HRW considera que América Latina ha sufrido un “retroceso alarmante” en materia de DDHH
En la región de América Latina y el Caribe países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Brasil, México y El Salvador, registraron serias violaciones a los DDHH. En el caso de Venezuela hubo intentos reiterados por parte de las autoridades de debilitar el Estado de derecho por parte de líderes con tendencias autoritarias que fueron electos democráticamente
América Latina atraviesa en este momento algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos, así lo han dicho este jueves 13 de enero la organización Human Rights Watch.
Durante la presentación de su “Informe Mundial 2022”, la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner, calificó como “alarmante” el retroceso a las libertades fundamentales que se está viviendo en América Latina.
Aseguró que esta situación “nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”.
Explicó que la situación en la región se ha tornado tan complicada que “incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”.
El “Informe Mundial 2022” de HRW está compuestos de 752 páginas y analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países.
En el caso de Venezuela, la organización recordó como en noviembre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante la gestión de Nicolás Maduro.
Expertos independientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyeron que, las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes. La misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones.
Asimismo, recordaron que desde HRW han denunciado en reiteradas oportunidades la arremetida de la que han sido víctimas dirigentes de oposición en Venezuela, así como las condiciones para competir en elecciones, lo cual dificultó que todos los votantes pudieran ejercer sus derechos libremente.
Por su parte, destacaron que, también hubo intentos reiterados de debilitar el Estado de derecho por parte de líderes con tendencias autoritarias que fueron electos democráticamente.
En cuanto al gobierno de Cuba, las autoridades llevaron a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno.
Las elecciones en noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. De cara a los comicios el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales.
El régimen de Nicaragua mantuvo a estos dirigentes políticos presos e incomunicados, detenidos bajo condiciones abusivas durante semanas o incluso meses.
Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que inicio en el 2018.
En el caso de Brasil el presidente Jair Bolsonaro, intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral.
En México el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos.
En noviembre, decretó que los proyectos prioritarios de su Gobierno reciban permisos automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos, y que sean exentos de las reglas de transparencia.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores. Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe. El gobierno también propuso una ley de “agentes extranjeros” que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.
Migrantes, pandemia y una crisis que no para
Algunos gobiernos han usado la pandemia de Covid-19 como pretexto para violar derechos. El gobierno guatemalteco arremetió contra los medios de comunicación e impuso restricciones al acceso a la información sobre la pandemia. En Brasil, el presidente Bolsonaro hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada.
En muchos países, niños y niñas enfrentaron obstáculos para acceder a la educación como resultado de restricciones relacionadas con la pandemia.
La emergencia humanitaria en Venezuela, que precede a la pandemia, dejó al país en una situación desastrosa para enfrentarla. Millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria, pero la respuesta internacional no ha recibido el financiamiento necesario. El Programa Mundial de Alimentos estima que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria.
La pandemia y la crisis económica asociada a ella, el homicidio del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud 7,2 exacerbaron la inestabilidad política que ya atravesaba Haití, así como la violencia que ejercen las pandillas, que muchas veces tienen nexos con actores estatales. Haití enfrenta dificultades crónicas para responder a las necesidades básicas de su población.
A pesar del cierre de fronteras, millones de personas han huido forzosamente de sus hogares. Más de seis millones de venezolanos han huido del país. Muchos de ellos tienen dificultades para obtener estatus legal en los países de acogida y enfrentan deportaciones arbitrarias, xenofobia y abusos por parte de funcionarios de migración. Más de 110.000 nicaragüenses han huido de su país desde 2018. Cientos de miles de personas huyen del triángulo norte de Centroamérica cada año. Muchos de los que huyen en busca de protección transitan por México, donde sufren violencia, discriminación y abusos por parte de grupos criminales y autoridades mexicanos.
