Inaesin pide regular actividad del sector delivery para garantizar sus derechos laborales
El Inaesin sugiere que los trabajadores del sector delivery deben buscar la forma de crear sindicatos u organizaciones que defiendan sus derechos
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) exigió a las autoridades nacionales que regulen la actividad del sector delivery en el país a fin de que se respeten sus derechos y reivindicaciones salariales y laborales, ya que quienes ejercen este oficio necesitan protección.
Tras una investigación realizada por el Inaesin, este organismo determinó que los trabajadores del sector delivery necesitan una ley especial que vigile los derechos de estas personas para así establecer condiciones mínimas de trabajo y de salubridad. Precisaron que es necesario revisar temas como tarifas, permisos, sindicalización, negociación colectiva, seguridad social, protección a la maternidad y paternidad, además de fijar obligaciones a los empleadores en caso de que sufran algún accidente.
Recalcó que las organizaciones sindicales deben actualizarse en las nuevas formas de empleo que hay en Venezuela, al igual que el uso de las nuevas tecnologías y plataformas digitales para que se puedan promover de forma eficiente los derechos de los trabajadores de este sector.
Para esta instancia, también es válida la creación o modernización de sindicatos o federaciones de trabajadores no dependientes, lo que garantizaría el crecimiento del sector.
De acuerdo con Cavecom-e, alrededor de 300 mil personas están incluidas en el sector delivery y es necesario que estas entiendan el rol protagónico en las nuevas relaciones laborales y la formación de organizaciones que defiendan sus intereses.
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Una semana después de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto al Instituto Postal Telegráfico (Ipostel), publicara una normativa que pretendía regular el servicio de delivery, se publica en Gaceta Oficial la derogación de la medida.
En la Gaceta Oficial N° 42.827, con fecha del martes 27 de febrero, figura la Providencia Administrativa N° CJ/002/2024, en la cual se ordena «dejar sin efecto» la Providencia Administrativa N° CJ/012/2023, referida a la regulación de la actividad de los servicios de entrega a domicilio.
De esta manera se hace oficial el anuncio hecho por la administración de Nicolás Maduro el pasado 29 de febrero, apenas 48 horas después de que se difundiera la regulación.
El revés que sufrió la providencia parece haber tenido relación con la ola de críticas que desató la medida, ya que creaba nuevos impuestos sin demasiada claridad jurídica, por lo que los vacíos de la norma podían traducirse en gravámenes elevados que dificultaran la actividad o incrementaran sustancialmente los precios.
Con información de Nota de prensa