Héctor Hernández da Costa: otro caso que evidencia el patrón de acoso a militares
Ninguna de las medidas internacionales en favor del general Héctor Hernández da Costa se han cumplido hasta la fecha, entre ellas la de liberación inmediata, solicitada por parte del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Actualmente, el militar espera la culminación del juicio, que podría darse este mismo año, donde comparte acusación con Juan Requesens y otras 15 personas
El nombre del general de la Guardia Nacional (GN) Héctor Hernández da Costa no es desconocido dentro de la escena militar. Hasta agosto de 2018 se desempeñaba como jefe del Comando Nacional Antidrogas de ese componente, pero el 13 de ese mes fue detenido dentro de su vivienda sin que se le mostrara una orden judicial, sin información de por qué estaba siendo detenido, y en medio de un procedimiento ejecutado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La acusación se conoció desde el Ejecutivo, pues a Hernández da Costa se le vinculó al ataque con drones contra Nicolás Maduro durante un desfile militar ese agosto de 2018. Por estos hechos ya había sido apresado el diputado Juan Requesens y el exconcejal de Libertador Fernando Albán, quien falleció en octubre de ese año cuando se encontraba bajo custodia del Sebin.
Durante 40 días no se supo del paradero del general de la Guardia Nacional, pero en todo momento estuvo en manos de la Dgcim. Pasó un mes detenido en la sede principal de Boleíta, de donde denunció ser víctima de malos tratos, entre ellos la negación de atención médica o de recibir alimentación adecuada para sus padecimientos, entre ellos diabetes y enfermedades gastrointestinales.
Luego fue trasladado a la llamada Casa de los Sueños 2, como se conoce a la sede de la Dgcim ubicada dentro de Fuerte Tiuna. Allí sus familiares pudieron verlo por tan solo 10 minutos, sin ninguna privacidad y a través de un vidrio. “A nosotros nos afectó mucho porque fue como si se tratara de un animal salvaje. La comunicación nunca fue clara”, expresa su hija Loredana Hernández.
Desde entonces, las condiciones de detención de Hernández da Costa no han cambiado. Volvió a la sede de la Dgcim en Boleíta mientras espera que culmine el juicio en su contra, y persisten las mismas condiciones de malos tratos. La cuarentena impuesta en todo el territorio nacional por la pandemia de covid-19 durante 2020 hizo que las visitas se redujeran a su máxima expresión: fueron suspendidas durante 11 meses, y cuando se retomaron solo se permitieron una o dos por mes, con la presencia de una persona de su entorno.
El general, por compartir una celda con una persona enferma con coronavirus, estuvo contagiado de covid-19 y no recibió atención médica durante ese periodo. “Con las medicinas que le llevamos pudo superar la enfermedad, pero la Dgcim nunca mostró interés en ayudarlo”.
Actualmente el general se encuentra en la etapa final del juicio, donde también están siendo juzgados Juan Requesens y otros 15 imputados. “Mi papá nunca se va a declarar culpable porque no tiene nada que ver, él es inocente”, dice Loredana Hernández.
Debido a la falta de privacidad, ya que cada visita es grabada y hay micrófonos en el sitio donde se permiten las visitas, las conversaciones del general Hernández da Costa con sus familiares giran más en torno al aspecto personal, menciona la joven. “Mientras siga esta irregularidad, que ya lleva dos años y medio, es un hecho que nos afecta a todos, afecta la estabilidad emocional de toda la familia y es algo que estamos reflejando, incluso mi papá”.
La negación de atención médica también se mantuvo contra el general Hernández da Costa, pues ni siquiera el personal médico de la Dgcim lo ha atendido. “Mi papá además de ser diabético, fue operado en tres oportunidades en la zona gastrointestinal y actualmente necesita una revisión de un coloproctólogo. Nadie lo ha podido atender durante dos años y medio, y es importante porque en cualquier momento le podría dar un coma diabético debido a la diabetes tipo II que sufre”, señala Loredana Hernández.
Aunque destaca que lo único que han respetado en cuanto a su salud es la entrega de las medicinas que necesita por sus enfermedades, así como la alimentación especial que requiere. “A nosotros nos cuesta mucho conseguirlos, empezando por el costo, que en Venezuela tampoco se consiguen pero hacemos el esfuerzo (…) Debido a las medidas que han impuesto por el coronavirus, nosotros le llevamos los alimentos una vez a la semana y le deben alcanzar para siete días”, dice la hija del militar.
“Caza de brujas”
La persecución y criminalización de militares activos y retirados en el país no es nueva, y ha sido objeto de investigación y denuncia por parte de organizaciones internacionales, incluyendo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Misión de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU para investigar torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias en el país.
Según la ONG Justicia Venezolana, hasta el 26 de marzo había 140 militares presos por razones políticas, 35 de ellos en riesgo por su condición de salud. Las acusaciones contra los funcionarios se pasean entre el terrorismo, traición a la patria, sustracción de armamento militar, conspiración, entre otros.
En su primera actualización oral, la Misión de Determinación de Hechos destacó el uso por parte del régimen venezolano del concepto de “enemigo interno” para justificar la persecución a la disidencia. Además señaló su preocupación por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil, e hizo mención particular de los casos del capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, quienes “siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles”.
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También hizo mención de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, debido a la anulación de la sentencia contra los dos presuntos responsables en 2020. La Misión concluyó que la muerte del militar fue consecuencia de las torturas infligidas por funcionarios de inteligencia militar. “La nueva acusación del Ministerio Público incluyó los delitos más graves de homicidio calificado con alevosía y tortura. Sin embargo, el Estado sigue procesando sólo a funcionarios de bajo rango por esta muerte”.
Mientras que la Alta Comisionada Bachelet, desde su primer informe sobre el país en 2019, también ha puesto de manifiesto las violaciones contra los militares detenidos por razones políticas, incluyendo las detenciones arbitrarias y la utilización de torturas para someter y obtener información de los detenidos, así como pocas garantías para un juicio justo.
También se ha puesto de manifiesto el uso de instalaciones clandestinas y no oficiales por parte de los órganos de inteligencia militar (Dgcim) para detener a presos políticos, entre ellos los mismos funcionarios castrenses acusados de haber cometido algún delito.
Medidas vulneradas contra Hernández da Costa
En el caso del general Héctor Hernández da Costa, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas se han pronunciado en su caso.
Las medidas cautelares de la CIDH en favor de Hernández da Costa fueron dictadas el 15 de octubre de 2019, y entre otras cosas se solicitó al Estado venezolano que adoptase las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal del general, así como garantías de que las condiciones de su reclusión cumplen estándares internacionales.
Por su parte, el Grupo de Trabajo se pronunció en julio de 2020 para dejar en claro que la detención del militar fue totalmente arbitraria, y su privación de libertad incumplía la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Igualmente, se estimó que en el contexto de la pandemia por el coronavirus y la amenaza que representa en los sitios de detención, se debe garantizar la inmediata liberación de este funcionario.
“Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos hecho denuncias públicas para tratar de visibilizar la medida del Grupo de Detenciones Arbitrarias, sus abogados también lo han presentado pero no hemos obtenido respuesta hasta el momento. Ya la orden de mi papá tiene siete meses y sigue preso, la inmediatez no se la han dado”, asevera su hija Loredana Hernández.
Hernández también comenta que se debía entregar una respuesta al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, con sede en Ginebra, pasados seis meses de emitida la orden. “Sin embargo no se ha materializado la libertad, no se ha materializado ninguna de las recomendaciones que hacía la medida, pero seguimos insistiendo en organismos nacionales e internacionales. En esa medida se discutía punto por punto, incluso con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las razones por las cuales mi papá es considerado inocente y se solicitaba su libertad inmediata”.
La juez Carol Padilla, quien estaba encargada de la audiencia preliminar, tampoco respondió a la solicitud hecha por el Grupo de Trabajo de la ONU. Padilla, quien ha sido señalada por organizaciones no gubernamentales de impartir justicia en base a razones políticas, fue reemplazada por la jueza Carolina López.
“Ese distanciamiento físico que nos han impuesto es algo inhumano, nos ha afectado mucho. Más ahorita en cuarentena porque las visitas son escasas, no hay intimidad familiar. Me afecta mucho verlo cómo está”, reclama su hija.
Loredana Hernández recuerda que “hay militares honestos. Las personas que tienen medidas de la ONU tienen que cumplirse. Se deben caer todas las mentiras y así se está demostrando hasta el momento, y espero que todas las personas dentro del juicio hagan valer la inocencia de mi padre y del resto de los presos políticos que están en el caso”.
