¿Hacia dónde va Colombia?, por Marta de la Vega V.
En una de sus columnas recientes de «Democracia hoy», noticiero internacional que fundó Amy Goodman, cita el primer comunicado de «La Rosa Blanca», un grupo clandestino de resistencia contra el nazismo integrado por jóvenes alemanes de la ciudad de Munich, entre los que se encontraban los hermanos Hans y Sophie Scholl. Así comienza el primer comunicado, de 1942: «Nada es más indigno para un pueblo civilizado que dejarse ‘gobernar’, sin oponer resistencia, por una camarilla irresponsable de dirigentes guiados por instintos sombríos». Aunque las circunstancias son muy diferentes a las que sufrieron los alemanes bajo la dominación de Adolf Hitler, no hay duda de que estamos hoy presenciando en Colombia un liderazgo político negativo, que no ha cumplido con las expectativas de quienes eligieron a Gustavo Petro como presidente de la república.
Sin duda es «una camarilla irresponsable» la que forma hoy la mayoría de los ministros del gabinete ejecutivo. Y algunos de ellos, para asombro del país, son «dirigentes guiados por instintos sombríos». Por eso, la frase con la que finalizaba el cuarto panfleto de esta agrupación en las palabras de Hans y Sophie Scholl y del colectivo «Rosa Blanca» resuenan poderosas: «No nos quedaremos callados». Estos jóvenes mártires, detenidos el 18 de febrero de 1943 en la universidad de Munich cuando distribuían el sexto panfleto, en cuatro días fueron juzgados, condenados y decapitados, al igual que fueron ejecutados sus demás compañeros estudiantes en los siguientes meses.
Con un mandatario cada vez más inclinado al autoritarismo y a la tentación totalitaria en Colombia, es preciso desenmascarar el debilitamiento del Estado de Derecho y el ataque a las instituciones democráticas, amenazadas también por una corrupción grave en todos los niveles. El financiamiento ilegal de la campaña es uno de los escándalos en curso, que convierte a Petro en gobernante ilegítimo.
Se desvían recursos o se abandonan las obligaciones de los dirigentes políticos como servidores públicos para bienestar de la ciudadanía, se incumplen las funciones del Estado por el bien común, se abandonan las políticas públicas de infraestructura urbana, desarrollo social y esparcimiento de las comunidades más vulnerables y menos educadas, sustituidas por prácticas clientelares y amiguistas, con leyes laxas y leves contra los corruptos frente al daño patrimonial y a la comunidad.
El personalismo de Petro, su tendencia a manipular, descalificar al oponente y tergiversar los hechos, junto a su incapacidad para concretar acciones y lograr eficientes resultados de gestión pública, están llevando el país a un caos generalizado, a la fragmentación de las iniciativas por escasa articulación entre quienes están obligados a su ejecución y a la pérdida de la autoridad del Estado. En análisis reciente de M. A. Rodríguez de Infobae, cita a Héctor Abad Facio-Lince. Al referirse al primer mandatario, quien sigue definiéndose a sí mismo como «revolucionario» de «un gobierno que no lo es» en sus propias palabras, Abad escribía: «el llamado izquierdismo del mandatario es una mezcla de ‘populismo, matoneo verbal y amigotes corruptos que hacen el trabajo sucio.
Pese a las proclamas encendidas, difundidas por todo el territorio nacional durante la campaña presidencial, de una retórica confrontadora y de redención social, que no solo anunciaba la necesidad de un cambio que pretendió que fuera estructural para la profundización de la democracia y la consolidación de las instituciones que la sustentan y preservan sino para combatir la corrupción transversal en el país y lograr la «paz total», la realidad revela un fracaso total. Su campaña, integrada por polémicos políticos señalados de graves actos de corrupción y profundamente cuestionados como Armando Benedetti y Roy Barreras resultó con la victoria electoral de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia de 2022 a 2026.
La situación actual en Colombia contradice todos los propósitos del mandatario que, con tal de acceder al poder, se plegó a la famosa expresión convertida en una de las líneas de acción de la «guerra sucia» contra los contrincantes que hizo famoso a uno de los jóvenes asesores suyos, Sebastián Guanumen, de «correr la línea ética». Petro, como señalaba un reportaje de BBC News de 2023, ganó las elecciones con una propuesta de ruptura. Prometió el fin de la exclusión, de la desigualdad, de la violencia.
Pero, según percepción del periodista de BBC, si en su trabajo como senador fue un astuto conocedor del poder, como presidente parece más principiante que experto. Y es inevitable reconocer que, aunque han cambiado las formas y algunos de los temas en la agenda, la realidad del país sigue siendo parecida o peor que la del inicio de su gobierno.
Las propuestas electorales han sido irrespetadas por el propio Petro. Una de las más graves secuelas de la incongruencia presidencial ha sido el desmantelamiento de la jerarquía y la meritocracia en instituciones tan importantes como las fuerzas armadas, la policía nacional y la función pública, no solo en el servicio exterior, en el cual los funcionarios de carrera apenas alcanzan el 34%. Los nombramientos responden a criterios distintos a los de destrezas técnicas, méritos y profesionalismo, más para pagar favores políticos o por amiguismo.
También Giovanni Sartori nos alerta: «Tolerancia no es relativismo; es reconocer el derecho que otros tienen de creer algo diferente a lo que nosotros creemos.» Petro, con talante excluyente, ataca a periodistas y prensa independientes: parece ignorar qué significan dos pilares básicos de la democracia: tolerancia y pluralismo. Para él, en una relación «suma-cero», quien no está con él está contra él y, por tanto, merece ser execrado.
*Lea también: El desplome de Gustavo Petro, por Alexander Cambero
Los técnicos vinculados al gobierno denuncian presiones y despidos arbitrarios. El conflicto más reciente se originó en el Ministerio de Salud, tras la salida de un grupo de funcionarios encargados de fijar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que establece el valor anual de atención en salud para cada afiliado al sistema. Los técnicos que por más de diez años habían fijado el cálculo de la UPC para garantizar la salud de cada afiliado, estimaron para 2025 un aumento entre 10 y 14%. El ministerio de la salud subió solo el 5,4% según informó La Silla Vacía. Petro acusa sin fundamento: «Si el equipo que por más de diez años dejó que se robaran la UPC redimensionándola… ese equipo no le sirve al país sino a las EPS».
¿Será exitoso el manejo del presidente Petro para desmantelar el Estado colombiano?
Marta de la Vega es investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora Titular en la USB y en la UCAB
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