Haro: no hay decisión política sin daños colaterales

El profesor José Vicente Haro es partidario de que Juan Guaidó se juramente como presidente de Venezuela
José Vicente Haro, abogado, Profesor de la Universidad Central de Venezuela, con Postgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política. Defensor de Derechos Humanos. Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVDC).
-Venezuela en este momento tiene enfrente un tren ¿Nos vamos a montar en ese tren o lo vamos a volver a perder?
-La pregunta es compleja. En este momento Venezuela tiene una ventana de oportunidad irrepetible, donde se conjugan unas circunstancia que dudo mucho se vuelvan a repetir en la historia próxima del país en los siguientes años y consiste en que, algo que quedaba claro totalmente para la comunidad nacional, el carácter ilegítimo de Nicolás Maduro, algo que declaró la Asamblea Nacional el 2 de enero de 2017 que era la falta absoluta por abandono del cargo, artículo 233 de la Constitución, que ratificó el 21 de agosto del 2018, por abandono del cargo y por la condena a Nicolás Maduro del Tribunal Supremo legítimo por el caso Odebrecht, que lo destituyó del cargo de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, además por decisiones judiciales de ese Tribunal del 2 de julio de 2018, del 15 de agosto del 2018 y del 20 de octubre del mismo año, todas las cuales ratifican la condena y la destitución del cargo de Nicolás Maduro, además de la violación sistemática de Derechos Humanos que lo que más deslegitima a cualquier jefe de estado, era algo que quedó claro para la comunidad internacional.
-¿Qué elementos fundamentales toma la comunidad internacional para deslegitimar a Nicolás Maduro?
-Son dos elementos fundamentales: no hubo elecciones auténticas el 20 de mayo del 2018 y como no las hubo, hubo un desconocimiento absoluto a los resultados de esos comicios realizados por el CNE en fraude a la Constitución, convocados por una ilegítima Asamblea Constituyente a través de un procedimiento plagado de vicios y que entran en la categorización de fraude electoral. No hubo elecciones auténticas, libres, transparentes, además de que previamente se ilegalizaron muchos partidos políticos que no pudieron participar y candidatos que tampoco podían participar. Estábamos encerrados entre dos opciones que no eran alternativas y no había una verdadera posibilidad de elección. Por eso fue que el pueblo se abstuvo. El otro elemento es que termina el período presidencial para el que había sido electo Nicolás Maduro, más allá de toda la polémica de ilegitimidad de origen por fraude electoral de abril del 2013, el tema de la nacionalidad, etc. La comunidad internacional lo que hizo fue buscar los dos elementos más gruesos: no hubo elecciones auténticas el 20M de 2018, fueron desconocidas por más de 50 países relevantes, y finaliza el período constitucional.
-El pronunciamiento del Grupo de Lima y del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
-El pronunciamiento del Grupo de Lima que le da un respaldo a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia legítimo y le da un respaldo y reconocimiento a los venezolanos, exhorta a Nicolás Maduro que abandone el cargo en un comunicado sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales con respecto a Venezuela. A una semana de esto se hace un pronunciamiento del Consejo Permanente de la OEA considerando que Nicolás Maduro está ejerciendo ilegítimamente la presidencia de la República, porque a partir del 6 de enero hay un elemento fáctico que es la usurpación, porque todos los que hemos analizado son elementos jurídicos, que es algo prohibido, proscrito por el derecho constitucional y por eso la Constitución dice: toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces y para la comunidad internacional todo eso se resume en una palabra: ilegitimidad de Nicolás Maduro. Por eso el Consejo permanente de la OEA utiliza ese término por ser el apropiado que abarca lo jurídico y político.
-¿Qué significa el hecho de que Nicolás Maduro se juramentara ante el Tribunal Supremo y no ante la Asamblea Constituyente?
-Maduro en su huida hacia adelante decide jugar una vieja táctica que es utilizar el TSJ suyo, el de Dos Pilitas, el ilegítimo, el de Maikel Moreno y así decide ordenar que se emita una decisión un día antes y al día siguiente va y se juramenta. Eso no puede llamarse juramento, eso es un delito, es un fraude a la Constitución, es incurrir en el delito de usurpación de funciones condenado por el artículo 213 del Código Penal y por más que trate de darle con eso un viso de legitimidad a su gobierno, no lo tiene. Nicolás Maduro nunca va a poder encontrar la legitimidad que ya perdió, absolutamente, ni en ninguno de los poderes que controla y que están al margen de lo constitucional, nunca, y él lo sabe y por eso trata de apalancarse a nivel nacional con vocería internacional en estos actos que él considera solemnes, pero son propaganda política y se apoya en la Fuerza Armada buscando legitimidad. Y él mismo lo dice: no le importa que lo llamen dictador.
-¿En qué situación se encuentra Juan Guaidó en este momento?
-Su situación es muy difícil en esta grave crisis política, institucional y humanitaria que está viviendo Venezuela. Esa ruptura del orden constitucional nos ha llevado desde el 10 de enero, más claramente para los venezolanos y más contundentemente para el orden internacional, que hay una persona ilegítima ejerciendo el poder, Nicolás Maduro, apoyado por la Fuerza Armada y por eso fue del TSJ a Fuerte Tiuna a buscar apoyo y hoy en la ilegítima Asamblea Constituyente a través de un acto de proselitismo político buscando una especie de reconocimiento de legitimidad y aprobación y, además, apoyándose en un discurso de que es un gobierno cívico-militar. Nicolás Maduro está ilegítimamente ejerciendo el gobierno
Juan Guaidó, al ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional, hizo el 5 de enero de 2019 un juramento para hacer cumplir la Constitución y las leyes y para cumplir los cargos inherentes a la Asamblea Nacional. Uno de esos cargos es encargarse de la presidencia de la República y ejercerla temporalmente en caso de que vencido el período constitucional el presidente electo se juramente como tal. Juan Guaidó, es efectivamente el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora para terminar de cubrir una formalidad esencial para que constitucionalmente, políticamente y toda la comunidad internacional no tenga duda en ello y esto tenga más fuerza, se necesita cubrir un requisito que es el juramento.
-¿Juan Guaidó tiene que ser juramentado?
-Sí, porque la juramentación, en este caso, no es un requisito que está establecido en una ley, en ningún reglamento o es una práctica política, no, está establecida en el artículo 231 de la Constitución expresamente la necesidad de juramento ante la Asamblea Nacional en una sesión convocada al efecto y juramentar al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de la República, para que proceda a convocar elecciones en el tiempo más perentorio posible durante el mes correspondiente, garantizando las condiciones que aseguren a los venezolanos, en términos electorales, unas elecciones auténticas y ser dueños de su destino en la transición. Que sea el pueblo, los ciudadanos quienes tomen las riendas del cambio.
-¿Hay alguna ley que lo obligue a juramentarse?
-La Ley de juramento que está vigente y que obliga a los altos cargos de los poderes públicos jurar, como lo hace, por ejemplo, cada diputado cada vez que se incorpora a la Asamblea Nacional. El juramento lleva al camino del restablecimiento del orden constitucional.
-¿Ante quién debe hacer ese juramento?
-El artículo 231 de la Constitución es muy claro: ante la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo debe hacer? En plenaria. ¿Dónde? en cualquier parte del territorio nacional, no tiene que ser en el Palacio Federal Legislativo porque la Constitución y el reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional permiten que la Asamblea sesione en cualquier parte del territorio nacional. Se necesita el quórum mínimo, la mitad más uno de los diputados presentes.
Esa juramentación es lo que marcaría el inicio de lo que yo llamo una táctica de presión política fuerte, determinante, firme, constitucional, legítima, para forzar una transición en el caso venezolano.
-¿Qué significaría ese juramento para Juan Guaidó?
-Se conjugarían tres figuras: Jefe de Estado, de cara a la comunidad internacional, jefe de gobierno de cara a lo que es el poder político y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
-Juan Guaidó y la Asamblea Nacional está enfrentado a una situación complicada.
-Ninguna solución política en este momento es fácil, ninguna de las vías de transición es fácil, ninguna está libre de riesgos, ninguna está libre de daños colaterales, ninguna está libre de remontar una cuesta muy difícil. Pero esta es la ventana de oportunidad y que si no la aprovechamos, si la Asamblea Nacional no la aprovecha, el tren se va a ir y el tiempo va a pasar y esa posibilidad para lograr un quiebre definitivo y una transición política en Venezuela que lleve a un cambio en las vías de poder que lleve luego a unas elecciones, que lleve a los venezolanos a recobrar y ser dueños de su destino, decidir quién va a gobernar el país y como se va a hacer la reconstrucción del país, la vamos perder.
-Entonces es muy grande la responsabilidad de Juan Guaidó en cuanto a solucionar la crisis en la cual está sumido el país.
-Queda de Juan Guaidó disponer la decisión política correspondiente, una gran responsabilidad que no la asume él solamente, la debe asumir con ética política toda la directiva de la Asamblea Nacional y todos sus diputados. Si no priva la ética política sino los intereses particulares de los partidos, las decisiones personales, las cuotas de poder que se puedan tener a nivel del Parlamento o las visiones de la política no como estadistas sino con mentalidad de conuco, vamos a haber perdido los venezolanos una oportunidad histórica, única. Aquí no hay margen de error, aquí no puede haber milímetros de error en el objetivo, en la estrategia. Nunca habíamos estado tan cerca de una solución constitucional, institucional, política, válida totalmente nacional e internacionalmente.