Héctor Lucena: Libertad sindical se hizo más riesgosa en empresas manejadas por militares
Este 1° de mayo en el que se celebra el Día del Trabajador vuelve a tener un sabor agridulce en Venezuela. Aunque este año la fecha coincide con el inicio en el país de un diálogo social auspiciado por la OIT, el sector sindical muestra severas limitaciones. El profesor Héctor Lucena sostiene que es importante que los sindicatos puedan recuperar su autonomía y sin intervenciones estatales ni militares
La reanudación del diálogo social entre gobierno, empresas y trabajadores, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Venezuela, generó expectativas sobre los resultados que se puedan alcanzar en estos encuentros. La cita de tres días que sostuvieron los representantes de todos los sectores se realizó próxima a la conmemoración del Día del Trabajador, una fecha en la que en el mundo se manifiesta a favor de los derechos laborales y salariales. Pero, en el país se suman las peticiones para la liberación de trabajadores que han sido calificados como presos políticos, con lo cual se evidencia que la libertad sindical es riesgosa y más si se ejerce en empresas estatales manejadas por militares.
En el Foro de Diálogo Social se discutió el Convenio 26 que corresponde a la fijación de salarios, el Convenio 144 que tiene que ver con el diálogo tripartito y el Convenio 87 que habla sobre la libertad sindical. En esta oportunidad se propuso abrir una oficina de la OIT en Venezuela, después de casi 20 años.
«El 1° de mayo es una fecha que permite reflexionar desde el ámbito del movimiento de los trabajadores y de los sindicatos. Sin embargo, el momento para esa reflexión está sometido a muchas e incontables emergencias. Algunos 1 de mayo tienen más significados que otros y este coincide con el foro de diálogo, es una fortuna esta coincidencia», sostuvo Héctor Lucena, profesor de la Universidad de Carabobo e investigador de Estudios del Trabajo en entrevista para TalCual.
Recordó Lucena que este es un proceso que viene desde 2019 y que hasta ahora ha dado algo de frutos. «En ese año, la OIT terminó su informe y lo hizo público para que fuera respondido por el gobierno venezolano. No obstante, las autoridades tardaron tres años para responder o atender estas evaluaciones».
Explicó que «la Comisión de Encuesta de la OIT hizo una investigación sobre Venezuela muy seria, cuya composición era de muy alto nivel», entre ellas liderada por la exmagistrada española María Emilia Casas, quien fue presidenta del Tribunal Constitucional de España. Sus integrantes vinieron al país e hicieron varias consultas con todas las partes e incluso con académicos.
«Hace tres años se esperaba que iba a darse un avance, pero no se esperaba que fuera tan lento. Porque el tiempo para que el gobierno respondiera si aceptaba o no el contenido del informe era de 90 días y se tomaron tres años para hacerlo», acotó Lucena.
—¿Qué expectativas tiene sobre este diálogo tripartito?
—El sector laboral ha asimilado el proceso y el foro de diálogo, y esto puede dar lugar a que las distintas corrientes, por cierto, muy fragmentadas del mundo sindical, se hayan acercado. Los dirigentes sindicales están tan fragmentados como lo están los partidos de oposición y muchos movimientos sociales. Uno de los menos divididos es el sector empresarial, el gobierno intentó hacerlo y no pudo. Fedecámaras se logró compactar.
Es importante que el diálogo ya esté materializándose y es mucha la materia que está por tratarse. Este es un informe de 240 páginas en las cuales se señalan las denuncias por violaciones laborales hechas tanto por el sector empresarial como sindical. Es importante que la población conozca estos planteamientos, que la fragmentación sindical se reduzca, y que el sector empresarial mantenga una relación con el sector sindical que aminore la pugna entre ambos.
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—¿Y sobre la actuación del gobierno?
—El gobierno tiene una actuación de mucha confrontación con los sindicatos. Para el gobierno, lo sindical es totalmente distinto a como lo establece el Convenio 87 que trata la libertad sindical y el Convenio 98 sobre la negociación colectiva. Viola hasta su propias leyes laborales y sindicales porque no tiene una concepción de que debe existir autonomía sindical, algo que es esencial.
Por ejemplo, en el mundo universitario, el gobierno creó la FTUV (Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela) para sustituir a la Fapuv (Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela), algo así como ´quitate tú para ponerme yo´. Así es cómo funciona su concepción sindical y esto es conflictivo.
—¿Cuáles son las principales violaciones a los estatutos sindicales y laborales en Venezuela y que supongo han sido denunciados en la OIT?
—La gran violación fue la autonomía sindical, es una violación extrema crear y promover los Consejos Productivos de Trabajadores. Es una aberración también tremenda la de mantener una organización en el Ministerio del Trabajo cuyas siglas son Renos (Registro Nacional de Organizaciones Sindicales), que es una alcabala ideológica y política a todo proceso de creación y funcionamiento sindical, de esta manera se asfixia al movimiento sindical.
Otra fue dejar de discutir la negociación colectiva que ha sido suspendida por la crisis económica. Pero las negociaciones colectivas también sirven para el momento de dificultades, también para evaluar y jerarquizar los cortes o restricciones a las que hubiere lugar. Si no se negocian las restricciones los que sufren son los trabajadores. Un análisis de las estrategias permiten algo más equilibrado en las consecuencias.
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Trabajadores presos
La labor de los representantes sindicales en el país se convirtió en un riesgo, no en balde la política del chavismo en estos 20 años de gestión se enfocó en desmantelar la estructura de los sindicatos tradicionales y agrupados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). En los últimos años se han disparado los casos de trabajadores detenidos por exigir mejoras laborales y salariales, o por denunciar el grave estado de las empresas estatales. Estos trabajadores son calificados como presos políticos, en especial los de la industria petrolera, debido a las irregularidades y retrasos para llevarlos a juicio.
Héctor Lucena agrega que «ejercer la libertad sindical se hizo más riesgoso en las empresas manejadas por militares».
Destacó que la militarización en la administración del trabajo ha quitado significado al Ministerio del Trabajo y ha reducido su naturaleza. «Solo basta observar cómo aparecen rápidamente los militares cuando hay un conflicto laboral o cuando se demandan mejoras, pero aparecen para hacer advertencias. Este es un problema más de los trabajadores que de los empresarios, no van iguales en las consecuencias y dificultades».
—Los trabajadores han entrado también en la llamada «puerta giratoria» en la que el gobierno libera presos políticos, pero detiene a otros más. ¿Qué efecto podría tener esta situación en el dialógo?
—Rubén González (dirigente sindical y expreso político) dijo recientemente que hay unos 147 trabajadores que aún se encuentran detenidos, pero hay algo más grave y es que estas personas están criminalizadas. Muchos de los que han sido excarcelados quedaron con medidas cautelares y sin plena libertad, otros tienen hasta cuatro años presos con un juicio abierto.
Creo que este tema no debería convertirse en un asunto de mucha rigidez. La relación Estado-empresa-sindicato está perturbado y desinstitucionalizado. Al movimiento sindical se le ha hecho daño, el daño ya está hecho, el maltrato está hecho. Lo que se debe es reponer esos daños y castigar a los culpables. Esto significa derrumbar el actual sistema de justicia, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo.
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