pero más allá de la frecuencia habitual de los anuncios salariales en las más de dos décadas de gestión chavista, el historial indica que esta tendencia incrementa en época electoral. Mercer Venezuela advierte que en años de elección presidencial se han producido 19 aumentos, lo que genera un promedio de 3,8 ajustes salariales por año electoral.
«Históricamente, hay cierta frecuencia de incremento de salario dados por el Gobierno al ingreso nacional, se acentúa en años de elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto quiere decir que el año que viene van a aparecer muchos ingresos de salario, o ingresos o cesta ticket. El Gobierno lo moverá con una mayor frecuencia porque es un año electoral. Más de dos seguramente va a haber», insistió Adelino en una ponencia dirigida para empresarios durante un evento de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).
Con esto en cuenta, es previsible un 2024 caracterizado por ajustes de remuneración, que no necesariamente deben tener un carácter salarial y que no garantizan la recuperación del poder adquisitivo del venezolano, mientras que la economía intentará salir del ciclo recesivo en el que ingresó este 2023, nadando en contra de la corriente ante las políticas económicas implementadas actualmente por el Gobierno que apuntan a mantener esta recesión.
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