HRW repudia acoso del gobierno venezolano a ONG humanitarias
Human Rights Watch, HRW, repudió el acoso del gobierno venezolano a Organizaciones No Gubernamentales humanitarias y de derechos humanos. El director de HRW, José Manuel Vivancos, indicó que las autoridades de Nicolás Maduro realizaron una campaña sistemática contra esas organizaciones que incluye congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas
Human Rights Watch, HRW, repudió el acoso del gobierno venezolano a Organizaciones No Gubernamentales ONG humanitarias y de derechos humanos.
El director para las Américas de HRW, José Manuel Vivanco, sostuvo que el gobierno de Nicolás Maduro evidencia que le interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo. Rechazó el bloqueo del trabajo de las ONG en medio de una emergencia humanitaria compleja, mientras los niños venezolanos pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado.
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«Desde noviembre de 2020, las autoridades que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas«, subrayó Vivancos.
Asimismo, HRW denunció que las autoridades bancarias venezolanas están aplicando restricciones que limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Añadió que el gobierno no ha brindado los permisos necesarios para que personal internacional pueda ingresar en Venezuela a algunas de las principales organizaciones humanitarias.
HRW rechaza persecución
Dentro de las acciones del gobierno de Maduro contra las ONG, Human Rights Watch refirió que, el 24 de noviembre, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) allanaron la ex sede de Alimenta la Solidaridad en Caracas sin mostrar ninguna orden. Al día siguiente, requisaron la vivienda de los padres del fundador de la organización y preguntaron por su paradero.
HRW también condenó que, el 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de Convite, organización que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados del país.
«En 2019, una evaluación del Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada», subrayó HRW.
La organización añadió que el derecho internacional de los derechos humanos obliga a las autoridades venezolanas a respetar, promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales. Esto incluye el derecho a un estándar de vida adecuado, a la alimentación y al más alto nivel de salud posible.
