Incapacidad del gobierno de garantizar servicios públicos promueve la desigualdad social
Muchos venezolanos han buscado la manera de suministrarse con sus propios recursos los servicios públicos, desde almacenar agua potable en unas cuantas botellas de plástico o en tanques, hasta gastar miles de dólares en una planta eléctrica. Cada quien hasta donde puede pagar
Es un cuarto para las cinco de la tarde del 22 de julio cuando las plantas eléctricas empiezan a funcionar. El zumbido lo notifica. La caída de la señal telefónica lo confirma. Otro apagón, el sexto en menos de cinco meses. Los privilegiados que cuentan con autogeneración de energía eléctrica están más tranquilos. Los que no, temen que se dañen los alimentos que guardan en la nevera. No se sabe hasta cuándo se prolongará la falla.
Los expertos acusan al gobierno de no hacer absolutamente nada para solventar la crisis, provocada por falta de mantenimiento, desprofesionalización y éxodo del personal calificado, deficiencias manifiestas de gerencia y de criterio técnico, corrupción administrativa, ineficiencia de inversiones y ausencia de planes actualizados y efectivos, según la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (Aviem).
Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro, los venezolanos han respondido a través de mecanismos privados a esa incapacidad de garantizar seguridad, electricidad, agua potable, gas, transporte, combustible y aseo urbano, suministrándose esos servicios con sus propios recursos, confirma Raúl David Córdoba, investigador del Monitor de Servicios Públicos, desarrollado por el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad.
Cuando se fue la luz, un edificio de Altamira, al este de la capital, se mantuvo encendido gracias a que cada familia pagó 2.500 dólares por una planta eléctrica que cubre la demanda de toda la residencia, incluyendo aires acondicionados y ascensores. Costó 50.000 dólares sin contar la instalación, que oscila entre 10.000 y 20.000 verdes.
“Primero uno compra lámparas de pilas o recargables y reservas de energía para celulares y computadoras, pero cuando el tema es más permanente comienza el debate de comprar plantas eléctricas. Esa decisión depende del presupuesto”, dijo Manuel Sifontes, un propietario. “En los edificios es más fácil porque se comparten los costos. Caracas se está llenando de plantas”, añadió
En el barrio José Félix Ribas, un sector popular ubicado en Petare, al este de Caracas, los bolsillos se ríen -o lloran- ante esos montos. Allí resuelven extrayendo gasoil de los vehículos para elaborar mecheros caseros. Los preparan con un frasco de vidrio de mayonesa y con un pedazo de tela.
“Volvimos a la prehistoria. Cuando no tenemos luz, ves a todas las casas alumbradas con los mecheros, porque ni dinero tenemos para comprar unas velas. Una planta eléctrica es incomprable”, dijo Rosiris Hernández, habitante del barrio.
Cuando ocurrió el último apagón general, el 22 de julio a las 4:45 pm, en José Félix Ribas ya llevaban once horas sin electricidad. Eran las 5:30 am cuando una falla eléctrica sorprendió a Hernández, quien se levantaba de la cama para ir a la fábrica donde trabaja, en la zona industrial Palo Verde. Ya es habitual que en la comunidad la luz se vaya al menos una hora en la madrugada.
Hernández caminó hasta la empresa, una facilidad que no tienen sus cuatro hermanos. Ninguno pudo llegar a sus puestos de trabajo en Guarenas, el centro de Caracas, La Urbina y Plaza Venezuela, respectivamente. Las pocas camioneticas que trabajaron cobraban 3.000 bolívares en efectivo y una carrera en mototaxi hasta La Previsora salía en 20.000 bolívares.
Raúl Córdoba advirtió que esta situación profundiza la desigualdad social, la cual no viene dada por las personas que tienen mayor poder adquisitivo, sino por las propias autoridades que no garantizan los servicios.
“Es evidente que se va a profundizar la desigualdad, pero no porque el que tenga poder adquisitivo lo quiera hacer, sino porque no existen las condiciones públicas para no tener que hacerlo”, indicó Córdoba
Especialistas sostienen que el colapso de los servicios llegó para quedarse. Sin embargo, recuerdan que las fallas no son nuevas, ni suceden desde las sanciones financieras y económicas impuestas por el gobierno de Donald Trump a partir de agosto de 2017.
En efecto, los reportes han revelado un notorio incremento de fallas sobre todo en los últimos años. Según el Comité de Afectados por Apagones, entre 2017 y 2018 el número de fallas totales, parciales, bajones y apagones aumentó de 18.221 a 46.566.
En mayo de 2018, el Monitor de Servicios Públicos de Cedice Libertad registró que en casi todo el territorio nacional se presentaban fallas eléctricas al menos tres veces en quince días.
Un año después, en mayo de 2019, señaló que, si se observara un mapa de Venezuela en tiempo real, muy probablemente se visualizaría a más de 40% del territorio sin suministro eléctrico. En el interior del país, se reportan casi siete cortes diarios de dos horas como mínimo.
Pozos contra la sequía
En el año 2019 el colapso del sistema eléctrico agudizó el problema del servicio de agua potable, pues sin luz no hay forma ni manera de que funcionen las bombas en los sistemas hidráulicos ni los motores de algunos tanques de edificios y casas.
Cedice Libertad asegura que solo dos de cada diez venezolanos poseen suministro de agua continuo. Los restantes ocho padecen cortes (programados o no) que afectan el desarrollo de su cotidianidad.
En marzo pasado, cuando el país estuvo sumido en el caos por los apagones generales, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, propuso hacer una gran cantidad de pozos de agua ubicados “estratégicamente” a lo largo de todo el municipio y que Hidrocapital permitiera incluir las tuberías de los pozos profundos en los tubos de la empresa estatal.
“El agua que llega a Chacao es un agua que viene del Tuy, para llegar tiene que recorrer cientos de kilómetros. Es un plan diseñado con expertos y respetando el medio ambiente, para que el municipio no dependa del agua de Hidrocapital cuando no hay sino simplemente de los pozos profundos”, dijo.
Sin embargo, desde hace un año ya se están abriendo pozos de agua en el municipio Chacao, no solo cerca de la iglesia de los Dominicos -para surtir al Colegio Santo Tomás de Aquino- y en la Clínica El Ávila, también en residencias. En julio de 2018, en un edificio ubicado en Campo Alegre los propietarios asumieron los gastos y contrataron a una empresa privada para ponerle fin a una agonía que estaban viviendo desde 2014. Salía mejor que solicitar una y otra vez un camión cisterna que no satisfacía ni un mes la demanda de todas las familias que habitan en el conjunto.
En contraste, en José Félix Ribas, los vecinos rompieron el tubo matriz de Hidrocapital que pasa por el sector, colocaron un ladrón de agua y unas tuberías para aproximar más a la comunidad el chorro donde llenan los tanques, tobos y potes de plástico. “Ahora nos queda un poquito más cerca y no tenemos que caminar tanto para agarrar agua. Sin embargo, llega cada 15 días, que es cuando cargamos los tobos”, relató Hernández.
Hace dos décadas, cuando la vecina se mudó al barrio en Petare, tenía agua todo el día y toda la noche. Después llegaba solo una vez a la semana hasta que desapareció. Lleva 10 años sin escuchar el sonido del agua por las tuberías de su casa.
Se “privatiza” lo público
Uno de los especialistas que sostienen que la crisis de los servicios “llegó para quedarse” es el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, quien durante el foro Perspectivas políticas, económicas y sociales para el segundo semestre de 2019, que organizó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, afirmó que la administración Maduro no tiene la capacidad de solucionar la crisis. “Venezuela no puede crecer sin divisas, y el gobierno no tiene dólares ni la capacidad de generarlos o de pedirlos prestado”.
Explicó que el Estado está sufriendo un reacomodo importante tanto en sus ingresos como en sus gastos, por lo cual empieza a verse una especie de privatización de lo público, es decir, que el sector privado se está proveyendo, por ejemplo, de su propio sistema de agua y de electricidad.
“Cada vez el Estado va abandonando lo que es la provisión de bienes públicos fundamentales, haciendo que sea el privado el que asuma esos roles con todos los costos que eso implica. Generalmente los bienes públicos son públicos porque el sector privado no tiene incentivo ni capital para poder llevarlos a cabo, entonces en este marco lo que estamos viendo es un sector privado que, por ejemplo, tiene que abastecerse de su propia energía eléctrica, de darle transporte a sus empleados y proveerse su propio sistema de agua”.
Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, coincidió con Oliveros al afirmar que ha habido una suerte de mala privatización de los servicios públicos, pues desde hace un buen tiempo el sector privado ha tenido que asumir el rol del Estado como prestador de servicio al adquirir equipos de autogeneración de energía, comprar cisternas para el agua e incrementar el personal de vigilancia.
En el sector comercio y de servicios, establecimientos como supermercados, farmacias, hoteles, restaurantes y centros comerciales son, en su mayoría, los que pueden seguir funcionando durante una falla eléctrica porque cuentan con plantas. Sin embargo, representan apenas 1% del total de comercios que hay en Venezuela. Según Consecomercio, 99% de los locales cierra apenas falla la electricidad. Pierden la venta del día y esperan hasta el siguiente, si es que se restituye el servicio.
Desde hace un año el gobierno ha admitido la necesidad de que los privados se suministren los servicios públicos. En abril de 2018, el gobernador del Zulia, Omar Prieto, emitió una norma que obligaba a los comercios usar plantas eléctricas para reducir el consumo en la región mientras estabilizaban el sistema. Prometió que en dos meses se estabilizaría el sistema.
Poco más de un año después, el 23 de julio, un día después del apagón general, 75% de los comercios en el estado Zulia no prestaron servicio porque el servicio aún no había sido restablecido. El restante 25% trabajó con autogeneración eléctrica y solo aceptaba transferencias y divisas en efectivo.
“En Venezuela hay grandes disparidades. Sencillamente el que no tiene para comprar una planta eléctrica tiene que atenerse al servicio público y a los problemas que esto implica. Mientras que todos aquellos que tienen una planta pueden paliar de una u otra manera la situación”, aseguró Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, quien indicó que el 23 de julio 30% de los comerciantes que operan en el país no abrieron sus puertas.
Cusanno y Capozzolo coincidieron en que llegó el momento de que el Estado se sincere y llame a un proceso de privatización de sus empresas de servicios públicos.
“Que se tenga que pagar lo que se tenga que pagar, pero que tengamos unos servicios de calidad que en definitiva creen una buena base para un mejor desarrollo de la sociedad y podamos vivir mejor”, añadió el presidente de Fedecámaras.
Hacia una privatización
Raúl David Córdoba advirtió que si los servicios públicos siguen deteriorándose y la desigualdad profundizándose, llegará un punto en el que se requerirá privatizar las empresas prestadoras, como ocurrió con Fomento de Servicios Públicos Compañía Anónima (Fospuca), empresa de aseo urbano conformada actualmente por 8 compañías privadas de saneamiento ambiental.
Fue fundada en alianza con el consorcio español Fopsa, e inició actividades en Caracas el 7 de agosto de 1980 tras suscribir contrato con el Instituto Metropolitano de Aseo Urbano (IMAU) para el retiro de los desechos sólidos en toda el Área Metropolitana, de acuerdo con la información ofrecida en su página web. El 16 de noviembre de 1981 sus operaciones se delimitaron solo al municipio Libertador en Caracas.
Fospuca fue nacionalizada a mediados de 2005, pero se hizo efectiva en 2006. Este año, la empresa se separó de la inversión española.
“El gobierno central comenzó a erogar un conjunto de dinero a la empresa, pero se empezaron a robar el dinero, se dañaron los camiones, no hacían mantenimiento, no daban herramientas y no pagaban buenos sueldos. Esto generó que el servicio se deteriorara y que las personas empezaran a pagar servicios privados de recolección de desechos, lo que al final hizo que Fospuca dejara de ser público en 2018. Ahora trabaja en función de los pagos que la gente realiza. Así ocurrirá con la mayoría de los servicios en la medida en que el Estado no responda de manera eficiente”, añadió el investigador.
