HRW denuncia que «la represión en Venezuela no ha hecho más que intensificarse»
Human Rights Watch (HRW) documentó más de 2.000 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra manifestantes, opositores y defensores de derechos humanos tras las elecciones del 28 de julio. «Las autoridades han negado reiteradamente la detención de personas que efectivamente estaban presas», advierte el informe
«La represión en Venezuela no ha hecho más que intensificarse», denunció Human Rights Watch en su más reciente informe titulado: «Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela». Explicó que ese fue el resultado que obtuvieron los venezolanos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador en medio de denuncias de fraude y falta de transparencia.
El informe de HRW, presentado este miércoles 30 de abril, que se basó en más de 100 entrevistas y análisis de más de 90 videos y fotografías, detalló que el oficialismo desplegó un aparato de violencia estatal y paraestatal contra manifestantes, opositores, activistas de la sociedad civil y ciudadanos comunes. «La respuesta de las autoridades fue una represión brutal», señaló el documento.
Human Rights Watch encontró que «las víctimas, en su mayoría, eran menores de 40 años y procedían de barrios de escasos recursos». Del mismo modo, recibió «información creíble sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en Venezuela inmediatamente después de las elecciones» y denunció que fueron cometidos tanto por fuerzas de seguridad como por los llamados «colectivos».
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El informe también denunció una ola de detenciones arbitrarias. «Desde las elecciones de julio, más de 2.000 personas vinculadas a las protestas poselectorales o con actividades de oposición política y defensa de los derechos humanos han sido detenidas», agregó y recordó que en muchos casos, las personas fueron acusadas de delitos como «terrorismo» o «incitación al odio», con penas hasta de 30 años de cárcel.
«Las autoridades han negado de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se han negado a proporcionar información sobre su paradero a los familiares, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional», expuso HRW.
Uno de los casos mencionados en el documento es la detención de Sofía Sahagún Ortiz, una ciudadana hispano-venezolana, que fue apresada cuando iba a tomar un avión en Maiquetía y pasó semanas desaparecida. En diciembre se le permitió una llamada y dijo que estaba en una estación policial en Caracas bajo cargos de «financiamiento del terrorismo». En la actualidad permanece detenida en El Helicoide.
Otro testimonio citado en el informe es el de Estuardo Pérez Olmedo (seudónimo), un defensor comunitario de derechos humanos detenido en agosto. «Durante cuatro meses, fue trasladado a seis centros de detención distintos (…). Las fuerzas de seguridad lo presionaron para que acusara falsamente a figuras de la oposición de organizar las protestas». Fue liberado en diciembre, obligado a firmar un documento donde afirmaba que sus derechos no fueron vulnerados, pero el proceso penal en su contra continúa.
El informe advirtió que muchos liberados han sido forzados a guardar silencio: «Han sido obligadas a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o los procesos judiciales».
Más allá de las violaciones internas, HRW señala con preocupación la postura ambigua de algunos gobiernos extranjeros. «Algunas declaraciones y decisiones adoptadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos muestran indicios preocupantes de que estaría priorizando (la cooperación migratoria y liberación de presos estadounidenses) por encima de esfuerzos más amplios para promover los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela».
Finalmente, Human Rights Watch lanzó una advertencia directa a la comunidad internacional: «Los fracasos del pasado pueden provocar una parálisis futura: es decir, el abandono de las iniciativas para proteger los derechos en Venezuela y la normalización de las graves violaciones de derechos humanos, las elecciones injustas y la represión política por parte del gobierno de Maduro».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
