Haro: salida pacífica, constitucional y sin impunidad
El abogado constitucionalista y profesor universitario, José Vicente Haro, descartó la representatividad de los partidos que firmaron un acuerdo con la administración de Maduro el pasado lunes y aseguró que Juan Guaidó seguirá encargado de la presidencia de la República en enero de 2020
–La mayoría de los venezolanos nos sorprendimos el lunes 16 de septiembre con una reunión en la Casa Amarilla entre representantes de Nicolás Maduro y unos dirigentes de la oposición venezolana, llegando a acuerdos y constituyendo una Mesa de Diálogo.
–Ese documento y esa reunión no se puede llamar ni política ni institucionalmente una Mesa de Diálogo, porque una mesa de diálogo en procesos de transiciones políticas complejas se tiene que hacer con los representantes legítimos en conflicto y aquí no tenemos representación legítima de lo que es la mayoría de los venezolanos que apoya a la Asamblea Nacional y al Presidente Encargado Juan Guiadó, juramentado el 23 de enero, y la gran parte de la comunidad internacional relevante, es decir, más de 50 países lo reconocen y respaldan a la Asamblea Nacional y por lo tanto Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y las demás personas que estuvieron allí, no pueden atribuirse la representación de la mayoría del sector político venezolano, representación que tiene por excelencia los diputados de la Asamblea Nacional y también por el voto del pueblo dado en las urnas en diciembre del año 2015 y que comenzaron a ejercer el 5 de enero de 2016. En mi opinión, sería un error darle a esa reunión tratamiento de conformación de Mesa de Diálogo.
Tampoco se le puede llamar acuerdo a ese documento suscrito entre representantes de Nicolás Maduro y personas de oficialismo ya que son un sector de la clase política venezolana muy minoritario y que no representa la mayoría de la voluntad de los venezolanos. Eso no pasa de ser un documento sin relevancia ni política ni constitucional vinculante ni para la Asamblea Nacional ni para los factores de oposición ni para la comunidad internacional y, mucho menos para los ciudadanos.
–Pero hemos visto por Twitter al ministro Padrino López diciendo que dentro de la Constitución todo se puede hacer.
–Cuando el Ministro Vladimir Padrino dice que todo se puede dentro de la Constitución parece recordarnos a Hugo Chávez que decía dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, pero se caracterizó no solamente por decir esa frase y tratar de crearla una verdad que no lo era, sino trató de hacer creer a los venezolanos que cada decisión política que tomaba estaba conforme a la Constitución y era parte de una propaganda política. Padrino repite algo que aprendió de su mentor, pero él bien sabe, y si de algo no se le puede calificar a Padrino es de ignorante, cuáles son las circunstancias políticas y humanitarias en las que vive el país, también le consta y sabe que en la Casa Amarilla no hubo una representación entre el oficialismo y la oposición, sino lo que hubo fue un encuentro entre representantes de Nicolás Maduro y algunas personas que han hecho vida política en Venezuela que no representan ni al 2% de la población venezolana. Estamos hablando de un grupo minoritario que no se corresponde con una mesa de negociación como la que estaba integrada en Barbados y que no guarda garantías para los ciudadanos ni para los miembros de la Fuerzas Armadas como lo guardaba el proceso de Noruega que estaban siendo reconocidos por la comunidad internacional.
–¿En el acuerdo de la Casa Amarilla qué está fuera de la Constitución?
–Lo más grave, es el reconocimiento de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente; otro es el de la incorporación de diputados del Psuv a la Asamblea Nacional cuando se sabe que muchos de ellos, constitucionalmente, no pueden hacerlo y otro punto que hay que resaltar es que allí se esté tratando de seguir utilizando a los presos políticos, manipular su dramática situación para vender una solución política que no es real.
–En ese documento se dice que se llegó a un acuerdo para dejar en libertad a 58 presos políticos. ¿Cuántos presos políticos hay en este momento?
–Contando presos políticos civiles y militares tenemos más de 700, dentro de esos presos políticos tenemos diputados principales de la Asamblea Nacional como el primer Vicepresidente Zambrano (fue liberado posteriormente a esta entrevista), Juan Requesens, tenemos diputados que no están en el territorio nacional porque tienen órdenes de aprehensión ilegítimas contrarias a la Constitución y que han tenido que optar por el exilio o el asilo político. El ofrecerles esta excarcelación, no la libertad, con medidas cautelares, régimen de presentación con prohibición de salida del país, que se les prohíbe hablar con los medios de comunicación y el uso de redes sociales ¿Esto es libertad? No. Con este documento lo que se pretende es traficar con la dignidad, la libertad de los presos políticos.
–¿Pueden los diputados del PSUV regresar a ocupar sus curules en la Asamblea Nacional?
–Los diputados conforme a la Constitución tienen una responsabilidad política frente a los ciudadanos que los eligieron, les obliga a rendir cuenta anual de su gestión y mantener una comunicación permanente con sus electores y obedecer a los intereses del país y no a las políticas partidistas ajenas a los intereses de los ciudadanos. Esa responsabilidad no se puede abandonar, es indeclinable a menos que se retiren por razones personales y ahí se incorpora su suplente. Esos 50 diputados y sus suplentes han incurrido en violaciones de sus obligaciones constitucionales y al no asistir a las sesiones han abandonado el cargo y esta es una figura que aplica a todo funcionario público electo por elección popular.
–¿Y en este caso qué sucede?
–Estas personas que fueron electas en diciembre del 2015 y abandonaron el cargo perdieron su cualidad para ser diputados, pero además la mayoría de ellos están ejerciendo cargos públicos remunerados en alcaldías, gobernaciones, concejalías, consejos legislativos, en el tren ejecutivo del régimen de Nicolás Maduro, en la administración y están integrando la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y desde ahí han dictado actos que atentan contra la Asamblea Nacional, que violan la inmunidad parlamentaria, que han usurpado funciones del parlamento en materia legislativa y desde allí han violado la Constitución, cuando el juramento que hicieron fue el de cumplir y hacer cumplir la misma.
–¿Entonces esos diputados del PSUV perdieron su investidura?
–El artículo 191 de la Constitución señala que perderán su investidura esos diputados que acepten otros cargos públicos, son ex diputados. No pueden volver a la Asamblea y si llegaran a presentarse a la Asamblea cualquier diputado en ejercicio tiene la potestad automática de levantar la mano para, como punto previo, calificar si la persona que se está presentando sigue teniendo esa cualidad de diputado.
–Pretenden estos diputados oficialistas incorporarse a la Asamblea Nacional que fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia.
–Esa es la mayor demostración de que ese desacato nunca existió. El hecho de que en ese documento que se leyó en la Casa Amarilla el 16 de septiembre se haya señalado que se va a buscar una solución política para el desacato, con la sola “incorporación” de personas que ya no son diputados y que representan al PSUV y a partidos que apoyan al régimen significa que nunca hubo desacato desde el punto de vista jurídico y constitucional, eso fue una estrategia política perversa para desconocer las funciones constitucionales, políticas y jurídicas que tiene la Asamblea Nacional.
–¿Se puede mantener Juan Guaidó, después del 5 de enero del 2020, como Presidente de la Asamblea Nacional y como Presidente encargado de la República?
–El carácter de Presidente Encargado lo adquirió Juan Guaidó porque así lo establece el artículo 333 y 350 de la Constitución, ese carácter de Presidente Encargado es una responsabilidad política que él asumió y para la cual se juramentó el 23 de enero y que debe culminar con la efectiva toma de posesión del poder, la definitiva toma de posesión de todas las funciones inherentes a la presidencia de la República. Como esa toma de posesión no ha podido darse él sigue manteniendo, conservando el carácter de Presidente Encargado, pero sigue manteniendo también el carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, es decir, una vez que Juan Guaidó asuma la presidencia de la República deja de ejercer el cargo de Presidente de la Asamblea Nacional, según la Constitución.
–¿Qué pasará el 5 de enero de 2020?
–Él seguirá siendo Presidente Encargado mientras no cese la usurpación, es decir, el 5 de enero del año 2020 la Asamblea Nacional puede, conforme a la Constitución, volver a ratificar a Juan Guaidó como lo hizo este 17 de septiembre en la sesión, hasta que pueda tomar la posesión definitiva y legítima del cargo de Presidente de la República y también lo podrían ratificar como Presidente de la Asamblea, porque esa es una decisión política, o designar a otro diputado como presidente de la Asamblea para el período del 2020. Son dos opciones que la Constitución permite y no prohíbe.
–¿Está de acuerdo con una salida constitucional y no violenta?
–Eso hay que precisarlo. Las salidas constitucionales son muchas y no significa que no se esté en riesgo de una situación en donde exista peligro para la integridad de efectivos militares del régimen, de colectivos y que sea absolutamente pacífica. Cuando se habla de soluciones constitucionales se dice: constitucional, pacífica y no violenta, se dice para contraponerla a cualquier actuación militar, cualquier coalición militar o cualquier actuación internacional de grupos a nivel internacional como la DEA, Interpol que por vía de la ley, de la fuerza de la ley establezcan otro tipo de soluciones. Yo estoy de acuerdo con una salida constitucional, pero que no ofrezca impunidad para quienes de conformidad al artículo 29 de la Constitución no han respetado la Constitución, han violado sistemática y gravemente los Derechos Humanos, han cometido crímenes de lesa humanidad, con esos casos no puede haber impunidad. La Constitución permite salidas negociadas, pacíficas, pero cuando se utiliza la frase no violenta hay que dejar claro cómo la estamos utilizando. Si de lo que se trata es ejecutar una orden de captura, por ejemplo en el caso de Tareck El Aissami y se utiliza un mecanismo de fuerza específico autorizado a nivel internacional por Interpol, por la DEA o por cualquier otra agencia internacional, ahí el hecho de que la solución sea coercitiva, sea por la fuerza de la ley, no significa que esa salida desde el punto de vista constitucional sea violenta.
Todos queremos que la solución sea constitucional, todos queremos que sea por la vía de la negociación o con un acuerdo político que genere los medios que tenga los menos costos posibles en vidas y en daños, pero el tema de que si esa solución es una solución violenta o no, hay que distinguir entre lo que es violencia legítima, por ejemplo, en legítima defensa, para proteger la vida de otros o de uno mismo en legítima defensa. En este caso tiene que haber “una aplicación legítima” de la fuerza que disminuya al máximo cualquier situación de violencia y que esté justificada por la fuerza de la ley. Ahora, esas soluciones son las últimas que deben explorarse, esas soluciones son las que se han tratado de evitar con la mesa de negociación convocada por el Reino de Noruega. Se ha tratado de buscar una vía constitucional, pacífica y no violenta. Eso es lo ideal.
–Venezuela no aguanta más ¿Hay que seguir esperando?
–Si llegamos a una situación donde el régimen de Nicolás Maduro sigue huyendo hacia adelante, sigue violando los Derechos Humanos, sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, ya tendrán la Corte Penal Internacional, los países de la comunidad internacional actuar desde el punto de vista coercitivo de la manera más adecuada posible y pensada solamente en ponerle cese a la dictadura, a la tiranía, aprehender y capturar y privar de libertad a Nicolás Maduro y a las personas que se demuestre que deben acudir a un enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad o por el narco tráfico o la violación de los derechos humanos.
–¿Qué cree que va a pasar próximamente?
–La comunidad internacional se va a ver forzada a volver al proceso de negociación liderado por el Reino de Noruega, dependerá de las decisiones políticas que se tomen en la Asamblea Nacional, si la oposición decide volver a esas negociaciones y si hay garantías suficientes de que no va ser un fraude auspiciado por Nicolás Maduro como lo hizo ya.
Estoy de acuerdo con una solución constitucional, pacífica, no violenta que sea obra de un proceso de negociación, pero nunca debe descartarse la opción de la fuerza legítima, la opción de soluciones de carácter militar si eso es necesario para proteger un bien mayor que son los Derechos Humanos de las personas, el cese de los crímenes de lesa humanidad, el cese de un estado narcotraficante ejerciendo unas funciones que no le corresponden.
José Vicente Haro es abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela, con postgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política. Defensor de Derechos Humanos. Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVDC).
