Homofobia y transfobia institucional dejan impunes los delitos de odio (I)
El arraigo del machismo y la homofobia en la sociedad, la ausencia de una ley que garantice el derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, la revictimización, la desconfianza en el sistema judicial venezolano y el miedo a denunciar silencian la voz de una de las poblaciones más vulnerables y vulneradas en el país, que este mes de junio conmemora el aniversario 51 de las revueltas de Stonewall (Nueva York) que dieron lugar al movimiento por los derechos LGBTI
Este trabajo forma parte de la serie Orgullo 2020 de TalCual
Autor: Carlos Seijas Meneses @carlosgmeneses
Cuando Angélica Vitanza, una mujer trans de 26 años de edad, fue a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para denunciar que la habían golpeado al salir de una discoteca en el este de Caracas, los funcionarios le dijeron que no le iban a tomar la denuncia porque se trataba de «un problema de prostitutas». Fue en 2017.
«Me golpearon hasta partirme la cara. Incluso me cortaron el cabello. Me agarraron de piñata. Fue horrible. Pero cuando denuncié, como era tan temprano y soy una chica trans, pensaron que era un problema de prostitutas. Me dijeron que no se iban a meter en eso. Yo solo estaba trabajando en la discoteca. Yo soy actriz y cantante. Pero en Venezuela ser trans es sinónimo de prostitución».
No ha sido la única. Apenas comenzaba el «mes del orgullo» en Venezuela este 2020, Jorge Granado fue brutalmente golpeado en Ciudad Guayana por seis hombres hasta dejarlo desfigurado, debido a su homosexualidad, reportó Provea.
Angélica Vitanza, una mujer transgénero de 26 años de edad, con el rostro amoratado luego de haber sido golpeada en 2017 al salir de una discoteca
Vitanza tiene un rosario de vivencias, también, de cómo ha sido la respuesta de las autoridades. «En otra ocasión me intentaron robar en Maracay y cuando fui a la policía de El Limón no me tomaron la denuncia por el simple hecho de ser trans», recuerda. Y también relata cómo en 2015 fue detenida por policías del municipio Mario Briceño Iragorry de Maracay, Aragua, cuando se reunía con amigos para ir a una fiesta, «porque yo estaba vestida de mujer frente a la estatua del Libertador. Me dijeron que eso es una falta de respeto a la moral y a las costumbres«, dice Vitanza, quien empezó el proceso de transición en 2017 con terapia hormonal de feminización.
«Aquí en Venezuela todavía falta mucho, pero mucho, para que nos respeten y nos acepten como somos. Hasta dentro de la misma comunidad LGBT hay rechazo, y si no cambiamos eso, si no nos apoyamos entre nosotros mismos, que somos parte de la diversidad, nadie nos va a respetar y nadie nos va a apoyar».
El caso de Angélica Vitanza es uno de los más de 230 delitos de odio que se han registrado en Venezuela desde 2008 debido a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las víctimas.
Casos que han quedado impunes, como consecuencia de la omisión e inacción del Estado y la ausencia de leyes que garanticen protección a la comunidad LGBTI venezolana, una de las poblaciones más vulnerables y vulneradas en el país y de las más ignoradas por el gobierno.
Entre enero de 2009 y agosto de 2013 ocurrieron en Venezuela al menos 99 casos de delitos de odio, desglosado en 46 asesinatos y 53 casos de todo tipo de agresiones (tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, agresiones verbales, físicas y psicológicas, amenazas, embate policial, abuso de poder, entre otras), debido a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las víctimas, quedando la mayoría de los casos en situación de impunidad, de acuerdo con un informe elaborado por Acción Ciudadana Contra el SIDA (Accsi).
Estas situaciones sucedieron en 13 entidades venezolanas: Distrito Capital, Miranda, Zulia, Aragua, Mérida, Carabobo, Bolívar, Barinas, Lara, Vargas, Nueva Esparta, Táchira y Monagas.
De mayo de 2013 a mayo de 2015 Accsi registró un total de 47 delitos de odio, de los cuales 29 fueron asesinatos y 18 agresiones. 65,5% de los casos de asesinatos fueron personas trans. Entre junio de 2015 a mayo de 2016, el equipo de investigadores de Acción Ciudadana Contra el Sida identificó otros 93 delitos de odio.
Según Transgender Europe, desde 2008 hasta septiembre de 2017, 116 personas trans fueron asesinadas en el país.
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Escasa legislación protectora
En Venezuela las personas LGBTI no tienen amparo. En un país donde aún imperan la lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia, no hay normas que prohiban la incitación al odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
El artículo 21 de la Constitución, que establece que «todas las personas son iguales ante la ley», no incluye expresamente la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Solo prohibe aquellas «fundadas en la raza, el sexo, el credo y la condición social». Y si bien en 2008 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclaró en la Resolución N° 190 que «no es posible, dentro del marco constitucional venezolano, la discriminación individual en razón de la orientación sexual de la persona», no hizo referencia a la discriminación por razón de identidad de género.
En Venezuela el matrimonio gay, así como también la adopción homoparental, es ilegal, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó, en enero de 2018, que los matrimonios entre parejas del mismo sexo deben ser reconocidos. Además, cualquier persona que haya mantenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo «no debe donar sangre», según la Sociedad Venezolana de Hematología.
«En Venezuela estamos totalmente de espaldas a la evolución mundial en la materia y simplemente se invisibiliza», dice el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
«La táctica es no negar ni despreciar al colectivo LGBTI sino simplemente hacer como que no existe y tener dos o tres grupos afectos dentro del colectivo para decir que no discriminan, pero en realidad no hacen nada para proteger ni derogan las normas que existen donde los actos sexuales, que llaman contra natura, son delitos».
El abogado hace referencia al aún vigente Código Orgánico de Justicia Militar que establece en el artículo 565, dentro del capítulo De la Cobardía y otros Delitos contra el Decoro Militar, que «todo militar que cometa actos sexuales contra natura» será «penado con prisión de uno a tres años y separación de la Fuerza Armada».
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Inacción
La ONU señala que los países deben tener una única ley amplia e integral que incluya todos los tipos de discriminación, en la que tiene que estar establecido el derecho a la no discriminación por orientación sexual y por identidad y expresión de género. Sin embargo, en Venezuela no hay una ley específica que obligue al Estado a garantizar protección a la comunidad LGBTI.
«En Venezuela se hizo lo contrario», afirma la educadora Quiteria Franco, asesora en Derechos Humanos, Género y Diversidad y coordinadora general de Unión Afirmativa. «Cuando estuvo la anterior Asamblea Nacional dominada por el chavismo, se crearon leyes particulares para proteger a poblaciones vulnerables específicas. Por eso hoy tenemos una ley que protege a los niños, otra que protege a las mujeres, otra a los negros y otra a los discapacitados. No se creó una para proteger a la comunidad LGBTI».
Tampoco hubo un cambio significativo para las personas LGBTI durante la gestión 2016-2020 del Parlamento, de mayoría opositora. Unión Afirmativa sostiene que la elección de Rosmit Mantilla como diputado gay y Tamara Adrián como diputada trans no se tradujo en modificaciones y adaptaciones legales necesarias para la inclusión social de las personas LGBTI y para el disfrute pleno de sus derechos humanos, así como tampoco en establecer acciones a través de foros, reuniones y consultas a la sociedad civil organizada en ONG, grupos, colectivos y asociaciones civiles.
«Ningún legislador se ha tomado la tarea de elaborar un reglamento para decirle al empleado de la Fiscalía cómo va a tomar la denuncia en caso de discriminación. En Venezuela vas a un lugar a poner una denuncia y te tratan mal si eres, por ejemplo, trans o amanerado. Hay características que te convierten en una persona vulnerable y vulnerada. La revictimización de la que somos objeto cuando queremos poner una denuncia hace más difícil la situación».
Antes de las elecciones de 2015, el partido Un Nuevo Tiempo fue pionera al anunciar que llevaría a la Cámara, de ganar curules, un proyecto de ley para reconocer la diversidad sexual en la sociedad venezolana. La entonces candidata Delsa Solórzano dijo que la normativa buscaría tipificar como delito la violencia motivada por orientación sexual, expresión o identidad de género e imponer las sanciones penales correspondientes.
En el proyecto se establecía también la obligatoriedad por parte del Estado de la producción de estadísticas relacionados con los delitos de violencia por orientación sexual, expresión o identidad género y de la creación de una Fiscalía especializada.
La legisladora denunciaba que desde 2003 hasta 2015 diversas iniciativas legislativas presentadas ante la Asamblea Nacional para garantizar los derechos de las personas LGBTI habían sido lastimosamente engavetadas, incluyendo el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario de 2014 o la declaratoria del 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia en 2015. «Todas fueron desestimadas por el ente legislativo”, destacó entonces.
La siguiente legislatura encabezada por la oposición aprobó la conmemoración del 17 de mayo en 2016 , pero los instrumentos sobre las uniones civiles y sobre la violencia contra personas LGBTI durmieron el sueño de los justos.
Sin ley que ampare
Entretanto, las víctimas continuaban produciéndose. Un ejemplo es el caso del abogado transgénero Sam Seijas, quien fue amenazado por un funcionario policial del estado Aragua cuando realizaba una denuncia en febrero de 2017 en una comisaría ubicada en el sector Calicanto, Maracay, acompañado por su hija Aleska Seijas, de 23 años de edad.
En Venezuela no existe una defensoría especializada en personas LGBTI con el objeto de facilitar la recepción de denuncias y gestión de casos por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género, señala Unión Afirmativa.
Tampoco hay fiscalías especializadas para atender casos de violencia. Y no se reflejan en las estadísticas de reportes criminales los datos de manera desagregada por sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otros datos relevantes, que puedan dar información oficial sobre crímenes de odio.
«Lo que sucede cuando una persona LGBTI pone una denuncia es que la reportan como una riña, un intento de robo, pero no se va a visibilizar que la causa de la agresión o del ataque fue debido a la orientación sexual, es decir, lo ponen como un delito cualquiera cuando es un delito de odio motivado por una razón específica», señala Franco.
Los delitos de odio no están tipificados en el Código Orgánico Procesal Penal.
«En Venezuela no existe un delito de odio contra el colectivo LGBTI. Se le trata por lesiones si fueron lesiones, o si es una cosa ya mayor como homicidio, por homicidio, pero el que se haga por odio, porque la persona tiene una orientación sexual determinada, eso no va a ser un agravante, lo que sí sería, por ejemplo, en el caso de que sea porque la víctima es una mujer», explica Daniels.
«Este no es un local para gente como ustedes»
En octubre de 2018, Andrea y Clara fueron víctimas de un delito de odio en un local nocturno. Fue en Pisko Bar en el Cetro Comercial San Ignacio, en Caracas. «Estábamos como cualquier pareja en una cita normal. Mientras hablábamos le hacía cariñitos a Clara en sus manos y ella a mí. Luego fui al baño, y cuando regresé vi que un vigilante estaba hablando con ella, que estaba muy molesta. Cuando pregunté qué pasaba, el vigilante me dijo que no podíamos estar haciendo ‘eso’ ahí, que se estaban quejando».
Luego el encontronazo escaló, pues el vigilante, ahora acompañado por otro, se le volvió a acercar a Andrea cuando su pareja estaba en el baño, manoteando, para decirle que «no podían seguir con esa conducta». «Me quejé con la cajera y luego con un tipo que parecía el encargado y me respondieron que la gente como nosotras no puede estar en este local«, cuenta.
«Uno de los vigilantes me agarró duro por el brazo. Yo le dije que me soltara y me empezó a pellizcar la barriga, pero trataba de que nadie se diera cuenta. Me apretaba y me daba duro en la barriga. Me empezó a dar con el puño cerrado, me iba dando golpes con su puño cerrado mientras me pellizcaba el abdomen y me decía que nos teníamos que ir porque ‘este no es un local para gente como ustedes'».
Ambas abandonaron el local y decidieron denunciar. «Se abrió el proceso. Me dijeron que iban a investigar, pero al final no pasó nada (…) Es triste pensar que nosotros tenemos que andar con cuidado porque nunca se sabe, y es indignante que la ley no nos ampare».
Cuando a pareja fue a la delegación del Cicpc de Chacao a poner la denuncia, un funcionario les arrebató un celular con el que grababan un video para registrar las evidencias de lo ocurrido.
El abogado Alí Daniels sostiene que la existencia de leyes contra la violencia hacia la mujer y contra la discriminación racial, y ninguna que condene específicamente la violencia contra el colectivo LGBTI, habla mucho de todas las promesas incumplidas a lo largo de los últimos 20 años.
«Si ha habido un colectivo donde el gobierno, llamado bolivariano, nunca ha hecho algo por él, es precisamente el colectivo LGBTI».
En Venezuela el problema va incluso más allá que el hecho de que ningún poder público ni institución del Estado vele por los derechos LGBTI. Los mismos políticos, que supuestamente están para proteger y solucionar problemas a la ciudadanía, han hecho declaraciones homofóbicas con las que pretenden ofender y descalificar a sus adversarios.
Daniels asegura que «una de las evidencias más obvias de la hipocresía del régimen» respecto a los derechos del colectivo LGBTI está en que parte del discurso que utiliza cuando quiere descalificar a algún miembro de la oposición contiene epítetos homofóbicos. «Esto pone de manifiesto que, precisamente, la homofobia del régimen es parte estructural de él mismo y no es solamente una cosa episódica«.
«Si hay un gobierno que es conservador y homofóbico es este, y precisamente se manifiesta en la desprotección en la cual tiene al colectivo LGBTI», concluye el abogado.
