¿Indemnizar presos políticos?, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
Rodney Álvarez perdió los irrecuperables años de la infancia de sus hijos. Perdió el bien irreparable del tiempo tras las rejas, acusado de un crimen que no cometió. Gracias a las campañas nacionales e internacionales por su liberación, mucha gente conoce su caso: fue un chivo expiatorio del PSUV. Porque Álvarez es un trabajador que asistió a una asamblea convocada por el sindicato de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, escenario en el cual se iba a elegir una comisión electoral donde muy probablemente, según las circunstancias de entonces, el oficialismo no tenía perspectivas de éxito.
En medio de esa asamblea irrumpieron violentamente las bandas armadas del gobierno, lideradas por un miembro del PSUV y resultó muerto por herida de arma de fuego un trabajador. Para proteger al militante del PSUV, el gobierno inculpó a Álvarez. Por ende, no se investigó con imparcialidad ni objetividad, sino que durante años la fiscalía y los jueces le propusieron declararse responsable del delito para hacerse beneficiario de una medida de reducción de la pena.
Nunca Álvarez admitió los hechos. Siempre fue inocente. Al final, la fiscalía y los tribunales, por falta absoluta de pruebas, tuvieron que desistir. Absuelto después de 11 años de injusticia, Rodney Álvarez es una referencia indiscutible de la lucha por la libertad sindical.
Por otra parte, la familia de Rubén González teme que los cuerpos de seguridad vuelvan a encarcelarlo. Se trata del secretario general del sindicato de trabajadores de Ferrominera del Orinoco y por sindicalista ha sido arbitrariamente detenido y enjuiciado dos veces. ¿Su delito? Ninguno. Es un defensor de los derechos colectivos laborales en Guayana y Venezuela. Rompió con Chávez hace mucho tiempo, precisamente por mantenerse al lado de los intereses de sus compañeros.
*Lea también: La victoria de Petro y los retos de la nueva ola rosada en AL, por Fabricio Pereira
Así como lo persiguió el gobierno chavista, continúa haciéndolo Maduro, porque no existe en el sindicalismo amarillo gubernamental una persona con la estatura moral de Rubén González. Esa ausencia absoluta de liderazgos sindicales auténticos, combativos, respetados, preparados y experimentados, convierte a Rubén González en una suerte de amenaza –real o ficticia– para la Central Bolivariana de Trabajadores, organización oficialista cuyo único sostén real es el Ministerio del Trabajo.
Rubén González
Sin duda González es un referente para el movimiento sindical en Venezuela pues todas las organizaciones que luchan por los derechos y reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores del país, repudiaron por años sus encarcelamientos y hoy rechazan la persecución constante a la que está sometido.
Declarado preso de conciencia en su momento por Amnistía Internacional, Rubén González es la imagen viviente de la agresión que sufre la libertad sindical en Venezuela.
En su caso, una larga lista de militantes de partidos políticos de la oposición –sea de izquierda, centro o derecha–, activistas de derechos humanos, periodistas e incluso, militares de alto rango, han sido víctimas o actualmente sufren el rigor de los encarcelamientos arbitrarios y la criminalización de la protesta y de la disidencia. Familiares de estas personas detenidas protagonizan incesantemente acciones de presión ante la Defensoría del Pueblo, para intentar que se les otorgue un trato digno.
Las denuncias de tortura física y psicológica a las que se les somete, forman parte de la actividad permanente que realizan sus familiares y abogados, ya que para el gobierno pareciera no ser suficiente con detenerles, sino que, además, a través del aparato represivo del estado, practica el trato cruel e inhumano.
Como si el pensamiento diferente fuese una trasgresión a la ley, la gran mayoría de las víctimas de detenciones arbitrarias han ejercido su derecho a oponerse a las políticas del gobierno. Delitos con penas muy graves, carentes de medidas sustitutivas de la detención, como terrorismo, conspiración, odio y asociación para delinquir, suelen ser el lugar común de las imputaciones para reprimir la protesta social y aplastar la disidencia política.
Sin orden judicial, ni pruebas, con simples presunciones y sospechas, los cuerpos de seguridad del estado detienen a cualquiera que alce la voz en Venezuela. La fiscalía y los tribunales hacen el resto.
Pueden ser unas horas, pero regularmente se trata de años sin ver la luz, en situación de aislamiento del mundo hasta entonces conocido. Aunque la defensa de derechos y el activismo político comporta, en general, un importante nivel de conocimiento de las causas por las que se lucha y a veces, una cierta experiencia, psicológicamente no se está preparado para una detención arbitraria. Menos cuando se trata de largos o interminables períodos sin ningún tipo de explicación coherente, viviendo en inhumanas condiciones, sometida o sometido a evidentes dilaciones procesales.
Además, la gente debe transitar el camino de ser víctima de la acusación por delitos comunes o del enjuiciamiento militar. Lo que trae, a su vez, determinadas consecuencias en cuanto al sitio de reclusión, pues está el encarcelamiento con presos comunes en el «Rodeo», «Tocorón», etcétera, o las mazmorras de la «tumba», «ramo verde» y el «helicoide».
El deterioro de la salud es la primera secuela de estos procesos, seguido de la ruina económica y familiar, en un país ya bastante devastado por mil pestes. No obstante, un debate cobra importancia en la medida que se acercan nuevas contiendas electorales: la indemnización a las víctimas de los cuerpos de seguridad del estado, a las víctimas de la administración de justicia.
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Colombia, son vecinos de Venezuela que conocen la experiencia del resarcimiento por parte del estado en casos de violencia institucional. Cruzando el Atlántico, España usa las palabras paz, perdón, justicia, cuando recuerda al franquismo. Son términos incluidos en los pactos y tratados que intentan poner puntos finales al baño de sangre que implica la violencia política.
Las víctimas de la represión siempre pueden accionar contra los gobiernos, entre otros motivos porque los delitos de lesa humana son imprescriptibles. Cuando las víctimas se articulan en ese sentido, el sistema internacional de protección de derechos es capaz de lograr indemnizaciones muy poderosas.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
