MP ahora sí reconoce torturas en el caso del capitán Acosta Arévalo
Luisa Quintero
Publicado octubre 23, 2020
El coordinador deProvea, Marino Alvarado, aseveró que el fiscal Tarek William Saab omitió varios aspectos importantes sobre los cambios en la imputación a los acusados por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo
El fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, informó sobre la nueva imputación del Ministerio Público (MP) contra dos funcionarios de la Guardia Nacional (GN) por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, reconociendo ahora los delitos de homicidio intencional y tortura.
Durante una rueda de prensa, Saab recordó que el Tribunal Supremo de Justicia decretó la nulidad de la acusación del MP contra Ascanio Tarascio Mejía y Estiben Zárate Soto como presuntos responsables del asesinato del capitán Acosta Arévalo. En su sentencia, el TSJ aludió que se violaron el derecho a la defensa y al debido proceso en perjuicio de los acusados.
El pasado 20 de octubre, el Ministerio Público solicitó una nueva audiencia de imputación para estos exfuncionarios, adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por los delitos de homicidio calificado y tortura.
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«Las víctimas tienen la oportunidad de apelar una decisión con la que no estuvieron de acuerdo y allí actúa la justicia venezolana, así como está ocurriendo acá», dijo Saab, aunque estas palabras del fiscal no se cumplieron cuando los abogados de Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio de 2019 bajo custodia de la Dgcim y antes de ser presentando a tribunales por una investigación de supuesto terrorismo, pidieron que se tomara en cuenta los delitos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Incluso, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó que se investigara el deceso de Acosta Arévalo bajo la sospecha de tortura, debido a que «el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte».
La respuesta del Ministerio Público en ese entonces fue imputar a los acusados bajo el delito de «homicidio preterintencional con causal», una acusación donde se exculpaba a los presuntos torturadores, como denunciaron activistas de derechos humanos e incluso un exfiscal del MP.
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El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue detenido por la Dgcim el 21 de junio de 2019, tras ser acusado de ser parte de un grupo subversivo que atentaba contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ocho días después, fue presentando en tribunales militares sin poder articular palabras y con capacidades motoras reducidas, por lo que el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital. Antes de fallecer, el militar reveló que había sido objeto de torturas.
Tarek William Saab: El #28Jun de 2019, el occiso fue trasladado a la instalaciones de la Corte Marcial del Circuito Judicial Militar en Fuerte Tiuna; donde se estaba llevando a cabo la audiencia. En dicho lugar Acosta Arévalo se desmayo y fue trasladado al Hospital Militar
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) October 23, 2020
Lo que omite el fiscal
El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, aseveró que durante su rueda de prensa el fiscal no se refirió a varios aspectos importantes sobre los cambios en la imputación a los acusados por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
«En primer lugar no se informó por qué no se calificó el delito de tortura cuando había sido evidente que el capitán fue asesinado producto de ello. Tampoco habló sobre su responsabilidad. recordemos que fue la Sala Penal del TSJ quien anuló la impytación y la sentencia en ese caso. No asumió su responsabilidad», sentenció Alvarado.
Tampoco se informó sobre las medidas que se tomarán contra los fiscales que investigaron el caso, señaló el coordinador de Provea. «Para nosotros está bastante claro que hubo en la primer imputación un propósito de garantizar la impunidad, y en esa garantía actuaron de manera coordinada el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la jueza que dictó sentencia».
Al haber callado y no haber impugnado el Defensor del Pueblo la imputación, prosiguió Alavarado, «se hizo cómplice conciente de este delito. En opinión de Provea estos tres funcionarios tienen una alta responsabilidad y si tienen dignidad, deben renunciar a sus cargos».
Otra de las cuestiones que omitió el fiscal durante su intervención fue las posibles investigaciones a la cadena de mando de la Dgcim por el asesinato de Acosta Arévalo. Como recordó Alvarado, en este tipo de delitos «es muy posible que estos dos funcionarios hayan actuado por órdenes superiores. ¿Quién dio esas órdenes? ¿Qué grado de conocimiento tenía el director de la Dgcim de las torturas que se estabn realizando? ¿Qué medidas adoiptó para evitarlas?».
Provea también considera que debe investigarse al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, por este y otros hechos de violaciones a los DDHH cometidos en el país. «No se han adoptado medidas adecuadas para evitar que este tipo de sucesos sucedan nuevamente, aún así, reconocemos que esta imputación es un avance. Sin embargo, si no hay investigación de la cadena de mando no estamos garantizando justicia en este grave hecho, se está sentando un precedente negativo en la lucha contra la tortura».
